Solicitud de reuniones y actas de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 157/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al entonces MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 10 de enero de 2020, la siguiente información: Solicito información acerca de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios. ¿Cuántas veces se ha reunido esta comisión desde su creación, en qué fechas y qué asuntos ha tratado en cada uno de los encuentros. Solicito asimismo las actas de cada una de estas reuniones. S/REF: 001-039764 N/REF: R/0157/2020; 100-003514 Fecha: La de la firma Dirección Administración/Organismo: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Información solicitada Reuniones y actas de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios Subdirección General de Reclamaciones No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de respuesta, con fecha de entrada el 25 de febrero de 2020 la solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente cont enido: Solicité información el pasado 10 de enero de 2020 y aún no recibí respuesta. Ruego al Consejo que inste al órgano competente a resolver la solicitud. 3. Con fecha 26 de febrero de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al actual MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de fecha de entrada 2 de marzo de 2020 el indicado Departamento puso en conocimiento de este Consejo de Transparencia lo siguiente: Se informa que esta reclamación 003514, que corresponde a la solicitud de acceso 039764, será contestada por la UIT del nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; en concreto por la Secretaría de Estado para Asuntos Migratorios, que ejerce las funciones de secretaría de la recientemente derogada Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios. Se les ha remitido el requerimiento para su contestación. 4. A la vista de lo anterior, con fecha 3 de marzo de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la UIT del MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (que compareció el 4 de marzo) para su tramitación, mientras se creaba la UIT del MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD Y SOCIAL Y MIGRACIONES, órgano competente para resolver, después de la nueva configuración de los Ministerios, y al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Transcurrido el plazo concedido al efecto no consta la presentación de alegaciones al expediente de reclamación presentado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, como cuestión previa de carácter formal que ha afectado a la tramitación de la presente reclamación, cabe aludir a la suspensión de términos y plazos administrativos establecida en el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 , suspensión que ha finalizado mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que señala en relación con los plazos: Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=2018120 6&tn=1#a12 https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 4. En segundo lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Asimismo, en su apartado 4 el artículo 20 de la LTAIBG dispone que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que en el presente supuesto, conforme consta en el expediente y se ha reflejado en los antecedentes de hecho, la solicitud de información se presentó el 10 de febrero de 2020 a través del Portal de la Transparencia. Asimismo, hay que indicar que no hay constancia en el expediente de la fecha en la que tuvo lugar la entrada en el órgano competente para resolver. Al respecto, conforme consta en los antecedentes de hecho, el Ministerio de la Presidencia (ante el que inicialmente se presentó la solicitud) informó a este Consejo de Transparencia el 2 de marzo de 2020, que será contestada por la UIT del nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; en concreto por la Secretaría de Estado para Asuntos Migratorios, que ejerce las funciones de secretaría de la recientemente derogada Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios. Se les ha remitido el requerimiento para su contestación. Como también se ha hecho constar en los antecedentes de hecho, el expediente se remitió a la UIT del Ministerio de Trabajo y Economía Social el 3 de marzo, que comparece el 4 de marzo, como UIT encargada hasta la puesta en marcha de la UIT del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que está adscrita la Secretaría de Estado de Asuntos Migratorios, y competente para la resolución de la solicitud tal y como se informó a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En consecuencia, a la vista de lo indicado se puede concluir que la mencionada Secretaría de Estado de Asuntos Migratorios debería tener conocimiento de la solicitud de información y la reclamación presentada, habiendo transcurrido el tiempo suficiente dentro de los plazos legalmente establecidos para su resolución. A este respecto, se recuerda que, según lo indicado en el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. En concreto, el artículo 21 de la LTAIBG dispone precisamente en relación con las Unidades de Información, que: 1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna. 2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones: a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley. b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano. h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley Por otra parte, este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en numerosos casos precedentes (por ejemplo, en los expedientes R/0100/2016 , R/0628/2018 o más recientemente R/017/19 ) sobre la demora en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 5. Respecto al fondo del asunto cabe recordar que la información solicitada versa sobre las veces se ha reunido la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios desde su creación, en qué fechas y qué asuntos ha tratado, y las actas de cada una de estas reuniones. Con carácter previo hay que señalar que el Real Decreto 694/2018, de 29 de junio (BOE de 3 de julio) , por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, dispone Artículo único. Modificación del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. El Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, queda redactado del siguiente modo: Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado como sigue: https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/01.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/03.html https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9221 «Artículo 1. Comisiones Delegadas del Gobierno y funciones. 1. Además de los que se constituyan por ley, los órganos colegiados del Gobierno con categoría de Comisión Delegada del Gobierno serán los siguientes: (…) g) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios.» «Artículo 8. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios. 1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios tendrá la siguiente composición: a) La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que la presidirá. b) La Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que ejercerá las funciones de Vicepresidenta de la Comisión. c) Los Ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; del Interior y de Fomento. d) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores; para la Unión Europea; de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe; y de Defensa, y las Secretarias de Estado de Seguridad; de Migraciones y de Igualdad. 2. La Secretaria de Estado de Migraciones ejercerá las funciones de Secretaría de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios.» Tres. Se añade un artículo 9, que queda redactado como sigue: «Artículo 9. Asistencia y apoyo administrativo a las Comisiones Delegadas. Las Secretarías Técnicas de cada Comisión Delegada elaborarán los órdenes del día y las convocatorias de sus reuniones y las remitirán a los diferentes miembros, así como se responsabilizarán de las actas de las reuniones. De todo ello remitirán copia al Secretariado del Gobierno, que las archivará y custodiará.» Asimismo, hay que señalar que Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno (BOE de 26 de febrero) establece en su Disposición adicional primera. Supresión de órganos que Se suprimen las Comisiones Delegadas del Gobierno para Política de Igualdad, para Asuntos Culturales y para Asuntos Migratorios. De todo ello, cabe deducir que i) la información existe, y que obra en poder de la Secretaria de Estado de Migraciones que ejerce las funciones de Secretaría de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios, a la que precisamente el Ministerio de la Presidencia ha enviado la solicitud de información, y que ii) estará disponible hasta la citada supresión de la Comisión Delegada que se acaba de indicar. 6. Dicho lo anterior, ha de destacarse que el acceso a información de la misma naturaleza ya fue analizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en los expedientes R/0338/2016 o R/0389/2017 (en estos casos del Consejo de Ministros) en los que se concluía con la estimación de la reclamación. En la citada reclamación R/338/2016 este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sentaba la siguiente argumentación al respecto: Asimismo, debe tenerse en cuenta, que el conocimiento de los asuntos a tratar, unido a los acuerdos finalmente alcanzados por parte del Consejo de Ministros entronca de lleno con el escrutinio a los responsables públicos al que llama la LTAIBG en el mismo inicio de su Preámbulo, donde también se considera la transparencia y el derecho de acceso a la información como eje de toda acción política. En el presente supuesto, por lo tanto, es de directa aplicación el interés legítimo que la propia LTAIBG reconoce a los ciudadanos al garantizar su derecho acceder a información que les permitan un mejor conocimiento de la actuación pública y, derivado de ello, ejercer un mejor control de la misma. Por último, debe señalarse que el objeto de la solicitud de información y, por lo tanto, a lo que se tiene que ceñir este Consejo de Transparencia a la hora de resolver la presente reclamación, son los índices relativos a reuniones mantenidas durante los años 2014 y 2015, por lo que no cabe afirmar que puede verse afectada la garantía de la confidencialidad respecto de reuniones ya mantenidas y finalizadas ni contaminar el secreto de la toma de decisiones por cuanto dicho proceso ya ha finalizado al venir referida la solicitud a reuniones ya celebradas. Asimismo, cabe traer a colación el expediente R/174/2017 en el que se solicitaban las Convocatorias, órdenes del día y actas de todas y cada una de las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos celebradas desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad, que fue completamente facilitada por la Administración en vía de reclamación. 7. Por lo tanto, en atención a los antecedentes obrantes, en los que consta que se ha proporcionado información idéntica a la que es objeto de solicitud en el presente expediente, y a la inexistencia, a nuestro juicio, de límites o causas de inadmisión que pudieran considerarse de aplicación y que, por otro lado, no han sido alegadas por la Administración, que no ha respondido ni a la solicitud de información ni al trámite de alegaciones al expediente, la presente reclamación ha de ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 25 de febrero de 2020 contra el MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD Y SOCIAL Y MIGRACIONES. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO E INCLUSIÓN, SEGURIDAD Y SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información: - Acerca de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios ¿Cuántas veces se ha reunido esta comisión desde su creación, en qué fechas y qué asuntos ha tratado en cada uno de los encuentros. Solicito asimismo las actas de cada una de estas reuniones. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluc iones/resoluciones AGE/AGE 2017/06.html TERCERO: INSTAR al E INCLUSIÓN, SEGURIDAD Y SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda 15 https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20180904&tn=1#a112 16 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&p=20181206&tn=1#a9