Acceso a expediente de concurso-oposición del año 2014 y nombres de candidatos

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 182/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE FOMENTO, a través del Portal de la Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fechas 21 de noviembre de 2018 y 16 de enero de 2019, la siguiente documentación: PRIMERO.- El presente participó en la convocatoria de concurso-oposición de 22 de octubre de 2014 publicada, en el Boletín Oficial de Cantabria n'- 213, de 5 de noviembre de 2014, para una plaza de Responsable de Oficina de Secretaria General para la Autoridad Portuaria de Santander. SEGUNDO.- Con fecha 21 de noviembre de 2018 solicitó acceso y una copia completa del expediente administrativo de la citada plaza, incluido los informes y Actas de Tribunal, de conformidad con La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en su caso, los artículos 13, 17 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de S/REF: 001-032384 N/REF: R/0182/2019; 100-002282 Fecha: 12 de junio de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Autoridad Portuaria de Santander/Ministerio de Fomento Información solicitada: Acceso a expediente de concurso-oposición del año 2014 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones octubre, sin que a fecha actual se le haya notificado nada al respecto, habiendo transcurrido casi dos meses desde entonces. Se adjunta el escrito presentado como documento nº 1. TERCERO.- En base a lo expuesto, se está creando una indefensión manifiesta a esta parte, así como se está vulnerando la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en concreto del artículo 20. En base a lo expuesto, SOLICITO Al MINISTERIO DE FOMENTO, y a su organismo público adscrito PUERTOS DEL ESTADO, que proceda a instar formalmente a la Autoridad Portuaria de Santander a que me facilite de forma inmediata, en tanto que ya se ha SUPERADO EL PLAZO DE UN MES previsto por 14 Ley de Trasparencia, una copra del expediente completo de la convocatoria de concurso-oposición de 22 de octubre de 2014 publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 213, de 5 de noviembre de 2014, para una plaza de Responsable de Oficina de Secretaria General. 2. Mediante resolución de fecha 8 de febrero de 2019, notificada el 20 de febrero, la AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER, del MINISTERIO DE FOMENTO, contestó al reclamante en los siguientes términos: El reclamante ha solicitado, en su condición de interesado en el expediente del proceso de selección mediante concurso-oposición de una plaza de responsable de oficina de Secretaría General, publicado en el B.O.E nº 132, de 5 de julio de 2018, copia íntegra del expediente, en diversas ocasiones, peticiones que han sido atendidas por la Autoridad Portuaria de Santander por las siguientes resoluciones: oResolución de 9 de noviembre de 2018, (R.S. 2018/1696 ) notificada el 16 de noviembre de 2018 y que se incluía los documentos existentes en el expediente a la fecha de resolución (números 1 a 65) oResolución de 30 de noviembre de 2018, (R.S. 2018/1767) notificada el 14 de diciembre de 2018 y que se incluía los documentos existentes en el expediente a la fecha de resolución (números 66 a 95) oResolución de 23 de enero de 2019, (R.S . 2019/0155) notificada el 24 de enero de 2019 y que se incluía los documentos existentes en el expediente a dicha fecha (números 69 a 115) En consecuencia, respecto de dicha documentación, concurre la causa de inadmisión contenida en el artículo 18.1 e) de la LTAIPBG, por ser manifiestamente repetitiva, de acuerdo con el criterio interpretativo Cl/003/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En el presente caso, queda evidenciada la remisión al solicitante de los documentos números 1 a 115 del expediente en los tres envíos indicados, siendo obvio que respecto de dichos documentos no ha existido modificación alguna al corresponderse a un expediente administrativo. No obstante, desde la fecha de la última remisión de copia del expediente al interesado se han generado documentos posteriores que han ido incorporándose al mismo, de forma tal que procede su remisión al solicitante. A la vista de todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE: o Inadmitir a trámite la solicitud de información referida a la remisión de los documentos 1 a 115 del expediente de selección mediante concurso oposición de una plaza de responsable de oficina de secretaría general, por ser manifiestamente repetitiva, en los términos contenidos en el cuerpo de la presente resolución. o Conceder acceso a la información correspondiente a los documentos obrantes en el citado expediente desde el número 116 en adelante y hasta el día de la fecha de la presente resolución. 3. Ante esta contestación, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 17 de marzo de 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, manifestando lo siguiente: Con fecha 20 de febrero de 2019, se me notificó resolución facilitándome una serie de documentos referente a una convocatoria oposición del año 2018, NO AL CONCURSO OPOSICIÓN DE 22 DE OCTUBRE 2014, como claramente había solicitado en los escritos. Convocatoria de concurso-oposición de fecha 22 de octubre de 2014 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 213, de 5 de noviembre de 2014. Es el expediente completo de esta convocatoria el que he solicitado en dos ocasiones en base a la ley de transparencia y no se me ha facilitado. Convocatoria de concurso-oposición de fecha 29 de junio de 2018 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 132, de 6 de julio de 2018. Esta convocatoria está recurrida en estos momentos ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que lo ha admitido a trámite con fecha 26 de febrero de 2019. Se adjunta como documento núm. 2 Decreto de admisión a trámite. Debemos insistir que no es el expediente administrativo de esta convocatoria el que se ha solicitado, sino el expediente administrativo de la convocatoria del año 2014, que no ha sido facilitado en ningún momento. En base a lo expuesto, solicito se proceda a admitir el presente recurso, estimando íntegramente sus pretensiones, y se condene a la Autoridad Portuaria de Santander a: ƒFacilitarme una copia completa del expediente administrativo de la convocatoria de concurso-oposición de 22 de octubre de 2014, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 213, de 5 de noviembre de 2014, para una plaza de Responsable de Oficina de Secretaria General para la Autoridad Portuaria de Santander. 4. Con fecha 21 de marzo de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE FOMENTO, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 23 de abril de 2019, la AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER, entidad adscrita al Ministerio, presentó sus alegaciones que tenían el siguiente contenido: De la lectura de las alegaciones efectuadas por el reclamante resulta que, efectivamente, la Autoridad Portuaria de Santander consideró, por error, que la petición se refería al expediente del proceso de selección mediante concurso-oposición de una plaza de responsable de oficina de Secretaría General, publicado en el B.O.E nº 132, de 5 de julio de 2018, expediente, respecto del que le habían sido remitidos los sucesivos documentos en los tres envíos que se señalan en la resolución objeto de la presente reclamación. A la vista de lo anterior, procede dar traslado al solicitante de la documentación requerida, debiéndose poner de manifiesto los siguientes extremos: oLa documentación correspondiente a las solicitudes de los candidatos no se incluye en la documentación remitida al haberse destruido los originales de las mismas -una vez la resolución por la que finalizó el expediente devino firme- existiendo únicamente copia digitalizada en el Registro General del Organismo de los listados de solicitantes, entre los que se incluyen los correspondientes a otros procesos de selección. oIgualmente, la documentación original consistente en las hojas de respuestas de las pruebas psicotécnicas también ha sido objeto de destrucción, -una vez ganó firmeza la resolución que ponía fin al expediente- no guardándose copia digitalizada de la misma. A este respuesta se acompaña el Índice Documentos Convocatoria pública del concurso oposición para cubrir con carácter temporal una plaza de Responsable de la Oficina de la Secretaría General. Grupo 11 Banda 1 Nivel 8. 5. El 6 de mayo de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Dichas alegaciones tuvieron entrada el 17 de mayo de 2109 y en ellas se manifestaba lo siguiente: Es evidente que la Autoridad Portuaria no cometió un error confundiendo los expedientes del año 2014 y 2018, si no que, ha actuado con temeridad y mala fe, no queriendo facilitar el expediente administrativo correspondiente al año 2014, porque está incompleto, como el organismo público reconoce expresamente en su escrito. Así mismo, se ha facilitado parte del expediente “cubriendo” o “tapando” los nombres y apellidos de los candidatos que participaron en el concurso-oposición, cuando tanto las notas definitivas, como la relación de aspirantes, se publicaron en la página web del organismo público con los nombres y apellidos completos. En ningún caso se está vinculando el nombre con el DNI, por lo que se cumple con el Reglamento de Protección de Datos vigente. Además debemos recodar que debe primar el principio de publicidad y transparencia para facilitar la documentación sin “cubrir” o “tapar” los nombres y apellidos de los candidatos. La Disposición Transitoria Primera de la Ley 39/2015, e 1 de octubre, afirma lo siguiente: 1. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior. 2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Ya en la normativa anterior, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre en su artículo 35 letra h) previa el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros. Y es que en todo caso, la Autoridad Portuaria de Santander supuestamente “ha destruido” documentación del expediente administrativo de 2014 que debía haber archivado de forma debida, y en su caso digitalizada, de conformidad con la normativa expuesta. En base a lo expuesto, SOLICITO: o Se proceda a enviar el expediente administrativo correspondiente al concurso- oposición de 22 de octubre de 2014, completo. o Sobre los documentos facilitados, se envíen nuevamente sin “tapar” o “borrar” los nombres de los candidatos presentados, en tanto que no se está incumpliendo en ningún momento el Reglamento de Protección de Datos, y debe primar el principio de publicidad y transparencia por encima de todo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Con estas premisas, debe acotarse el objeto de la presente reclamación únicamente a aquella información que obre en poder de la Administración en el momento de la solicitud de acceso y siempre teniendo como base que la finalidad de la LTAIBG es conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. 3. En cuanto al fondo del asunto, la parte de la información que la Administración aun no ha entregado al reclamante, a juicio de éste, es la relativa a los nombres y apellidos de los demás candidatos presentados y el expediente administrativo correspondiente al concurso- oposición de 22 de octubre de 2014, completo. El expediente completo, a la luz de las alegaciones de la Administración, no es posible entregarlo a día de hoy, ya que parte de la documentación ha sido destruida. En concreto, las solicitudes de los candidatos y las hojas de respuestas de las pruebas psicotécnicas. Por tanto, solamente se puede entregar aquella información o documentación que obre en poder de la Administración en el momento en que se solicita. Ello con independencia de que se haya respetado o no la normativa específica en materia de archivos de la Administración General del Estado, cuestión esta que no corresponde analizar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En lo que respecta a la identificación de los demás concursantes, debe analizarse si esta petición es respetuosa con la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Al respecto, debe indicarse que la protección de datos personales actúa como límite en la LTAIBG, ex artículo 15 . Este artículo debe interpretarse de conformidad con el Criterio Interpretativo CI/002/2015 establecido por este Consejo de Transparencia, conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos, que establece que el proceso de aplicación de esta norma debe comprender las siguientes etapas o fases sucesivas: “Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter personal, entendiéndose por éstos los definidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD , esto es: a) Datos reveladores de la ideología, afiliación Las referencias a la LOPD deben entenderse hechas a la actual Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. sindical, religión y creencias; b) Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Si contuviera datos de carácter personal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: a) En el supuesto de los datos de la letra a) anterior, cuando se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. b) En el supuesto de los datos de la letra b) anterior, cuando se cuente con el consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley, y c) En el supuesto de los datos de la letra c) anterior, y siempre que las correspondientes infracciones penales o administrativas no conlleven la amonestación pública al infractor, cuando se cuente con el consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley, Si los datos de carácter personal contenidos en la información no fueran datos especialmente protegidos, valorar si son o no exclusivamente datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad correspondiente. Si los datos contendidos son exclusivamente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad, la información se publicará o facilitará con carácter general, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el artículo 15 número 3 de la LTAIBG.”(…) Del mismo modo, debe hacerse mención a los precedentes analizados en este Consejo de Transparencia sobre asuntos que guardan íntima conexión material con el actual. Así, por ejemplo, hemos dictaminado que el acceso a los exámenes de las pruebas de idiomas y de los test de la oposición deben darse de forma anonimizada o disociada, de manera que no sea posible identificar a los opositores titulares de los datos (procedimiento R/0322/2015) o que la Administración debe proporcionar aquella información relevante del proceso selectivo que le permita comprobar a la concursante la imparcialidad del procedimiento en el que concurre, incluidos los datos de carácter personal de terceros con los que compite, aunque exista expresa oposición del titular de los datos (procedimiento R/0004/2016), de manera que sólo podrá limitarse el acceso en el caso en que, entre la información, se encuentren datos especialmente protegidos (procedimiento R/0165/2016). 4. Otro asunto de especial transcendencia es el relativo a la denominada concurrencia competitiva, entendiendo por tal aquel sistema de comparación de las solicitudes presentadas a fin de elegir las que mayor valoración hayan conseguido, de acuerdo con los criterios prefijados en la convocatoria, de tal manera que el que más puntuación obtiene consigue la plaza convocada. En este aspecto, destacan algunas resoluciones de este CTBG, que se citan a continuación, relativa a aspectos como (1) el acceso a la copia del expediente administrativo y de la documentación aportada por un aspirante presentado en una plaza, con sus puntuaciones finalmente dadas y detallando cada uno de sus puntos, la valoración de los méritos específicos y la motivación en su valoración o (2) las razones de la calificación de apto o no apto a un concursante. En el primero de los casos (procedimiento R/0005/2016), debe tenerse en cuenta la existencia del Informe número 0178/2014, de la Agencia Española de Protección de Datos, que en relación con los procesos de concurrencia competitiva, (…..), podría tenerse en cuenta la doctrina de la Audiencia Nacional en relación con las cesiones de datos de las calificaciones otorgadas en el marco de procesos selectivos, en que el Tribunal ha considerado que el principio de publicidad y transparencia se torna en esencial, como garantizador del principio de igualdad. Así, la Audiencia Nacional ha ponderado el principio de publicidad con la protección de datos de carácter personal, llegando a la conclusión que durante la tramitación del proceso selectivo ha de prevalecer el primero, en la Sentencia de 26 de abril de 2012, de la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que cita a su vez la recaída en el recurso 215/2010. En el segundo supuesto (procedimiento R/0381/2016, fundamento jurídico 4), el Consejo, después de aplicar el Criterio Interpretativo CI/002/2015, de 24 de junio, sostiene que, en el caso de una solicitud de acceso a las puntuaciones de otros candidatos, no estamos ante un supuesto de concurrencia competitiva, ya que no se da preferencia a un candidato frente a los demás, no se trata de que el interesado defienda su derecho a una plaza sobre otros aspirantes por razón de la calificación obtenida, muy por el contrario la cuestión es si el aspirante ha dado el nivel de conocimientos necesarios para ser calificado de apto, nivel que no ha alcanzado por haber suspendido el ejercicio práctico. En consecuencia, y debido a que la puntuación obtenida por otros candidatos no tiene una incidencia directa en la posibilidades del interesado en el proceso de selección llevado a cabo, esta información de carácter personal solicitada por el Reclamante debe quedar vedada al conocimiento público, sin que se aprecie un interés público o privado superior que haga decaer el derecho de protección de datos frente al de acceso a la información pública. Por ello, siguiendo el criterio establecido por la Audiencia Nacional, en el presente caso prevalece el derecho de acceso a la información frente al de protección de datos personales, al haber participado el reclamante en el concurso-oposición a cuyo contenido ahora pretende acceder y encontrarse, por lo tanto, en una situación de concurrencia competitiva respecto de los demás participantes. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en el expediente del concurso pueden aparecer documentos en los que se contenga información sobre el curriculum vitae del candidato que no deben hacerse públicos puesto que no sirven para conocer solamente su identidad, sino que aportan más información que la estrictamente necesaria para que el reclamante valore su puntuación en régimen de igualdad con los otros candidatos, que es lo permitido por los tribunales de justicia y que es, exactamente, lo que persigue la LTIABG. En conclusión, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente en la parte de documentación actualmente existente y preservando aquella información personal que no cumple la función de valorar la actuación pública. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por , con entrada el 17 de marzo de 2019, contra la resolución de fecha 8 de febrero de 2019, notificada el 20 de febrero, de la AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER, adscrita al MINISTERIO DE FOMENTO. SEGUNDO: INSTAR a la AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER, adscrita al MINISTERIO DE FOMENTO, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: xLos documentos del expediente en los que figuren los nombres y apellidos de los demás candidatos presentados en la convocatoria de concurso-oposición, de 22 de octubre de 2014, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 213, de 5 de noviembre de 2014, para una plaza de Responsable de Oficina de Secretaria General para la Autoridad Portuaria de Santander. De esta documentación debe omitirse aquella que contenga información sobre el curriculum vitae de cada candidato o sobre otra circunstancia personal alejada de la finalidad de control de la actuación pública. TERCERO: INSTAR a la AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER, adscrita al MINISTERIO DE FOMENTO, a que, en el mismo plazo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la documentación enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda