Acceso a la relación de asesores eventuales del Gabinete de la Ministra y del Secretario de Estado

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 201/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 6 de febrero de 2019, la siguiente información: - La relación de personas que ocupan o han ocupado un puesto de asesor con carácter eventual, no funcionarios, y desempeñaron o desempeñan esta función de asesoramiento o asistencia, desde el comienzo de la Legislatura de Pedro Sánchez (junio 2018). - Distinguiendo entre los Gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado de todos los Ministerios de la Legislatura indicada (incluyendo el área de Presidencia del Gobierno), identificando el servicio encomendado, en qué fecha comenzó y terminó (en el hipotético S/REF: 001-032638 N/REF: R/0201/2019; 100-002313 Fecha : 19 de junio de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Educación y Formación Profesional Información solicitada: Asesores del Gabinete de la Ministra y del Secretario de Estado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones caso), las retribuciones brutas anuales por este concepto, además de los nombres y apellidos de dichos asesores eventuales. - Si es posible, mándenme la información de la petición en un formato accesible y reutilizable (XLSX, CSV, TXT). En el caso de que no estuviera en este tipo de formato, les pido que me hagan llegar lo solicitado en el formato que lo tengan. No consta respuesta de la Administración. 2. Con fecha 15 de febrero se le comunicó a la solicitante el comienzo de la tramitación de su solicitud indicándole que a partir de esa fecha comenzaba el cómputo del plazo de un mes para contestar la solicitud, entendiendo que la misma ha sido desestimada si, transcurrido ese plazo, no se hubiera dictado y notificado resolución expresa. 3. Con fecha 26 de febrero, se le comunicó a la interesada que por considerar que la información solicitada puede afectar a derechos o intereses de terceros, en virtud del artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se procede a realizar el trámite de alegaciones a con las personas terceras afectadas, a las que se ha concedido un plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. Dicho trámite suspende el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 4. Mediante escrito de entrada el 22 de marzo de 2019, la reclamante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Silencio administrativo por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional ante la petición de información para conocer el número de asesores eventuales, no funcionarios, del Gobierno de Pedro Sánchez, indicando el servicio desempeñado, durante cuánto tiempo estuvieron, las retribuciones brutas anuales que recibieron por este concepto, además de los nombres y apellidos de dichos asesores. Ante ello, el 27 de febrero notificaron a través del Portal de Transparencia la existencia de terceros afectados, lo que conlleva una ampliación del plazo de 15 días más para dar respuesta a la petición. Una vez transcurrido el tiempo indicado, y días ocho más, no he recibido respuesta alguna. 3. Con fecha 26 de marzo de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente, al objeto de que por dicho Departamento se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada el 29 de marzo de 2019, el mencionado Departamento realizó las siguientes alegaciones: Al considerarse que la información solicitada podría afectar a derechos de terceros, el 26 de febrero de 2019 se notificó a la solicitante la apertura del trámite de alegaciones previsto en el artículo 19.3 de la Ley de Transparencia, significándole que el plazo para resolver quedaría suspendido hasta recibirse las alegaciones o, en caso contrario, hasta que transcurriera el plazo estipulado para ello. Se considera que el cómputo de plazos realizado por la interesada no es correcto, y que en el momento de presentación de la reclamación no había transcurrido el plazo de resolución legalmente establecido. En aplicación del artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para notificar la resolución hubiera finalizado, en principio, el 15 de marzo de 2019. No obstante, en el presente caso, la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, por lo que debía concederse el plazo de quince días para realizar alegaciones en un plazo de 15 días, a que se refiere el artículo 19.3 de la Ley de Transparencia. Esta circunstancia fue notificada a la interesada, con fecha 26 de febrero de 2019, con la indicación de que dicho trámite suspendía el plazo para dictar resolución hasta que se hubieran recibido las alegaciones o hubiera transcurrido el plazo para su presentación. Además, hay que tener en cuenta que esos 15 días para alegaciones deben entenderse como días hábiles, de acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, que empezarían a contarse desde que los terceros afectados hubieran recibido fehacientemente la notificación del trámite de audiencia. En este procedimiento hay tres terceros afectados. Para dos de ellos, ya ha finalizado el plazo de audiencia sin que hayan presentado alegaciones. Pero el recibí de la notificación del tercer interesado está firmado el 19 de marzo de 2019, por lo que el plazo de alegaciones finalizará el próximo 9 de abril de 2019. Llegada esa fecha, o una fecha anterior si las alegaciones se reciben antes, todavía tendrá que transcurrir el resto del plazo inicial de un mes. Dicho plazo quedó interrumpido el 26 de febrero de 2019, cuando quedaban 17 días naturales hasta el 15 de marzo, que habrá que computar a partir del 9 de abril. Por tanto, el plazo de resolución podría llegar hasta el 26 de abril de 2019. Parece que la interesada, en su escrito de reclamación, ha computado los 15 días del trámite de audiencia como días naturales, no hábiles, empezando a contarlos desde la notificación de la apertura del trámite, no de la efectiva notificación a los interesados, y además no ha tenido en cuenta que debía transcurrir después el resto del plazo inicial suspendido. Por todo lo expuesto, se considera que, en el momento en que se interpuso la reclamación de referencia, no había finalizado el plazo de resolución previsto en el artículo 20.1, en relación con el 19.3, de la Ley de Transparencia, por lo que procedería la desestimación de la reclamación, sin perjuicio de que continúe la tramitación de la solicitud de información hasta su resolución dentro del plazo legalmente establecido. 4. Posteriormente, con fecha 10 de junio de 2019, el Ministerio remitió al Consejo de Transparencia la siguiente información: “La resolución de la solicitud sobre la que se interpuso la citada reclamación, se remitió en plazo a la interesada (una vez realizado el trámite de alegaciones), a través del Portal de Transparencia el 15/04/2019. Ese mismo día la solicitante compareció a la resolución en la sede electrónica.” A esta información acompañaba los siguientes documentos: Trámite de alegaciones referido a la solicitud de acceso a la información pública número 001-032638. Resolución de 10 de abril de 2019, por la que el Ministerio, tras reconocer que “Transcurrido el plazo para considerar notificado el trámite a los terceros afectados y para recibir alegaciones, ninguno de los citados afectados ha manifestado su oposición a que se conceda el acceso a sus datos”, acordaba que “debe prevalecer el interés público en la divulgación de la información que seguidamente se detalla, resolviendo conceder el acceso a la misma, la cual se recoge en un anexo que se acompañan a esta resolución: Anexo I. Relación de personal no funcionario que ha ocupado un puesto de asesor/asesora en el Ministerio de Educación y Formación Profesional en 2018. Dichas relaciones tienen los siguientes campos: Gabinete, denominación del puesto, apellidos y nombre, fecha de nombramiento, fecha de cese, servicio encomendado y retribuciones íntegras anuales percibidas.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Primeramente, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información y para presentar una reclamación posterior. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la Administración sí contestó a la reclamante dentro del plazo de un mes que establece la Ley, dado que recibió la solicitud de acceso el 6 de febrero y contestó el 27 de febrero de 2019, informando a la reclamante que había terceros afectados con la indicación de que dicho trámite suspendía el plazo para dictar resolución hasta que se hubieran recibido las alegaciones o hubiera transcurrido el plazo para su presentación. No obstante lo anterior, la reclamación ha sido presentada el día 22 de marzo de 2019, dado que, en ese momento, la solicitante no tenía aun conocimiento cabal y oportuno del estado de tramitación de su solicitud. Tiene razón la Administración en el computo que realiza de los días, que deben reputarse hábiles, no naturales, pero también debe tenerse presente que la reclamante desconoce los plazos internos en los que se va a desarrollar el trámite de audiencia a terceros realizado por la Administración. Por esta razón, no puede desestimarse la reclamación presentada. En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala que En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Aunque es cierto que no están aun desarrollados reglamentariamente los preceptos de la LTAIBG relativos a la tramitación del ejercicio del derecho de acceso a la información, especialmente cuando surge la obligación de escuchar a terceros afectados, sí puede acudirse a la normativa vigente y a los principios de celeridad y transparencia para determinar que sería conveniente comunicar al solicitante la finalización razonablemente previsible del plazo para realizar ese trámite. De esta manera, se evitarían actuaciones extemporáneas de los interesados y la apertura de nuevos procedimientos de reclamación. Esta orientación se ajusta al espíritu de la LTAIBG, contenido en su Preámbulo, el cual configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Asimismo, dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios. Así, por un lado, en la medida en que la información afecte directamente a la organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, mientras que, por otro, se protegen –como no puede ser de otra manera– los datos que la normativa califica como especialmente protegidos, para cuyo acceso se requerirá, con carácter general, el consentimiento de su titular. Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación.(…) También debe indicarse que, efectuado el preceptivo trámite de audiencia a terceros que marca la LTAIBG y transcurrido ese plazo sin recibirse alegaciones, la Administración debe dar por finalizado el mismo, con impulso del procedimiento. En este sentido, debe citarse el principio “pro actione”, que obliga a interpretar las normas procesales no sólo de manera razonable y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es, con interdicción de aquellas decisiones que por su rigorismo, formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas en la apreciación del equilibrio entre los fines que se pretende preservar y la consecuencia del cierre del proceso. 4. Sentado lo anterior, hay que comprobar si la información entregada por la Administración es la efectivamente solicitada por la reclamante. Lo solicitado es la relación de personas que ocupan o han ocupado un puesto de asesor con carácter eventual desde el comienzo de la Legislatura de Pedro Sánchez, distinguiendo entre los Gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado. Lo entregado da completa respuesta a dicha solicitud, puesto que identifica a los asesores eventuales que han formado parte del Gabinete de la Ministra y del Secretario de Estado desde junio de 2108, comienzo de la Legislatura del Presidente del Gobierno mencionado en la solicitud de información. Igualmente, hay que destacar que la reclamante ha tenido conocimiento de la información que le ha sido suministrada y no ha expresado ningún reparo al contenido ni a la cantidad de información recibida. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la Administración ha entregado la información una vez presentada la reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por , con entrada el 22 de marzo de 2019, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda