Solicitud de información sobre la comunicación interna de un informe de irregularidades en proyectos Erasmus+ al Consejo Rector del SEPIE

Con$ ~10 de lr.1n$parcnc•a .,. L--------' Buen Gobterno Resolución 195/2019 S/REF: 001-031976 N/REF:R/0195/2019;100-002301 Fecha: 12 de junio de 2019 Direcci Administración/Organis mo: Ministerio de Cienci a, Innovación y Universidades /SE PIE Información solicitada: Informe anticipo de prefinanciación programa Erasmus+ l. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solici tó al SE RVICIO P ARA LA INTERNALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN (SEPIE) adscrito al MINIS TERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVE RSIDADES, al amparo de la Ley 19/2013. de 9 de diciembre. de transparencia, acceso a la información pública y buen gobiernol(en adelante LTAI BG), con fecha 10 de enero de 2019, la siguiente información: Se desea conocer si el Consejo Rector del Servicio Español para la lnternacionalización de la Educación (en adelante SE PIE} ha sido informado por el Director o el Presidente del SE PIE, del contenido del informe de fecha 14/08/2018, elaborado al Director/a del SEPIE y a la Directora de la Unidad de Coordinación organismo autónomo, relativo a irregularidades halladas en los proyectos 2016-1- ES01- KA203-025000, 2016-1 -ES01-KA203-024921, 2016-1-ES01-KA203-025001, 2016-1- ES01- https://www .boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirecdón General de Redamaciones Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones KA203-024997, 2016-1-ES01-KA203-025164, 2016-1-ES01-KA203-025646, 2016-1-ES01- KA203-025432, 2016-1-ES01-KA203-025594, 2016-1-ES01-KA203-025731, con ocasión de su revisión tras la propuesta de pago del segundo anticipo de prefinanciación realizada por la unidad de Educación Superior a los titulares de estos proyectos en el marco de la convocatoria de propuestas del programa Erasmus+ de 2016, en el que se puso de manifiesto que el procedimiento seguido en la unidad de Educación Superior conducía a un sistemático incumplimiento de los plazos establecidos en los convenios de subvención, registro de fechas en la aplicación de Epluslink que no se ajustaban a la realidad, un gran número de errores de hecho, aritméticos y de determinación del régimen jurídico aplicable de determinados actos administrativos, la ausencia de registros de excepción, exigidos por la Guía de Agencias Nacionales de cada convocatoria anual de programa Erasmus+, en los que se justifiquen las causas de la vulneración continua de los plazos y de las medidas adoptadas para la corrección de los incumplimientos, así como de haberse detectado en 9 de los 10 casos analizados que procedía el abono, de oficio, de intereses de demora a los interesados sin que se hubiera propuesto en ninguno de los casos el inicio de las actuaciones para su abono, habiéndose cuantificado a 14/08/2018 en alrededor de 9.000€. No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito de entrada el 21 de marzo de 2019, el solicitante presentó al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: El 10/01/2019 presenté una solicitud de información a través del Portal de la Transparencia, indicando que deseaba ser notificado a través de correo postal, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta a la misma. 3. Con fecha 22 de marzo de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, a través de su Unidad de Información de Transparencia, al objeto de que pudiera realizar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 25 de marzo de 2019, tuvo entrada el escrito de alegaciones y en el mismo se indicaba lo siguiente: 2º. La solicitud se recibió en el SEPIE el 17.01.19, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución. Subdirección General de Reclamaciones 3º El derecho de acceso a la información pública queda reconocido por el artículo 12 de la Ley de Transparencia, el cual señala que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”. Por su parte, el artículo 13 establece que “se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 4º Analizada su solicitud, se comprueba que la misma se refiere a una consulta sobre actuaciones de procesos internos de este Organismo. La Ley de Transparencia no es el mecanismo adecuado para dar respuesta a este tipo de preguntas que tienen que ver con comunicación interna del funcionamiento de la propia Administración. 5º En consecuencia, este Organismo resuelve denegar la solicitud registrada con el número de expediente 001-031976 por no ajustarse a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. 4. A la vista de las alegaciones formuladas, en aplicación del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y al objeto de que el reclamante pudiera presentar las alegaciones que considerase oportunas, en el plazo de 10 días hábiles, se procedió a la apertura del trámite de audiencia con fecha 27 de marzo de 2019. Mediante escrito de entrada 3 de abril de 2019 el reclamante manifestó lo siguiente: Primera. Reformulada la cuestión en términos de transparencia, lo que se solicita es conocer si existe o no el documento, en cualquier forma o soporte que permita su constancia, por el que se remite al Consejo Rector del SEPIE el susodicho informe para que éste pueda ejercer las competencias arriba citadas. Segunda. (…)el reclamante alega, que lo que el SEPIE denomina procesos internos de ese organismo…, no es más que un procedimiento administrativo cuya definición se indica en el Preámbulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el siguiente tenor: Conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración, siendo el procedimiento administrativo un instrumento preventivo para la protección de la esfera jurídica de los 1 \.. i ==-' 1 • ..., 1 Con; ~IO dQ 11'".'11'1~ ¡>31'CitCttl r Su~n Gob1efno derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas, y que ésta última con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. Por otro lado, el SE PIE no apunta cuál es, a su juicio, el mecanismo adecuado para que los ciudadanos conozcan el funcionamiento de la propia Administración, y puesto que la propia Constitución establece en el artículo 9.3 la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como la publicidad de las normas, y entendiendo que este proceso de comunicación interna del funcionamiento de la propia Administración no está sujeto a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, por no indicarlo así este Organismo, el recurrente infiere que el SEPIE está actuando arbitraria y falazmente al argumentar lo antedicho. Tercera. ( .. .} En primer lugar, se deniega el acceso a la información solicitada con el fundamento de que lo solicitado no tiene el carácter de información pública, cuando no es cierto, en este sentido me remito a la alegación primera de este documento. En segundo lugar, los límites al derecho de acceso se fijan en el artículo 14, y los que conllevan las causas de inadmisión de las solicitudes en el18, ambos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que el fundamento legal declarado no es causa suficiente para desestimar el acceso a conocer si se participó o no al Consejo Rector del SEPIE, de alguna forma que permita su constancia, del contenido de dicho informe. 11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBGi, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014. de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno~ , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. https://www .boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 &p=20181206&tn=1 #a24 Página4 de 8 Subdirecdón General de Redamaciones 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, este Consejo de Transparencia debe hacer una serie de consideraciones de carácter formal relativa al plazo en que debe resolverse una solicitud de acceso a la información pública. Según dispone el apartado 1 del art. 20 de la LTAIBG La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el presente caso, la solicitud de acceso tuvo entrada en el órgano competente para resolver el 17 de enero de 2019, y la Administración dictó resolución sobre el derecho de acceso con fecha 31 de enero de 2019 (firmada el 4 de febrero siguiente), por lo que, en principio dentro del plazo establecido para ello. Si bien, el citado artículo 20.1 de LTAIBG dispone que dentro del plazo del mes ha de notificarse al solicitante, lo que no ha ocurrido en el presente caso, en el que conforme al justificante que aporta la propia Administración se produjo el 25 de marzo de 2019, ya vencido el plazo. En este sentido, se recuerda que, según lo indicado en el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en numerosos casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o más recientemente R/0628/2018 y R/017/19 ) sobre la demora en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Entrando en el fondo del asunto y en atención a los hechos recogidos en los antecedentes, debe concretarse que el objeto de la presente reclamación versa sobre conocer si el Consejo Rector (…) ha sido informado (…) del contenido del informe de fecha 14/08/2018, elaborado por , (…) relativo a irregularidades halladas en los proyectos (…) con ocasión de su revisión tras la propuesta de pago del segundo anticipo de prefinanciación realizada por la unidad de Educación Superior a los titulares de estos proyectos. Asimismo, cabe recordar que la Administración denegó la información solicitada al considerar que no se ajusta a lo establecido en el artículo 13 de la LTAIBG, argumentando que se trata de una consulta sobre actuaciones de procesos internos de este Organismo, y que la Ley de Transparencia no es el mecanismo adecuado para dar respuesta a este tipo de preguntas que tienen que ver con comunicación interna del funcionamiento de la propia Administración. Al hilo de lo manifestado, cabe indicar que el objetivo de la LTAIBG es someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/01.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/03.html instituciones. En este sentido, el Preámbulo de la LTAIBG, señala que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De este modo, el objeto que persigue la LTAIBG no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad”, ex artículo 1 de la LTAIBG. A nuestro criterio, la referencia que realiza el art. 13 de la LTAIBG al ejercicio de las funciones del organismo sujeto a la LTAIBG en el que debe enmarcarse la información que puede ser solicitada debe entenderse en sentido amplio. Sin embargo, y dadas las circunstancias del presente caso expuestas en los antecedentes de hecho, la cuestión solicitada no puede considerarse incardinada dentro de la finalidad perseguida por la LTAIBG, ya que se trata de conocer si un determinado organismo del SEPIE ha sido informado por el Director o Presidente del mismo SEPIE del resultado de un informe, algo que forma parte del proceder o de la manera en cómo se relacionan los diferentes departamentos o responsables dentro de la misma organización y que, como indica la Administración, guarda relación con la comunicación y el funcionamiento interno. 5. En este punto destaca que el propio reclamante manifiesta que él realizó el informe de 14/08/2018, cuando ocupaba el puesto en el SEPIE, que era, según manifiesta, relativo a irregularidades halladas en los proyectos, (…) que puso de manifiesto un sistemático incumplimiento de los plazos establecidos en los convenios de subvención, registro de fechas (…) errores de hecho, aritméticos (…) y detectado en 9 de los 10 casos analizados que procedía el abono, de oficio, de intereses de demora a los interesados sin que se hubiera propuesto, manifestaciones que, a juicio de este Consejo de Transparencia evidencia algún tipo de conflicto entre el solicitante y el SEPIE. El análisis o valoración de dichas circunstancias no se encuentra dentro de la finalidad perseguida por la LTAIBG, que es controlar la actuación pública y conocer el proceso de toma de decisiones como medio para facilitar la rendición de cuentas de los organismos públicos frente a los ciudadanos. Por lo tanto, en base a los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente resolución, la reclamación debe ser desestimada. 1 \.. i ==-' 1 • ..., 1 111. RESOLUCIÓN Con;~IO dQ 11'".'11'1~¡>31'CitCttl r Su~n Gob1efno En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por contra el SERVICIO PARA LA INTERN,..,L,L..,_,,._, CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. con entrada el 21 de marzo de 2019, N DE LA EDUCACIÓN {SEPIE) adscrito al MINISTERIO DE De acuerdo con el artículo 23. número 1. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamaci ón prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 e) de la Ley 29/1998. de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R. D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda https:l/www boe es/buscar/actphp?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a23 https:l/www.boe.es/buscar/actphp?id=BOE-A-20 15-1 0565&tn=1 &p=20181206#a 112 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Redamaciones