Acceso a actas de concesión de medallas y distintivos del Ministerio de Justicia

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 125/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE JUSTICIA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 7 de enero de 2021, la siguiente información: Copia de las Actas aprobadas por el Ministerio de Justicia a favor de , las medallas, cruz, méritos, etc., distintos distintivos, etc. así como el carácter de mismas distinciones (operativas, pensionadas, etc.) desde 1 de enero de 2011 hasta la fecha, con firma e identificación de cada uno de los intervinientes. S/REF: 001-052069 N/REF: R/0125/2021; 100-004864 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Justicia Información solicitada: Actas aprobadas por el Ministerio de Justicia concediendo medallas o distintivos, desde 2011 Sentido de la resolución: Estimatoria parcial Subdirección General de Reclamaciones 2. Mediante resolución de fecha 28 de enero de 2021, el MINISTERIO DE JUSTICIA contestó al solicitante lo siguiente: De acuerdo con lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 del artículo 18 de la Ley 19/2013, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública, que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Una vez analizada la solicitud, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia considera que incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que la finalidad de la ley es controlar la actuación pública y conocer el proceso de toma de decisiones como medio para facilitar la rendición de cuentas de los organi smos públicos frente a los ciudadanos. El objetivo de la solicitud es la entrega de la copia de actas con firma e identificación de cada uno de los intervinientes de la concesión de condecoraciones a las personas que indica en su solicitud. No queda suficientemente claro, en el presente caso, que la inf ormación perseguida por el solicitante tenga como finalidad controlar la actividad pública del Ministerio de Justicia o su organización Interna con el fin de conocer cómo toma las decisiones que le afectan, ni siquiera indiciariamente, por lo que no debe entenderse enmarcada dentro del derecho de acceso a la información pública, contenido en la mencionada Ley de Transparencia. Esta circunstancia, unida a la apreciación de una posible vulneración al derecho a la protección de datos de carácter personal de los datos que se solicitan, determina que se concluya que no existe un interés público en conocer la información solicitada. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 11 de febrero de 2021, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido resumido: La resolución que se impugna en la presente Reclamación incumple la Ley de transparencia y buen gobierno, por: • INFRINGE el derecho de acceso a la Información pública SIN LIMITACIONES DE TIEMPO. • INFRINGE el Derecho de acceso a la información pública en sí misma, que afecta a dos versiones: a).- Tiene carácter público al referirse a la JUSTICIA PÚBLICA. b).- Esta sufragada con los PGE dimanantes de Impuestos Públicos de la Ciudadanía. Primero.- El artículo 18.1 de la LTAIBG alegado por la ahora reclamada, sobre causas de inadmisión “Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. La anterior manifestación del Mº de Justicia es totalmente improcedente por cuanto: 1º.- Esta es la primera Solicitud que el ahora reclamante presenta ante el Mº de Justicia solicitando el acceso a la Información Pública. 2º.- Lo solicitado concuerda fielmente con el requisito del art. 2 de la LTAIBG. 3º.- El Artículo 15 de la LTIBG: "Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado". Lo solicitado por esta parte no contiene datos de los tipificados en los anteriores artículos de la ley de TAIBG. 4º.- la Exposición de Motivos de la ley de Transparencia determina de las «obligaciones de publicidad activa» que tienen los miembros de la Administración «para las funciones que desarrollan, la normativa que se les aplica y su estructura organizativa» Como se puede comprobar ninguna de esas circunstancias se dan en la solicitud de acceso y que la resolución emitida el ministerio de justicia inadmite la solicito de acceso a la información pública presentada por este ciudadano sin justificar las razones tipificadas que le llevan a tomar esa decisión. 5º.- La Ley de Transparencia y Buen Gobierno NO EXIGE EL REQUISITO DE MOTIVAR LA CAUSA de la Solicitud de acceso a la Información pública, así tampoco obliga a ser parte interesada. 6º.- Pero es que, a mayor abundamiento, el propio CGTIG ha informado del derecho de acceder a información económica de organismos públicos;... El derecho de acceso a la información, ¿está limitado a obtener información de carácter organizativo, jurídico o económico, es decir, a las categorías de publicidad activa? No, se puede pedir toda información que tenga el organismo al que se dirige la solicitud, con independencia de la publicidad activa. Por lo cual al Excmo. CTIBG SOLICITO: Admisión del presente ESCRITO-RECLAMACIÓN interpuesto en tiempo y forma, contra resolución de fecha de 21-01-2021, del MINISTERIO DE JUSTICIA, en 001-0502869, INCUMPLIMIENTO de la LTIBG, y en virtud de lo manifestado en el mismo junto con sus copias documentadas se dicte resolución por la que impugnando la que se impugna se reconozca el derecho del solicitante a que se le entregue, a la mayor brevedad, lo debidamente solicitado que se detalla en el ASUNTO de la presente. Entendiéndose por copia documentada probatoria, la copia obtenida de su original, no la mera transcripción de información. 4. Con fecha 11 de febrero de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE JUSTICIA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas, contestando lo siguiente: Por resolución de 28 de enero de 2021, se responde en el sentido de denegar la información solicitada, ya que la información pretendida por el solicitante no tiene como finalidad controlar la actividad pública del Ministerio de Justicia o su organización interna con el fin de conocer cómo toma las decisiones que le afectan, ni siquiera indiciariamente, por lo que no debe entenderse enmarcada dentro del derecho de acceso a la información pública, contenido en la mencionada Ley de Transparencia. Esta circunstancia, unida a la apreciación de una posible vulneración al derecho a la protección de datos de carácter personal en relación con los datos que se solicitan, determina que, se concluya que no existe un interés público en conocer la información solicitada. Estos hechos no quedan desvirtuados por las alegaciones del reclamante y por lo tanto siguen siendo válidos los argumentos que sustentan la contestación a la reclamación. Por lo anteriormente expuesto se solicita a ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que se tengan en cuenta estas alegaciones y se tenga por contestada en tiempo y forma la reclamación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y q ue hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”.. 3. En el caso que nos ocupa, en el que se solicitan las actas aprobadas por el Ministerio de Justicia concediendo medallas o distintivos a dos personas concretas, desde el año 2011, la Administración manifiesta que se trata de una solicitud abusiva, ya que no cumple la finalidad de control de la actuación publica que persigue la LTAIBG, como exige su artículo 18.1 e). Este Consejo de Transparencia no comparte este criterio, atendiendo a los argumentos que se desarrollan a continuación. Con carácter preliminar debe indicarse que existen precedentes tramitados ante este Consejo de Transparencia sobre el asunto objeto de la presente controversia. El acceso a las actas de órganos colegiados ha sido considerado por esta Autoridad Administrativa Independiente como un supuesto de “información p ública” susceptible de configurarse como objeto del derecho de acceso. En este sentido, la doctrina sobre el particular se encuentra sistematizada en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2021, dictada en recurso de casación nº 1866/2020, que fija, en sentido afirmativo, la doctrina casacional respecto a si el derecho de acceso a la información pública permite acceder al contenido tanto de las actas de reuniones como de los acuerdos adoptados por órganos colegiados. En el extenso Fundamento de Derecho Cuarto de la indicada Sentencia, argumenta el Tribunal Supremo lo siguiente sobre el derecho de acceso a las actas: «[…] es cierto, como sostiene la sentencia de instancia, que debe diferenciarse entre las "actas" de las reuniones de un órgano colegiado y sus "acuerdos ". Las primeras contienen una información básica sobre el desarrollo de la sesión en los términos previstos en la Ley 40/2015, como inmediatamente analizaremos. Mientras que los acuerdos reflejan la decisión colegiada adoptada en la reunión y han de contener la motivación de la decisión. Ahora bien, esta distinción no tiene la trascendencia pretendida, no pudiendo compartirse la solución alcanzada en la sentencia de instancia cuando afirma que el deber de confidencialidad afecta también a las actas de las sesiones. A tal efecto argumenta que en las actas se reflejan las opiniones y manifestaciones realizadas por sus miembros en los debates del Consejo de Administración. La conclusión alcanzada solo sería acertada si se parte, como parece dar por supuesto la sentencia impugnada, que las actas de las reuniones de un órgan o colegiado tienen obligación de recoger el contenido íntegro de la discusión y las opiniones y manifestaciones de sus miembros en el proceso de toma decisión. Pero esta premisa no es correcta. Ya la anterior ley de procedimiento administrativo, Ley 30/1992, distinguía en su art. 27 entre el contenido obligatorio y el facultativo de las actas. A tenor de dicho precepto se consideraba contenido obligatorio o necesario del acta: la mención a "los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados" Por el contrario, se consideraba un contenido meramente facultativo, pues solo se incluía a solicitud de los miembros del órgano: "el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable" o "[...] la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma". Y en similares términos se pronuncia la actual Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, reproduciendo este esquema general. Así, el art. 18.1 dispone que "De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados", lo que se corresponde con el contenido necesario del acta. En definitiva, en las actas de las reuniones de un órgano colegiado no se recogen, como contenido mínimo necesario, las discusiones y deliberaciones integras ni las opiniones manifestadas por cada uno de los miembros, sino tan solo "los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados". Sin que la mera referencia genérica a lo que se debatió, y mucho menos al contenido de los acuerdos adoptados en dicha sesión, pueden quedar amparados por la garantía de confidencialidad o secreto de la deliberación. Antes, al contrario, el conocimiento de estos extremos constituye la garantía de que el órgano administrativo trató determinadas materias y las decisiones que al efecto se adoptaron. Es cierto que, al igual que ocurría con la anterior ley de procedimiento, la vigente Ley 40/2015 del Sector público permite incorporar al acta otros extremos, incluida la grabación de la sesión del órgano colegiado o la transcripción integra de la intervención de un miembro, pero este contenido adicional es meramente facultative o debe ser solicitado por el interesado. Así se desprende de los dispuesto en el art. 18. 1 último inciso y en el art. 19.5 de dicha norma. En el primero se dispone: "Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principals de las deliberaciones." (art.18.1) Y en el art. 19.5 se establece: "5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma". En definitiva, de la lectura de tales preceptos no se desprende que las actas de las reuniones de un órgano colegiado incluyan, como contenido mínimo necesario, la totalidad de la deliberación ni las opiniones y manifestaciones integras de cada uno de sus miembros, por lo que su contenido no está, en principio, excluido del conocimiento público al amparo del art. 14.1.k de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, ya que los datos en ella incorporados de forma obligatoria no afectan a la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en la formación de voluntad del órgano colegiado, tal y como ha sido interpretado anteriormente. Por otra parte, el hecho de que en las reuniones del consejo de administración de la autoridad portuaria se aborden cuestiones relativas a la gestión presente y futura del puerto y las estrategias comerciales del mismo (lo que se denomina "informe de gestión") no constituye un inconveniente a la publicidad de las actas, pues con independencia de que no es necesario que el acta refleje los extremos tratados en este punto con tal grado de detalle que ponga en peligro actuaciones futuras, aun en la hipótesis de que el mero conocimiento de determinados extremos tratados pudiera resultar peligroso para la futura actividad empresarial del puerto, la propia Ley de Transparencia permite limitar total o parcialmente (art. 16) la información que se proporciona cuando se pueda poner en peligro los intereses económicos y comerciales (art. 14.h), sin que en este caso haya resultado acreditado este extremo. En definitiva, siguiendo el criterio mantenido anteriormente por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en otras resoluciones que tenían por objeto la materia ahora objeto de controversia –entre otras, las resoluciones R/0217/2017; R/0033/2018; R/0066/2018; y, finalmente, R/0293/2018-, y respaldado por el Tribunal Supremo, entendemos que la presente reclamación ha de ser estimada en este asunto, previa eliminación de los datos de carácter personal que se refieran a la identificación de personas físicas que figuren en las actas y que no formen parte de los órganos de gobierno de los organismos involucrados ni consten en los actos ya publicados, cuya identificación no se estima determinante a la hora del control de la actuación pública, que es la finalidad que persigue la LTAIBG, y de las opiniones y manifestaciones vertidas por sus miembros en las deliberaciones y transcritas en la misma, para no perjudicar la confidencialidad o el secreto requerido en la formación de voluntad del órgano colegiado. 4. Igualmente, hay que hacer una mención especial al apartado de la reclamación que se refiere al acceso a “la firma de cada uno de los intervinientes”. Según el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, es un dato personal toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Entre estos datos se incluye también la firma, que debe quedar oculta. Sobre la firma, se debe citar también el Criterio Interpretativo CI/004/2015, de 23 de julio , suscrito entre el Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos, en el que se concluía que “a) Los organismos y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley deben publicar la identidad de los adjudicatarios de los contratos que suscriban y los convenios con mención a las partes firmantes. b) Tanto el número de DNI como la firma manuscrita tienen la consideración de dato de carácter personal y, por lo tanto, sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. e) Al no tratarse de datos especialmente protegidos ni tener la consideración de meramente identificativos, su publicidad debe ponderarse en atención al interés público que hubiera en su divulgación y a los derechos de los titulares de los datos. d) A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de esta Agencia Española de Protección de Datos, el objetivo de transparencia perseguido por la Ley 19/2013 se cumpliría con la identificación del adjudicatario de un contrato o de los firmantes de un convenio, no contribuyendo a este objetivo la publicación del número de DNI o la firma manuscrita cuando esta no se corresponda a un cargo público en ejercicio de las c ompetencias que tiene conferidas. e) En todo caso se consideraría una buena práctica la supresión de la totalidad de las firmas manuscritas del documento siempre y cuando conste en el documento publicado o que sea objeto de acceso algún tipo de mención que ponga de manifiesto que el original ha sido efectivamente firmado.” https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html Siguiendo este criterio, podemos concluir que tampoco debe concederse el acceso a la firma manuscrita de los intervinientes en las actas, como se solicita. 5. Finalmente, en lo relativo al acceso a condecoraciones, medallas o distintivos, se cita por todos el precedente contenido en el procedimiento R/0413/2018, en el que se solicitaba información sobre el expediente de concesión de la Medalla de Plata al Mérito Policial en 1977 y los méritos que se justifiquen para su concesión, recogidos en ese expediente o cualquier otro documento. La reclamación fue estimada por los siguientes motivos: “En efecto, en la reclamación R/0490/2015 se acordó desestimar el acceso a la información solicitada, coincidente como decimos con la que ahora se solicita, en base a argumentos que, por economía procesal, damos aquí por reproducido. No obstante, también ha de señalarse, como bien conoce el MINISTERIO DEL INTERIOR al ser el precedente un expediente que también le concernía, la resolución dictada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue recurrida y objeto de dos pronunciamientos judiciales cuya contundencia no puede ponerse en cuestión. Así, la Sentencia nº 162/2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid dictada en el PO 26/2016 razona lo siguiente: “(…) La Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, establece en su artículo sexto las condiciones que han de tomarse en consideración para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, en concreto las siguientes:”...a) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o accidente. b) Participar en tres o más servicios, en los que, mediando agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara herido el funcionario. c) Realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio. d) Observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la Medalla al Mérito Policial, merezca especial recompensa, en consideración a hechos distinguidos y extraordin arios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal...”. El precepto se refiere a actuaciones o conductas ya consumadas y, por lo tanto, no puede darse el riesgo a que hace referencia el Consejo. El beneficiario de la Cruz ya ha resultado herido cuando se le propone para ella, ya ha participado en los tres o más servicios, en los que se produjo agresión con armas, ha realizado el hecho abnegado y ha observado la conducta a que se refiere la ley.(…) La información a la que pretende acceder el demandante es necesaria para comprobar si se han cumplido las previsiones normativas para la concesión de la recompensa y, en consecuencia, para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad que a estos efectos se le reconoce sin incurrir en arbitrariedad y, finalmente, quien la solicita tiene reconocida su intervención en el proceso y representa y defiende los intereses profesionales de los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que la ponderación a que se refiere el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, se resuelve en la clara procedencia de que se conceda el acceso solicitado, que tiene por objeto una información pública con relevancia de la misma naturaleza pues, entre otras cosas, tiene trascendencia presupuestaria, ajustándose a los criterios establecidos en el precepto. En el preámbulo de la Ley 5/1964 se afirma que se modifica la normativa vigente a fin:”...de disponer de un instrumento legal adecuado, dotado de la necesaria flexibilidad que permita premiar a quienes observen las virtudes de patriotismo, lealtad y entrega al servicio en el más alto grado, y que, al mismo tiempo, fomente la interior satisfacción y estímulo en todos los funcionarios de la Policía Gubernativa...”, satisfacción y estímulo que difícilmente se pueden alcanzar si se oculta la razón de la concreta concesión las recompensas”. Por otro lado, Recurrida en apelación el indicado pronunciamiento judicial, la Audiencia Nacional, en Sentencia de 17 de abril de 2017 (Recurso de Apelación 13/2017) afirmó lo siguiente: “(…) La sentencia impugnada, en esencia, estima el recurso contencioso- administrativo, anula la resolución impugnada y reconoce la petición de información solicitada al considerar que el sindicato recurrente tiene derecho a obtener la información solicitada, consistente en acceder a los expedientes de las personas que han obtenido las condecoraciones consistente en las propuestas de ingreso en la orden Policial con distintivo rojo previstas en el art.60 de la Ley 5/1964, de 29 de abril, las cuales conllevan el reconocimiento de los derechos económicos correspondientes. SEGUNDO.- Aceptando íntegramente los razonamientos jurídicos expuestos por el órgano Judicial de 1ª Instancia en su acertada sentencia debemos rechazar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, que vienen a ser en esencia, los argumentos expuestos en vía administrativa para denegar el acceso a los expedientes de reconocimiento de dichas condecoraciones. En primer lugar, se afirma el carácter discrecional que tiene el otorgamiento de dichas condecoraciones, conforme a la sentencia de la Sección 5ª de esta Sala de fecha 11 de noviembre de 2015, nº 346. Pero lo cierto es que dicha consideración no desvirtúa los argumentos expuestos por el Juez a quo para otorgar el mencionado acceso a dichos expedientes o historiales policiales, teniendo en cuenta que ni afecta a datos personales de los adjudicatarios de dichos méritos ni tampoco implica que se ponga en situación de inseguridad a dichos beneficiarios, como tampoco que pueda poner en peligro las operaciones iniciadas en las que se han otorgado esos méritos. Tal carácter discrecional no conlleva que el sindicato deje de tener acceso a los mencionados expedientes si ello responde, como ha acreditados a los fines perseguidos por dicho sindicato y tales condecoraciones tiene efectos presupuestarios (…) el art.13 de la Ley de Transparencia 19/2013 lo que obliga es a realizar una adecuada ponderación de los intereses en conflicto; ponderación debidamente realizada por el Juez a quo, en el sentido de que resulta procedente dicho acceso a dichos historiales o expedientes de concesión de dichos méritos policiales. Y en este sentido ha de indicarse que si la Ley 19/2013 ha venido a facilitar y hacer eficaz el derecho a la información de los ciudadanos sin necesidad de motivar la solicitud de información, es decir, la acreditación de un interés legítimo ( art.17.3), como se deducía del viejo art.35.h y 37 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del PAC, lo que no puede entenderse es que la petición realizada por la apelada pueda ser de peor condición bajo la vigencia de la Ley 19/2013 –a la que hubiese tenido acceso, acreditando dicho interés legítimo- que bajo la vigencia de la Ley 19/2013, no siendo ése el espíritu de esta Ley. 5. Teniendo en cuenta lo anterior, no podemos sino concluir que el acceso a los méritos que llevaron a la concesión de una medalla al mérito policial que en numerosos supuestos y sin duda es así en el caso que nos ocupa, conlleva una percepción económica, además de ser avalada por los Tribunales de Justicia puede afirmarse que entronca con el espíritu de la LTAIBG que se recoge en su Preámbulo La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. En este sentido, no puede tampoco dejarse de lado que la ley se basa primordialmente en la rendición de cuentas de los poderes públicos respecto de sus decisiones y que, a este respecto, los ciudadanos están legitimados para pedir información sobre cuestiones y materias que les son de interés. Es indudable que la medalla al mérito policial por la que se interesa la hoy reclamante ha sido objeto de atención no sólo por parte de los medios de comunicación sino por ciudadanos que quieren conocer y, derivado de ello, controlar la actuación pública. Tal es el objeto de la LTAIBG. Así, y tal como afirman los pronunciamientos judiciales destacados, sin perjuicio de la discrecionalidad que puede estar presente en las condecoraciones policiales, la misma no puede convertirse en arbitrariedad y escapar de todo conocimiento y control.” Por tanto, la reclamación ha de ser estimada en este apartado, por no ser abusiva ni resultar de aplicación la causa de inadmisión invocada por la Administración. Por las razones expuestas, procede estimar en parte la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA, de fecha 28 de enero de 2021. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE JUSTICIA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Copia de las Actas aprobadas por el Ministerio de Justicia a favor de , las medallas, cruz, méritos, y distintos distintivos, así como el carácter de mismas distinciones (operativas, pensionadas, etc.) desde 1 de enero de 2011 hasta la fecha. De estas actas deben eliminarse todas las firmas manuscritas, así como los datos de carácter personal que permitan la identificación de personas físicas que figuren en las mismas y que no formen parte de los órganos de decisión involucrados ni consten en los actos ya publicados, cuya identificación no se estima determinante a la hora del control de la actuación pública, que es la finalidad que persigue la LTAIBG, y de las opiniones y manifestaciones vertidas por sus miembros en las deliberaciones y transcritas en la misma, para no perjudicar la confidencialidad en el proceso de toma de decisiones. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE JUSTICIA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez