Solicitud de copia de las disposiciones que justifican la conveniencia de los viajes en helicóptero del Presidente del Gobierno en junio y julio de 2018

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 142/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó a través del Portal de la Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 17 de enero de 2019, la siguiente información: En relación a la Resolución a la solicitud de información 001-030630 donde afirman que es el Presidente del Gobierno quien decide, conforme al mandato y competencia constitucionalmente establecidos, la conveniencia de cada viaje en función de los intereses generales del país conforme a las líneas de la acción política nacional e internacional Solicitamos conforme al artículo 17.b de la ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno copia de las disposiciones conforme a las cuales decide el Presidente del Gobierno la conveniencia de cada viaje realizado en helicóptero los meses de junio y julio de 2018. 2. Con fecha 23 de enero, se le dirigió la siguiente comunicación a la interesada: S/REF: 001-032182 N/REF: R/0142/2019; 100-002219 Fecha: 23 de mayo de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Secre taría General de la Presidencia del Gobierno Información solicitada: Cobertura viajes Presidente del Gobierno junio-julio 2018 Sentido de la resolución : Desestimatoria Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Por medio del presente documento se le notifica que se ha dado inicio a la tramitación del procedimiento de acceso a la información pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con fecha 21 de enero de 2019 su solicitud de acceso a la información pública con número 001-032182, está en Sec. Gral Presidencia del Gobierno del, centro directivo que resolverá su solicitud. A partir de la fecha indicada, ha comenzado el cómputo del plazo de un mes para contestar a su solicitud previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Asimismo se le comunica que transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que su solicitud ha sido desestimada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. No consta respuesta de la Administración 3. Con fecha 28 de febrero, la reclamante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido en la que indicaba que no había recibido respuesta a su solicitud. 4. Con fecha 1 de marzo de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente y al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. 5. Con fecha 20 de marzo, la interesada dirigió escrito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que indicaba lo siguiente: Que pongo en conocimiento del Consejo que he recibido resolución de inadmisión por reiteración que se adjunta con el presente. A este respecto vengo en manifestar que, una vez más, la contestación se produce una vez transcurrido el plazo establecido por la ley por lo que siendo ya reiteradas veces las que se produce este retraso, entra en el supuesto de infracción grave que regula el artículo 20.6 de la LTAIPBG a los efectos de que se ejercite la responsabilidad disciplinaria que proceda en la persona de los responsables. Igualmente manifestamos que la causa de inadmisión aplicada únicamente tiene por objeto impedir el conocimiento de la justificación utilizada por el propio gobierno para eludir la fiscalización de unos gastos con cargo al erario injustificados, gastos por naturaleza públicos, y que la renuencia a facilitar los Decretos que justifican las razones de oportunidad que avalan dicho gasto público incrementa las sospechas de malversación de dinero y recursos públicos prohibidas tanto por la Ley del Gobierno, como por el Código Penal. Obviamente la petición no es reiterativa y si en la primera resolución se contestó a la petición señalando que “así lo considera el Presidente”, esta petición, al solicitar el Decreto por el que “así lo estima el Presidente” no supone una reiteración, sino un complemento de la anterior y tiene su fundamento y justificación en la propia respuesta emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. En definitiva de la existencia o no del Decreto que solicitamos, puede depender la comisión de un delito de malversación de caudales públicas por el Presidente del Gobierno, además de infracción de la normativa de altos cargos en relación a la utilización de los medios de transporte, lo que justifica el interés en la información solicitada. La interesada aporta resolución de 19 de marzo de 2019 dictada por la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO que indica lo siguiente: Con fecha 21 de enero de 2019, esta solicitud se recibió en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, para su resolución. Una vez analizada la misma, deducida por , la Vicesecretaria General de la Presidencia del Gobierno, , resuelve inadmitir a trámite dicha solicitud al considerar entra en el supuesto del artículo 18.1.e) de la citada Ley como repetitiva: Señalar, como bien indica la propia solicitante, que anteriormente ha cursado otra solicitud de acceso a la información pública en términos similares a través del Portal de la Transparencia, registrada con el número 001-030630, solicitud que fue resuelta el pasado 28 de diciembre de 2018 y posteriormente reclamada ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno con fecha 8 de enero de 2019, reclamación “desestimada” el día 1 de marzo de 2019 por el Consejo, motivo por el que se concluye se considera esta solicitud como manifiestamente repetitiva añadiendo que no se dispone de otra información a la ya facilitada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO comunicó al interesado la fecha en que comenzaba el cómputo del plazo máximo para resolver, transcurrido el cual no fue dictada resolución expresa y, en consecuencia, produjo sus efectos el silencio administrativo de sentido desestimatorio previsto en el apartado 4 del art. 20 de la LTAIBG. Finalmente, con posterioridad a la presentación de reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y casi dos meses después de la presentación de la solicitud, fue dictada la resolución de 19 de marzo que se menciona en los antecedentes de hecho de la presente resolución. Atendiendo a dichas circunstancias, que parecen haberse convertido en habituales en la tramitación de las solicitudes de acceso dirigidas al Departamento objeto de reclamación, ha de recordarse a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO la obligación que le corresponde de tramitar y responder las solicitudes de información presentadas en ejercicio de un derecho de anclaje constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública, al que la LTAIBG dota de un procedimiento ágil y con un breve plazo de respuesta y cuya protección y garantía al ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia (Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el PO38/2016) ha de tener en cuenta esta naturaleza. Ahondando en lo expuesto, este Consejo de Transparencia quiere poner de manifiesto que viene observando, con cierta preocupación, que la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO desatiende tanto las solicitudes de acceso a la información que le dirigen los ciudadanos como los requerimientos que, en vía de Reclamación, le realiza este Consejo de Transparencia para que presente alegaciones que ayuden a clarificar los contenidos de los expedientes de los que es parte. En este caso concreto es precisamente la reclamante y no la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO la que comunica la resolución dictada en respuesta a la solicitud de información. Por ello, debemos recordar que esta circunstancia que no cumple, a nuestro juicio con la consideración de ejes fundamentales de toda acción política de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno tal y como predica el Preámbulo de la LTAIBG es contraria a una adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública, interpretado por los Tribunales de Justicia como de amplio alcance y límites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nº 75/2017, "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Finalmente, no puede dejar de señalarse que el artículo 20.6 de la LTAIBG señala que El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. 4. Entrando ya en el fondo del asunto, las cuestiones aquí planteadas guardan estrecha conexión con las analizadas en el expediente de reclamación R/0731/2018- 100-001989 que tuvo como objeto el expediente de solicitud 001-030630, mencionado por ambas partes tal y como se recoge en los antecedentes. La solicitud de información realizada en el antecedente mencionado era la siguiente: En relación a los desplazamientos del Presidente del Gobierno en helicóptero los meses de junio y julio de 2018, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, solicito: * Copia de los informes justificativos de la justificación del gasto y acreditativos de la necesidad de los desplazamientos efectuados conforme al artículo 8.2 de la ley 3/2015 de 30 de marzo. En el escrito de alegaciones remitido con ocasión de la tramitación de dicha reclamación- puesto que la misma fue presentada por desestimación presunta de la solicitud- se remitía la resolución de 28 de diciembre- a la que tuvo acceso la reclamante por el trámite de audiencia concedido por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a la que no presentó reparos- en la que se señalaba lo siguiente: “En cuanto a la necesidad de acreditar la necesidad de los desplazamientos del Presidente, conviene recordar que según lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Española de 1978, así como en el artículo 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, “el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. Además, el artículo 98.2 de la Carta Magna, así como el artículo 2 de la citada Ley 50/1997, determinan que “el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio…..” De todo ello se deducen dos cuestiones: La primera es que no existen los informes solicitados. La segunda, que es el Presidente del Gobierno quien decide, conforme al mandato y competencia constitucionalmente establecidos, la conveniencia de cada viaje en función de los intereses generales del país conforme a las líneas de la acción política nacional e internacional. En esta respuesta se indica claramente que la potestad de decidir la conveniencia de sus desplazamientos le corresponde al propio Presidente del Gobierno en ejercicio de las funciones que le otorga tanto la Constitución Española como la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que lo solicitado ahora por la interesada ya fue contestado en el precedente señalado y, por lo tanto, la presente reclamación ha de ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , el 28 de febrero de 2019 contra la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda