Solicitud de relación de autorizaciones VTC domiciliadas en Galicia y resultado favorable por motivos formales

RESOLUCIÓN S/REF: N/RE F: R/0149/2018 (100 -000561) Consejo de Tr;uup:.rcncia y Buan Gobierno PRESIDENCIA ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por c on entrada el 12 de marzo ierno, considerando los Ante cedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifi can a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 11. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el e xpediente,­ so licitó al MINISTERIO DE FOMENTO, el 29 de septiembre de 2017, la siguiente información: PRIME/RO: Que el día 16 de xullo de 2017 solicite a la Conselle ría de Infraestructuras (Xunta de Galicia) autorización VTC- N, para la actividad de alquiler de vehículos con condutor. SEGUNDO: Que en 11 de septiembre de 2017, se deniega la autorización por el siguinte motivo «Na actualidade deacordo cos datos do Rexistro Xeral de Transporti stas, o nume ro de autorizacións VTC domiciliadas en Galicia é de 14 9, mentres que o número de autorizacións VT (taxis) e de 3.622 polo que se supera por moito o ratio 1130 exa non é posible acceder o outorgamento de novas autori zacións de arrendamentos de vehículos con condutor". Se adjunta copia. TERCE/RO: Que para conocer la veracidad de dichos datos, la Consellería nos remite al Registro de empresas y actividades de transporte del Mi nisterio de Fomento. CUARTO: Que no es posible acceder a dicha relación ya el Registro de empresas y actividades de transporte (http://www.fomento.gob.es/crgt/servlet/servletcontroller?modulo=datosconsulta&a ccion=inicio) do Ministerio de Fomento, solamente permite consultas individualizadas, es decir, introduciendo los datos de la empresa sobre la que se quiere hacer la consulta. No consta respuesta de la Administración. 2. El día 12 de marzo de 2018, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia Reclamación de en la que manifestaba lo siguiente: PRIMERO.- Que por resolución de 5.2.20 18, dictada en el presente expediente, se acuerda el archivo de las actuaciones por las razones expuestas en la misma. SEGUNDO.- Que la comunicación remitida por esta parte, señalando que "no nos consta que hayamos presentado ninguna solicitud de información", se trata de un lamentable error imputable a , dado que es evidente y así consta que sí hemos presentado una solicitud dirigida a este CTBG. TERCERO.- Que por la presente procedemos a dar cumplimiento al requerimiento formulado en su día, y en el que se nos solicitaba lo siguiente: Copia sellada en registro público de la solicitud de acceso a la información. Nombramiento que acredita la representación que ostento de Asimismo, informo que hasta la fecha no se ha recibido contestación a la solicitud de información recibida. CUARTO.- Por esta parte se ha cumplimentado el requerimiento fuera de plazo. No obstante, la ley 39/2015, en materia de incumplimiento de plazos, establece lo siguiente: Artículo 48. Anulabilidad. 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Así las cosas, y en la medida en que no hay perjuici o para terceros, y la subsanación solo tiene por efecto continuar con el procedimiento y obtener una resolución ajustada a derecho, entendemos que dicho cumplimiento no tiene carácter esencial. Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores. 1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Por todo lo expuesto, solicito que por parte de este CTBG se admita la presente subsanación, y previa la tramitación legalmente procedente x Se acuerde la continuación del procedimiento, y se requiera al MINISTERIO DE FOMENTO REGISTRO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE para que facilite una relación de las autorizaciones VTC domiciliadas en Galicia, con indicación de la empresa titular de cada una de ellas. x Subsidiariamente a lo anterior, se revoque la resolución de archivo dictada, se proceda a la tramitación de la solicitud, y requiera al MINISTERIO DE FOMENTO REGISTRO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE para que facilite una relación de las autorizaciones VTC domiciliadas en Galicia, con indicación de la empresa titular de cada una de ellas. x Subsidiariamente a lo anterior, se le otorgue al presente escrito la consideración de nueva solicitud, se proceda a su tramitación, y requiera al MINISTERIO DE FOMENTO - REGISTRO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE para que facilite una relación de las autorizaciones VTC domiciliadas en Galicia, con indicación de la empresa titular de cada una de ellas. 3. El 14 de marzo de 2018, se trasladó la documentación obrante en el expediente al MINISTERIO DE FOMENTO, a través de su Unidad de Información de Transparencia, para que presentase las alegaciones oportunas. El escrito de alegaciones tuvo entrada el día 11 de abril de 2018 y en el mismo se señalaba lo siguiente: x Habiendo efectuado las correspondientes comprobaciones en el sistema informático que gestiona el Registro de Empresas y Actividades de Transporte (REAT), a fecha de 20 de marzo de 2018, se constata que en la Xunta de Galicia se encuentran domiciliadas y vigentes las autorizaciones VTC de ámbito nacional que se adjuntan como anexo I. x Se informa también de que el número de autorizaciones VT y VTC en vigor se publica de forma mensual en el Portal Web del Ministerio de Fomento, en la dirección:http://www.fomento.es/MFOM/LANG CASTELLANO/DIRECCIONES _GENERALES/TRANSPORTE TERRESTRE/ INFORMACION/INFORMACIO N ESTADISTICA/Datos registro.htm A sus alegaciones se acompaña cuadro Excel con las autorizaciones VTC de ámbito nacional que se encuentran domiciliadas y vigentes en la Xunta de Galicia. 4. El 12 de abril de 2018, se concedió Audiencia del expediente a para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que se haya presentado ninguna en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del Organismo al que se dirige la solicitud bien porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, el Reclamante presenta su escrito de reclamación el 29 de septiembre de 2017 y el mismo iba dirigido expresamente al MINISTERIO DE FOMENTO, sin que haya respuesta de la Administración ni existan motivos que justifiquen la falta de contestación. La Administración debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para conseguir que las solicitudes de acceso a la información que se le presente lleguen al órgano encargado de resolver de la manera más rápida posible, para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. En este sentido, la LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016) sobre esta ausencia de tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Por su parte, el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En casos como el presente, en que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de Reclamación. Asimismo, debe hacerse constar que el Reclamante no ha efectuado ningún reparo al contenido ni a la cantidad de información recibida, aunque tuvo oportunidad de hacerlo dentro del trámite de audiencia concedido al efecto. Por lo tanto, la presente Reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación de la Administración se ha producido una vez transcurrido el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la Reclamación presentada por con entrada el 12 de marzo de 2018, contra el MINISTERIO DE FOMENTO, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda