Solicitud de acta y documentos de la reunión entre el Presidente del Gobierno y el Presidente de la República Argentina y resultado estimatoria por motivos formales

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 171/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 28 de enero de 2019, la siguiente información: - Orden del día y acta de la reunión producida entre el presidente y el mandatario argentino el pasado 30 de noviembre de 2018. - Todos los documentos producidos e intercambiados durante la reunión, incluyendo agendas, notas (incluso las escritas a mano), audios, e-mails y presentaciones. - Una lista de todas las personas presentes en la reunión. S/REF: 001-032391 N/REF: R/0171/2019; 100-002261 Fecha: 3 de junio de 2019 Dirección Administración/Organismo: Secr etaria General de Presidencia del Gobierno Información solicitada: Reunión entre el Presidente del Gobierno y el Presidente República Argentina Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones - A su vez solicito toda la correspondencia (incluidos mails y notas de llamadas telefónicas) entre ambos presidentes desde el 2 de junio de 2018. 2. Consta en el expediente comunicación de 30 de enero del 2019 en la que se le indicaba a la solicitante lo siguiente: Con fecha 29 de enero de 2019 su solicitud de acceso a la información pública con número 001-032391, está en Sec. Gral Presidencia del Gobierno del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, centro directivo que resolverá su solicitud. A partir de la fecha indicada, ha comenzado el cómputo del plazo de un mes para contestar a su solicitud previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Asimismo se le comunica que transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que su solicitud ha sido desestimada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 3. Mediante escrito de entrada el 13 de marzo, la reclamante presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al amparo del art. 24 de la LTAIBG, por entender que su solicitud de información había sido desestimada por silencio. 4. Recibida reclamación y con fecha 15 de marzo de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Con fecha 4 de abril tuvo entrada escrito de alegaciones en el que se señalaba lo siguiente: (…)Con fecha 22 de marzo de 2019, y en cumplimiento de las prescripciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la Vicesecretaria General de la Presidencia del Gobierno, , dictó Resolución, a la información solicitada contestando que: El Presidente del Gobierno, , mantuvo una reunión bilateral con el Presidente de la República Argentina, , en márgenes de la Cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Durante el encuentro, para el que no se negoció previamente orden del día, ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre la Cumbre del G20 y sobre asuntos de actualidad. No hubo intercambio de documentos. En cuanto a la correspondencia mantenida, el Presidente del Gobierno ha tenido ocasión de agradecer la felicitación del Presidente de la República Argentina por su toma de posesión, así como de confirmar su participación en la citada Cumbre del G20. 4. Con fecha 13 de marzo de 2019, presenta reclamación ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno señalando básicamente que “no haber recibido respuesta a la solicitud”. Ante las alegaciones vertidas por la reclamante, esta Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno considera: Por un lado, haber cumplido con la obligación de resolver recogida en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde en su apartado 1 señala “la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”. Por otro, haber facilitado a la interesada la información disponible según lo estimado en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 5. El 8 de abril de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió audiencia del expediente a la reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Transcurrido el plazo concedido al efecto, la reclamante no ha realizado alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la Administración contestó a la reclamante transcurrido el plazo de un mes que establece la Ley y una vez que fue presentada reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En este sentido, se recuerda a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para conseguir que las solicitudes de acceso a la información que se le presente lleguen al órgano encargado de resolver de la manera más rápida posible, para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes, así como que las respuestas se proporcionen en el plazo legalmente habilitado para ello. La LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Asimismo, se señala que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha notado un incremento de las reclamaciones presentadas frente a desestimaciones presuntas de solicitudes de información que corresponde tramitar y resolver a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Esta situación, además de no cumplir a nuestro juicio con la consideración de ejes fundamentales de toda acción política de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno tal y como predica el Preámbulo de la LTAIBG, se enmarca dentro del supuesto regulado en el apartado 6 del art. 20 de la LTAIBG que se pronuncia en los siguientes términos: El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Igualmente, ha de resaltarse que la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública, interpretado por los Tribunales de Justicia como de amplio alcance y límites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nº 75/2017, "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”- se ve mermada por una incorrecta tramitación de las solicitudes de información que presentan los ciudadanos como ocurre en el caso que nos ocupa. 4. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, consta en los antecedentes de hecho que la solicitud dirigida a obtener información sobre la reunión mantenida entre el Presidente del Gobierno de España y el Presidente de la República Argentina fue finalmente respondida mediante resolución dictada tras la presentación de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de su conocimiento por parte de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO debido a la remisión del expediente de reclamación realizada por el Consejo. Una respuesta que, si bien informaba con carácter general de los asuntos tratados en la indicada reunión así como también mencionaba- en términos generales- las comunicaciones previas a la reunión que fueron realizadas y los asuntos sobre los que versaron- no ha sido cuestionada por la reclamante en el trámite de audiencia llevado a cabo al efecto. Esta circunstancia, implica que, al igual que en casos similares al presente, en los que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por el art. 20 de la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entendamos que debe reconocerse, por un lado, el derecho de la reclamante a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. Por lo tanto, la presente Reclamación debe ser estimada pero por motivos formales, dado que la contestación se ha producido una vez transcurrido sobradamente el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por con entrada el 13 de marzo de 2019, contra la SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda