Acceso a nombres de asistentes y actas de reunión sobre medidas contra agresiones a profesionales de la salud

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-021725 N/REF: R/0135/2018 (100-000533) ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 9 de marzo de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, solicitó el 2 de febrero de 2018, en aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) y en relación con una reunión entre la Delegación del Gobierno del Principado de Asturias y el Colegio Oficial de Enfermería de dicho Principado, celebrada el 31 de enero de 2018 la siguiente información: Notificación de los nombres y cargos de los presentes en la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Asturias para tratar medidas policiales de carácter preventivo y de reacción, para evitar las agresiones e intimidaciones a profesionales de la salud. Copia de actas y documentos oficiales 2. El día 9 de marzo de 2018, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia Reclamación de presentada al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG por el transcurso del plazo previsto en el art. 20 de la LTAIBG para resolver una solicitud y entenderla desestimada en aplicación del apartado 4 de ese mismo precepto. 3. El día 12 de marzo de 2018, se trasladó la documentación obrante en el expediente al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES, a través de su Unidad de Información de Transparencia, para que presentase las alegaciones oportunas. El escrito de alegaciones tuvo entrada el día 9 de abril de 2018 y en el mismo se indicaba que, con fecha 5 de abril, se había resuelto y notificado al interesado la solicitud de información proporcionada y se adjuntaba copia de la respuesta: Una vez analízada la solicitud, este centro directivo considera que, en relación a la información solicitada por procede conceder el acceso a la información que se solicita, en los términos siguientes: El día 31 de enero de 2018 se celebró una reunión en la Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias cuyo objeto fue informar sobre la Instrucción 312017, de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud. En esta reunión participaron personal de la Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como personal del Colegio Oficina/ de Médicos de Asturias y Colegio Oficial de Enfermería de Asturias. En relación con /os nombres y cargos de los presentes en dicha reunión, hay que tener en cuenta el criterio interpretativo conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la Agencia Española de Protección de Datos de 5 de julío de 2016 (en adelante, Cl/00212016). Dicho criterio prevé que "Cuando se solicite información identificativa de los participantes en las reuniones, siendo éstos personas físicas, ya sea por la mera indicación de su cargo o posición en una organización ya sea con indicación de su nombre y apellidos deberá considerarse que la petición incluye datos de carácter personal". En virtud de lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y /os derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho a la protección de datos de carácter personal. A este respecto, el criterio interpretativo Cl/00212016 de 5 de julio de 2016, prevé que "la ponderación sería más favorable al acceso de los datos cuanto mayor fuera la responsabilidad del interviniente en la reunión en la posible toma de decisiones derivada de la misma y cuando su identidad tuviera un carácter público como consecuencia de las reglas de publicidad que se han mencionado con anterioridad. Por el contrario, la ponderación operaría en contra del acceso en los supuestos en los que la identidad del participante en la reunión no aporte un elemento añadido a la descripción del órgano o entidad en que presta sus servicios, teniendo en cuenta su posición jerárquica dentro del mismo y, por ende, la influencia en el proceso de toma de decisiones de la organización en relación con las cuestiones tratadas en la reunión y las funciones del participante, quedando plenamente satisfecho el objetivo de la transparencia con el conocimiento del órgano al que pertenece." FIRMANTE (1): FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 07/06/201811:101 Sin acción específica Así, continúa el C/100212016 de 5 de julio de 2016, en relación con /os criterios para llevar a cabo la ponderación prevista en el artículo 15.3 de la Ley 1912013, de 9 de diciembre: "Por ello, atendiendo a lo anterior y siempre que la solicitud se refiriese expresamente a la identificación de /os participantes en las reuniones con sus nombres y apellidos y con /os cargos que representan, sería posible facilitar esta información en /os siguientes casos: -Cuando se trate de sujetos obligados por la L TAIBG: /os participantes en las reuniones que tuvieran la condición de miembros del Gobierno, Altos Cargos, directivos públicos profesionales, titulares de las Subdirecciones Generales o unidades asimiladas, de /as Subdelegaciones del Gobierno en /as provincias, titulares de los órganos directivos de las Agencias Estatales, Entes y otros organismos públicos que tengan atribuida la condición de directivos en los Estatutos o normativa reguladora de éstos así como personal eventual con nivel jerárquico asimilado y que desarrollen funciones directivas. -Cuando se trate de entidades privadas: aquellos que ostentasen la condición de administradores, miembros del órgano de gobierno o dirección en su caso, y altos directivos o asimilados. En los restantes supuestos, el criterio general que resultaría aplicable sería el de indicar, en el ámbito de los sujetos obligados, el órgano o unidad al que pertenezcan /os intervinientes y, tratándose de entidades privadas, la indicación de la entidad o, en el caso de /as que no tuviesen la condición de PYMES, del órgano o departamento de la misma en que se integrasen /os participantes (por ejemplo, entre otros, departamento de cumplimiento normativo, departamento de relaciones institucionales, asesoría jurídica o dirección financiera)." En el caso que nos ocupa, es decir en relación con la solicitud de /os nombres y cargos de los presentes en la mencionada reunión de fecha 31 de enero de 2018, cabe indicar que la única persona física de la Administración Pública que satisface /os requisitos para poder facilitar su identidad (nombre y apellidos y cargo), establecidos en el mencionado C//00212016 de 5 de julio de 2016, es el Delegado del Gobierno en Asturias, D. Gabino de Lorenzo Ferrera. Tal como se indica en el artículo 15.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Respecto a /os nombres y cargos participantes en la mencionada reunión por parte del Colegio Oficial de Médicos de Asturias y del Colegio Oficial de Enfermería de Asturias, al no ser estas entidades parte de la Administración Pública, este centro directivo no puede discernir qué personas físicas, en su caso, satisfacen /os requisitos establecidos en el mencionado C/100212016 para poder facilitar su identidad (nombre y apellidos y cargo). Por tanto, se remite su solicitud al Colegio Oficina/ de Médicos de Asturias y al Colegio Oficial de Enfermería de Asturias para que éstos decidan sobre el acceso solicitado en relación con /os nombres y cargos de estas entidades participantes en la mencionada reunión de 31 de enero de 2018, conforme a Ley 1912013, de 9 de diciembre y al criterio interpretativo conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la Agencia Española de Protección de Datos -C//00212016-de 5 de julio de 2016. Respecto a la copía de actas y documentos ofícíales de la mencíonada reuníón, cabe índícar que no se levantó níngún acta de la reuníón ní se íntercambío níngún típo de documentacíón ofícíal. 4. El 13 de abril de 2018 y en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubr e, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió a la apertura de trámite de audiencia al objeto de que el interesado pudiera alegar lo que estimase conveniente en defensa de su derecho. Transcurrido el plazo concedió al efecto, el interesado no ha presentado ninguna alegación 111. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la L TAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubr e, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "/os contenídos o documentos, cualquíera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos íncluídos en el ámbíto de aplícacíón de este título y que hayan sído elaborados o adquírídos en el ejercícío de sus funcíones". Es decir, la L T AIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del Organismo al que se d irige la solicitud bien porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG en cuanto a la contestación a una solicitud de acceso a la información. Según dispone el artículo 17.1 de la LTAIBG, El procedímíento para el ejercícío del derecho de acceso se ínícíará con la presentacíón de la correspondíente solícítud, que deberá dírígírse al títular del órgano admínístratívo o entídad que posea la ínformacíón ( ... ) Por su parte, el apartado 1 del art. 20, de la misma norma establ ece que La resolucíón en la que se conceda o deníegue el acceso deberá notífícarse al solícítante y a /os terceros afectados que así lo hayan solícítado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto se pronuncia en los siguientes términos: Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016) sobre esta ausencia de tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución español a, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los pnnc1p1os de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como pr incipio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Asimismo, debe indicarse que el artículo 21 de la propia L TAIBG crea las denominadas Unidades de Información, como unidades especializadas, con las siguientes funciones: a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo 11 del título 1 de esta Ley. b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. e) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano. h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley. Según lo indicado en el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Teniendo en cuenta lo indicado previamente, podemos concluir que, en el caso que nos ocupa, la solicitud de información fue calificada expresamente como tal y la información solicitada también se detallaba. Estas circunstancias hacen a nuestro juicio, más injustificado el retraso en proporcionar una respuesta al solicitante y el hecho de que la misma se haya producido una vez que la presente reclamación ha sido presentada. Por lo tanto, se ha producido un retraso en la respuesta que se le debe proporcionar a los que ejerzan su derecho a la información pública que, según lo indicado por los Tribunales de Justicia, entre otras, por la Sentencia n° 85/2016, de 14 de junio de 2016, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso­ Administrativo d n° 5 de Madrid en el PO 43/2015, se "configura de forma amplia el derecho de acceso a la ínformacíón públíca y que dícho derecho solamente se verá límítado en aquellos casos en que así sea necesarío por la propía naturaleza de la ínformacíón o por su entrada en conflícto con otros íntereses protegídos". Especialmente relevante resulta la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 dictada en el Recurso de Casación n° 75/2017 que señala lo siguiente: "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1" .( ... ) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. 5. Teniendo en cuenta lo anterior, no debe dejarse de lado que, si bien una vez que la reclamación fue presentada, el interesado ha recibido una respuesta a su petición en la que se aplica el criterio aprobado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos, relativo a información personal de asistentes a reuniones en el ámbito de la Administración general del Estado En relación a las agendas de los responsables públicos, debe recordarse lo ya indicado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su expediente de reclamación R/0154/2016, en el que se señalaba lo siguiente: Como la solicitante pone de manifiesto, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha respaldado en varias ocasiones solicitudes de acceso a la información que se interesaban por conocer /as reuniones mantenidas por /os responsables públicos. Ello no obstante, también debe indicarse que este Consejo entiende las dificultades que supone proporcionar información que no ha sido organizada, clasificada o sistematizada de tal forma que pueda ser proporcionada en /os términos en /os que se solicita. Y que precisamente esta falta de sistematización y conservación, más aún en este caso en el que no se incluye ningún criterio o referencia temporal, pueden dificultar o incluso imposibilitar que se proporcione la información. Además, esta cuestión es especialmente relevante cuando, efectivamente, no existe como método de trabajo ordinario en los responsables públicos no sólo la llevanza de una agenda de acuerdo a unos criterios mínimos, sino que la misma sea objeto de archivo y publicación de tal forma que se refleje realmente la actividad profesional desarrollada por los responsables públicos en el ejercicio de sus funciones. Conscientes de estas dificultades, este Consejo de Transparencia considera fundamental delimitar cuanto antes lo que deba ser considerado una agenda para la transparencia, en la que se defina la información que deba incorporarse, los eventuales límites que puedan ser de aplicación y que, sobre todo, comprometa a /os responsables públicos a proporcionar, de manera clara, sistemática y actualizada, información sobre la actividad que desarrollan en su desempeño público. Por ello, y en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, este Consejo ya está trabajando, en colaboración con los actores implicados, en la definición de un modelo de agenda para la transparencia con la que se cumpla el mandato del legislador que reconoce a /os ciudadanos, en el Preámbulo de la norma, a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan /os fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. A este respecto, se recuerda que el 23 de abril de 2017 fue aprobada la Recomendación 1/2017 sobre información de las Agendas de /os responsables públicos la que se desarrollaba la agenda para la transparencia que este Organismo consideraba importante implementar. No obstante, aún no ha sido completada su puesta en marcha. FIRMANTE (1): FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 07/06/201811:101 Sin acción específica 6. Finalmente, debe tenerse en cuenta que, en casos similares al presente en que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por el art. 20 de la L TAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada y por otro, atender al hecho de que la información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. En este punto debe también observarse que el interesado no ha puesto reparos en la información suministrada el plazo que le ha sido concedido al efecto. Por lo tanto, la presente Reclamación debe ser estimada pero por motivos formales, dado que la contestación se ha producido una vez transcurrido sobradamente el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. IIII.RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos desc ritos, procede ESTIMAR por mo tivos formales la Reclamación presentada por - , con entrada el 9 de marzo de 2018, contra el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES sin ulteriores trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Públi ca y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artí culo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrati va, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.O. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENC IA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda