Acceso a expedientes de abastecimiento de agua y vertidos de la urbanización Balcón del Tajo Oeste

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 190/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA), , al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 10 de enero de 2019, la siguiente información: -Copia de la autorización otorgada el 7 de mayo de 1981 a la mercantil VALDETAJO, S.A.(expte 165.682/08) así como de las comunicaciones relacionadas con esta autorización dirigidas a la Junta de Compensación "Balcón del Tajo Oeste" o que hayan sido presentadas por ésta. -Copia del expediente del recurso de reposición interpuesto por los representantes de la Junta de Compensación "Balcón del Tajo Oeste" contra la Resolución de esa Confederación de fecha 12 de enero de 2009, ya solicitado en dos escritos anteriores. S/REF: N/REF: R/0190/2019; 100-002311 Fecha: 12 de junio de 2019 Dirección: Administración/Organismo: C onfederación Hidrográfica del Tajo/Ministerio para la Transición Ecológica Información solicitada: Expediente abastecimiento agua urbanización “Balcón del Tajo Oeste” Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones -Copia de la autorización/es otorgadas a la Junta de Compensación "Balcón del Tajo Oeste" para la realización de vertidos domiciliarios. Cuantías abonadas en concepto de canon, fechas en que se hicieron efectivas las liquidaciones y método de pago utilizado. Les comunico que, contradiciendo el contenido de su escrito de mayo de 2018, en la Asamblea celebrada el pasado 16 de diciembre de 2018, a la que asistieron los tres Presidentes que ha tenido la Junta de Compensación desde su constitución, el actual Presidente afirmó desconocer que se hubiera presentado recurso alguno contra la resolución de 12 de enero de 2009, por lo que solicito que, en todo caso, se identifique a la persona que en representación de la Junta de Compensación interpuso el recurso y fecha de interposición. No consta respuesta de la Confederación Hidrográfica. 2. Ante esta la falta de contestación, la reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 20 de marzo de 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: (…) El 18 de junio de 2018 (RE 2018/ 662895) solicité copia del expediente del recurso de reposición interpuesto por la Junta de Compensación "Balcón del Tajo Oeste" contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 12 de enero de 2009. Ante la falta de contestación reiteré el escrito con fecha 6 de septiembre de 2018, solicitando además información adicional y pidiendo nuevamente copia del expediente. A este escrito último la Confederación contestó con fecha 21 de septiembre sin aclarar la información solicitada y sin adjuntar copia del expediente. Ante esta falta de información, el 8 de enero de 2019 solicité de nuevo, al amparo de la Ley 19/2013, copia del recurso citado y copia de otra documentación e información, sin que se haya recibido respuesta hasta la fecha. En consecuencia, rogamos su intervención al objeto de obtener, preferiblemente en formato electrónico, la documentación que integra el expediente que obra en poder de la citada Confederación relativo al abastecimiento de agua domiciliaria a la urbanización "Balcón del Tajo Oeste" así como la respuesta a las preguntas formuladas. (…) 3. Con fecha 22 de marzo de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas, que compareció el mismo día 22, dándose por notificado el requerimiento. No obstante lo anterior, ante la falta de respuesta por parte del citado Ministerio, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reiteró el mencionado requerimiento con fecha 30 de abril de 2019, sin que hasta la fecha conste la presentación de las alegaciones solicitadas. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, debe comenzarse realizando una serie de consideraciones formales relativas al plazo en el que una solicitud de acceso a la información debe ser respondida. Según dispone el apartado 1 del art. 20 de la LTAIBG La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se indica el establecimiento de un proced imiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, al objeto de facilitar el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o más recientes R/0234/2018 y R/0543/2018 ) sobre esta dilación en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. En el caso que nos ocupa, consta en el expediente que la Confederación Hidrográfica a la que se dirigía la solicitud no sólo no ha dictado Resolución sobre el derecho de acceso ni en plazo, ni en vía de reclamación, sino que tampoco ha respondido a la solicitud de alegaciones https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/07.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/11.html realizada por este Consejo de Transparencia, al objeto de contar con todos los elementos de juicio necesarios para poder atender las cuestiones planteadas por la reclamante. A este respecto, y tal y como hemos indicado en varios expedientes- por todos, el R/0534/2018-, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno viene detectando cómo la ausencia de respuesta a esta solicitud de alegaciones se está convirtiendo en una práctica no infrecuente en determinados Organismos y Departamentos Ministeriales, circunstancia que no cumple, a nuestro juicio con la consideración de ejes fundamentales de toda acción política de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno tal y como predica el Preámbulo de la LTAIBG. En este sentido, la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública, interpretado por los Tribunales de Justicia como de amplio alcance y límites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nº 75/2017, "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información- se ve mermada por una inadecuada tramitación y respuesta de las solicitudes de información que presentan los ciudadanos, aunque si bien, es cierto, que en una fase previa a la solicitud de acceso al amparo de la LTAIBG la Confederación Hidrográfica del Tajo sí ha contestado a varias solicitudes de información. 5. Respecto al fondo del asunto, hay que señalar previamente que, como manifiesta la interesada en su reclamación ante este Consejo de Transparencia y consta en expediente, la misma se ha dirigido en varias ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Tajo antes de relazar una solicitud de acceso a la información al amparo de la LTAIBG: - Con fecha 18 de junio de 2018 solicita copia del expediente del recurso de reposición interpuesto por la Junta de compensación “Balcón del Tajo Oeste” contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 12 de enero de 2009, a lo que la contestó la Confederación adjuntándole copia de la Resolución por la que se resolvía el mencionado recurso de reposición y se le informaba que no se había recurrido a la jurisdicción contencioso-administrativa. - En el escrito de la interesada de 6 de septiembre de 2018, se manifiesta que la Confederación le ha contestado mediante escrito de 21 de diciembre de 2017, que “no obra en nuestros archivos expediente alguno de otorgamiento de concesión inscrito a favor de la empresa Urbatajo, S.L., Balcón del Tajo Oeste ni Ayuntamiento de Colmenar de Oreja con destino abastecimiento de la citada urbanización”. Informándole, además, mediante oficio de 21 de septiembre de 2018, que la mencionada concesión podría estar inscrita en el registro de minas. Teniendo en cuenta lo anterior, respecto a la solicitud presentada al amparo de la LTAIBG, el 10 de enero de 2019, considera este Consejo de Transparencia que la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha contestado y facilitado la información correspondiente a los dos primeros puntos, faltando el tercero “Copia de la autorización/es otorgadas a la Junta de Compensación "Balcón del Tajo Oeste" para la realización de vertidos domiciliarios. Cuantías abonadas en concepto de canon, fechas en que se hicieron efectivas las liquidaciones y método de pago utilizado” A este respecto, debe de nuevo recordarse que la LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, y su objetivo es someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. En este sentido, el Preámbulo de la LTAIBG, señala que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De igual manera, deben recordarse determinados pronunciamientos judiciales sobre este derecho de acceso, entre los que destacan por ejemplo, la Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 y que se pronuncia en los siguientes términos: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los https://www.consejodetransparencia es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2016/16 particular 7 tributos.html ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." A nuestro criterio, la referencia que realiza el art. 13 de la LTAIBG al ejercicio de las funciones del organismo sujeto a la LTAIBG en el que debe enmarcarse la información que puede ser solicitada debe entenderse en sentido amplio. 6. Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno conocer la información solicitada sobre la realización de vertidos domiciliarios es una información que sí debe considerarse incardinada dentro de la finalidad perseguida por la LTAIBG, ya que permite conocer bajo qué criterios actúan nuestras instituciones y cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, siendo información de carácter público, al obrar en poder de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la norma y haber sido elaborada u obtenida en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, cabe recordar que el acceso a información considerada pública sólo podría denegarse si resultasen de aplicación, después de efectuar una correcta ponderación, alguno de los límites del artículo 14 o 15 de la LTAIBG o alguna causa de inadmisión de su artículo 18, de acuerdo a la interpretación de los mismos realizada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y los Tribunales de Justicia. Límites cuya aplicación no ha sido alegada por la Administración ni este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ve posible en el caso que nos ocupa. Por todo ello, procede estimar parcialmente la Reclamación presentada, en relación con este punto tercero de la solicitud de acceso a la información pública. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la Reclamación presentada por con entrada el 20 de marzo de 2019, contra la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA). SEGUNDO: INSTAR a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA), a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información: - “Copia de la autorización/es otorgadas a la Junta de Compensación "Balcón del Tajo Oeste" para la realización de vertidos domiciliarios. Cuantías abonadas en concepto de canon, fechas en que se hicieron efectivas las liquidaciones y método de pago utilizado”. TERCERO: INSTAR a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA), a que, en el mismo plazo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda