Solicitud de copia del acuerdo suscrito por el Grupo Parlamentario Vasco y el Ministerio de Hacienda para los PGE 2014

entidades de previsión social voluntaria o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.” .- JUSTIFICACIÓN .- La presente enmienda pretende facilitar que las Administraciones Públicas puedan. en el ejercicio de su autonomía seguir haciendo aportaciones a los planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación suscritos con anterioridad al 31 de Diciembre de 2011, siempre y cuando no supongan un incremento de su masa salarial. La presente enmienda se atiene al acuerdo suscrito por el Grupo Parlamentario Vasco y el Ministerio de Hacienda para los Presupuestos Generales de 2014 y que inopinada e unilateralmente se ha visto derogado vía enmienda al presente Proyecto de Ley.” 3. En fecha 2 de febrero de 2018, se notificó al ahora reclamante Resolución dictada por la Directora del Gabinete del Ministro de HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, de fecha 29 de enero de 2018, por la que resolvía conceder acceso a la información solicitada en los siguientes términos: “Una vez analizada dicha solicitud, y sobre la base del artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en el que se establece que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de algunos de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este tftulo y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones", la Directora del Gabinete del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Dª Marta Vega Velasco, resuelve conceder la información a la que se refiere la misma indicándole que, el contenido del articulo 20.3 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 al que se refiere el peticionario, fue aprobado en el Pleno del Congreso del dia 12 de noviembre de 2013 por enmienda transaccional con el apoyo mayoritario de distintos Grupos Parlamentarios, siendo la única documentación disponible la publicada en los siguientes enlaces: 7.PDF 7.PDF” 4. El 1 de marzo de 2018, el interesado presentó escrito de reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con fecha de entrada el 8 de marzo de 2018, frente a la Resolución de la Directora del Gabinete del Ministerio de Hacienda y Función Pública, al amparo de lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG. El tenor literal de su solicitud era el siguiente: “(…) QUINTO.- Que en fecha 19/11/2014, el medio informativo "20 Minutos”, entre otros, publicó una noticia de la agencia de información Europa Press, en la dirección electrónica: https://www.20minutos.es/noticia/230l036/0/pnv- intemreta-agresion-al-acuerdo-sobre-epsv-como-ruptura-voluntad-conciliadora- pp-pa ra-con-pge/#xtor=AD-1 5&xts=467263, del siguiente tenor literal: "PNV interpreta "la agresión" al acuerdo sobre EPSV como "la ruptura de la voluntad conciliadora de PP para con los PGE".- EUROPA PRESS 19.11.2014 .- Cree que "la mano" de Maroto está detrás de "la intolerable ruptura del acuerdo" sobre EPSVs.- El secretario de Relaciones Institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, interpreta "la agresión" al acuerdo firmado en 2013 con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. que "permitía reiniciar el curso ordinario de la previsión social complementaria en las administraciones públicas y cuya incidencia afecta únicamente a las Entidades de Previsión Social (EPSV) existentes" en Euskadi. como "la ruptura de la voluntad conciliadora del PPpara con los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".- Además, cree que "la mano" del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, está "detrás" de "la intolerable ruptura del acuerdo" con el fin de ahorrarse el pago de las aportaciones conveniadas con los trabajadores rnunicipales.-En un post colgado en su blog, recogido por Europa Press, Mediavilla denuncia que el Partido Popular, "de la mano de su portavo: en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que de prosperar ya ha sido aprobada en la Cámara baja- imposibilitaría nuevamente las aportaciones económicas de las instituciones vascas a los fondos de previsión social voluntaria (EPSV) para la contingencia de jubilación de los trabajadores públicos". - Según explica el dirigente jeltzale, de esta forma, "se rompe el acuerdo que el pasado ejercicio alcanzó el PNV con el Gobierno del Estado en esta materia".- Koldo Mediavilla recuerda que el acuerdo, que firmaron en 2013 el PNV, el PP y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "permitía reiniciar el curso ordinario de la previsión social complementaria en las administraciones públicas y cuya incidencia afecta únicamente a las entidades de previsión social a existentes en la Comunidad Autónoma Vasca".- En este sentido, apunta que el Gobierno español, que en el texto del proyecto presupuestario mantenía la literalidad del acuerdo, ha señalado que "la responsabilidad última de la iniciativa" es de Alonso, "quien, al parecer, ha argumentado su decisión en el hecho de que el Gobierno vasco no ha hecho uso de tal previsión normativa, suspendiendo las aportaciones a su plan a través de la EPSV Itzarri".- "Lo que no hace la normativa es obligar a nadie a hacer aportación alguna a las EPS máxime cuando puedan existir problemas objetivos que lo aconsejen -disponibilidad económica- . Pero, de ahí a prohibir hacerlas va un trecho indefendible. La norma en vigor. acordada tras dura negociación el pasado año, habilita a las instituciones municipales y forales para renovar el programa pactado de aportaciones a EPSV". señala. De esta forma. subraya que, durante el ejercicio 2014, “prácticamente todas las instituciones municipales y forales lo han hecho y en algunos casos concretos - el Ayuntamiento de Vitoria, singularmente desde un esfuerzo de flexibilidad y acompañamiento a las situaciones particulares de esta institución, se había pactado el modo de cumplirlo".- "Es decir, en lo que se refiere a Elkarkidetza y a la parte del sector público vasco que se conduce en el ámbito local y foral se ha hecho un uso razonable de la norma presupuestaria de 2014, con vocación de proyectar a futuro tales previsiones". indica. - En este sentido, dice que "es obvio que una norma presupuestaria habilita a una institución pública a realizar tales aportaciones institucionales, aunque ciertamente no le obliga". "Es ésta una cuestión que se reserva a su autonomía política y de la que responde frente a terceros", apunta. "agresión gratuita y frontal".- Por ello, considera que "el movimiento" de Alfonso Alonso "agrede gratuita y frontalmente al proyecto Elkarkidetza y a la capacidad de los ayuntamientos vascos y Diputaciones Forales para continuar en la senda de normalidad debida en un proyecto tan sensible como el que nos ocupa".- "La agresión es tomada por el PNV como una ruptura de la voluntad conciliadora del PP para con los PGE y pretende. por la puerta de atrás, dejar sin efecto los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de Vitoria para retomar, como pago aplazado de 2014, sus aportaciones a Elkarkidetza previstas para marzo del 2015", señala.- La formación jeltzale cree que, "detrás de esta intolerable ruptura del acuerdo", está "la mano del alcalde Maroto que pretende, de esta manera, ahorrarse el pago de las aportaciones conveniadas con los trabajadores municipales". - "Si Maroto no quiere pagar, que lo diga, que se lo explique a los trabajadores, pero que el PP deje al resto de instituciones del país que así lo decidan, cumplir con sus obligaciones contraídas", concluye”. A los anteriores hechos acreditados deben tenerse en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS A) Sobre la admisibilidad del recurso: Según se desprende de los antecedentes relatados, el RECURSO ADMINISTRATIVO se interpone dentro del plazo de un mes establecido con carácter general en el artigo 24 de la LTAIBG. Asimismo, concurren en esta parte los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa necesaria para su interposición conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Proced imiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se cumple pues con las formalidades exigidas y se interpone ante el CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. B) En cuanto al fondo del asunto: PRIMERO.- Que las direcciones electrónicas que constan e la referida Resolución, de fecha 29/01/2018, direccionan, respectivamente, al BOLETÍN OFICIAL DE LAS CO RTES GENERALES , de data 29/10/2013, que contiene las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, al DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE) que contiene el acta de la sesión plenaria núm. 146. celebrada el día 12 de noviembre de 2013, con parte de los Dictámenesde comisiones sobre Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y, por último, al BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES (SENADO), de fecha 27 de noviembre de 2014, que contiene las enmiendas, números 3501 a 4078, Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. SEGUNDO.- Que tanto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) - « BOCG » núm. 444, de 27 de noviembre de 201 4 (págs. 2948 y 2949) -, en la que figura la enmienda núm. 4038 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV) como en la referida noticia informativa, fecha 19/11/2014, se menciona el acuerdo suscrito por el Grupo Parlamentario Vasco y el Ministerio de Hacienda para l os Presupuestos Generales de 2014. (…) 5. El 12 de marzo de 2018, este Consejo de Transparencia procedió a dar traslado del expediente a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, el referido MINISTERIO formulase las alegaciones que estimase por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que pudiera fundamentar las mismas. El 18 de abril de 2018, tuvieron entrada las alegaciones que estimó por conveniente efectuar el Ministerio, que se pronunciaban en los siguientes términos: “(…) QUINTO: En la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2014, el Grupo Parlamentario Vasco presentó una enmienda al artículo 20, apartado tres (enmienda nº 671), cuyo texto fue modificado mediante un texto transaccional propuesto por el Grupo Popular, que fue aprobado en el Pleno del Congreso del 12 de noviembre de 2013. Ese texto transaccional es un documento de las Cortes Generales firmado por los diputados de los distintos Grupos Parlamentario. De las enmiendas transaccionales aprobadas en el seno de la Cámara durante los debates no se da traslado a los Ministerios. SEXTO: En la tramitación parlamentaria de los Presupuesto Generales del Estado de 2015, se presentó en los Presupuestos Generales del Estado el mismo texto del año anterior, texto que fue modificado por una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. El texto aprobado por el Congreso fue posteriormente enmendado por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV) (nº 4038), haciendo referencia al acuerdo suscrito por el Grupo Parlamentario Vasco y el Ministerio de Hacienda para los PGE de 2014. Este acuerdo no es otro que el texto transaccional acordado por los diferentes Grupos Parlamentarios y aprobado en el Pleno del Congreso el 12 de noviembre de 2013. Por tanto, la referencia al Ministerio de Hacienda debe entenderse hecha al Grupo Popular, ya que los Ministerios no intervienen en los debates parlamentarios. SÉPTIMO: Que, por tanto, en este Centro Directivo no consta “copia del acuerdo suscrito por el Grupo Parlamentario Vasco y el Ministerio de Hacienda para los PGE 2014” al que alude el peticionario al tratarse de un documento de las Cortes Generales firmado por los diputados de los distintos Grupos Parlamentarios. Que la única documentación acreditativa es la facilitada en la resolución emitida por este Centro Directivo el pasado mes de enero. Por tanto, para cualquier información adicional sobre esta enmienda transaccional acordada entre los diferentes Grupos Parlamentarios deberá dirigirse a las Cortes Generales”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. Una vez precisadas las reglas sobre competencia orgánica para dictar esta Resolución, resulta necesario recordar que las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20.1, en lo que atañe a la resolución de las solicitudes de información, que, “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.” Mientras que, por su parte, el apartado 4 del mismo artículo dispone lo siguiente: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.” Dado que la solicitud fue presentada el 4 de agosto de 2017 y la resolución fue dictada el 29 de enero de 2018, cabe concluir que, en el presente caso, el Ministerio no ha cumplido con su obligación de dictar y notificar la resolución en el plazo, de un mes, legalmente establecido. En este sentido, debe recordarse la necesidad de cumplir con los plazos legalmente establecidos a la hora de contestar a las solicitudes de acceso que se le presenten, para facilitar el ejercicio de un derecho de base constitucional como el que nos ocupa y no dilatar en el tiempo el mismo, lo que resulta contrario al espíritu de la LTAIBG, que ha previsto un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del Organismo al que se dirige la solicitud bien porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 4. En el presente caso, el objeto de la solicitud se refería a la obtención de una copia del acuerdo suscrito por el Grupo Parlamentario Vasco y el Ministerio de Hacienda para los Presupuestos Generales del Estado de 2014. A estos efectos, el Ministerio, mediante su Resolución de 29 de enero de 2018, informaba al ahora reclamante que el contenido del artículo 20.3 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, al que se refería el citado acuerdo, fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados en fecha 12 de noviembre de 2013 en virtud de enmienda transaccional con el apoyo mayoritario de distintos Grupos Parlamentarios. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio concedía el acceso a aquella documentación obrante en su poder, la cual se encontraba disponible públicamente en los enlaces webs facilitados en el texto de su Resolución. De conformidad con lo sostenido por el ahora reclamante, los enlaces facilitados redireccionaban a: - Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 29 de octubre de 2013, que contenía las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014; - Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (Pleno y Diputación Permanente) que contenía el acta de la sesión plenaria núm. 146 celebrada el 12 de noviembre de 2013, así como parte de los Dictámenes de Comisiones sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014; - Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado), de fecha 27 de noviembre de 2014, que contenía las enmiendas, números 3501 a 4078, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Por su parte, en fase de alegaciones, el Ministerio indicaba no disponer del referido acuerdo al derivar este de una enmienda transaccional (aprobada entre los miembros de diversos Grupos Parlamentarios en el Pleno del Congreso en fecha 12 de noviembre de 2013), de las cuales no se da traslado a los Ministerios. De este modo, una vez indicado lo anterior, el Ministerio indicaba que la solicitud de información debía dirigirse a las Cortes Generales. 5. Advertido lo anterior, es preciso realizar una serie de consideraciones. En primer lugar, y como ya se indicara, el concepto de información pública se refiere a aquella información, contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que existiendo en el momento en que se formule la solicitud, se encuentre en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título al haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Así, de lo obrante en el expediente, no existen indicios de que la información solicitada se encontrase a disposición del referido Ministerio, no obstante lo cual, dicho departamento dictó una resolución de sentido desestimatorio, a pesar de que no se concedía al interesado la totalidad de la información requerida. La segunda consideración a realizar se refiere a lo dispuesto en el artículo 19.1 de la LTAIBG, precepto que prevé: “Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. Pues bien, de la Resolución de 29 de enero de 2018, se extrae que, efectivamente, el Ministerio parecía conocer que la información solicitada se encontraba a disposición de las Cortes Generales. En consecuencia, el Ministerio debió haber redirigido la solicitud de acceso al Congreso de los Diputados y al Senado (se desconoce en concreto en qué cámara fue tramitada la enmienda transaccional), para que fueran éstos los que evacuaran la pertinente contestación al solicitante, circunstancia que no consta se haya producido en el presente supuesto. 6. Por todo lo expuesto, no habiéndose acreditado la aplicación de límites al contenido de la información solicitada, este Consejo de Transparencia entiende que la presente Reclamación debe ser estimada pero por motivos formales, por lo que deben retrotraerse actuaciones al momento de responder la solicitud de información y remitir la misma al competente, en aplicación del mencionado art. 19.1, para que proporcione una respuesta al interesado. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO:ESTIMAR por motivos formales la Reclamación presentada por con entrada el 8 de marzo de 2018, frente a la Resolución de 29 de enero de 2018 del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. SEGUNDO:INSTARal MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, remita la solicitud de acceso de al CONGRESO DE LOS DIPUTADOS y al SENADO para que estos contesten al Reclamante sobre el contenido de su pretensión. TERCERO:INSTARal MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el mismo plazo máximo de 5 días hábiles, confirme a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la realización del trámite señalado en el apartado precedente. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda