Acceso a información sobre la vivienda oficial del titular del Ministerio del Interior

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 119/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la interesada solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 28 de diciembre de 2020, la siguiente información: La vivienda oficial de la que dispone el titular del Ministerio, a saber: 1) Ubicación 2) Metros cuadrados 3) número de estancias y habitaciones. No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de respuesta, el 9 de febrero de 2021, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: S/REF: 001-051743 N/REF: R/0119/2021; 100-004854 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio del Interior Información solicitada: Datos de la vivienda oficial del Ministro Subdirección General de Reclamaciones Realicé una solicitud de información el pasado 28 de diciembre y ni siquiera se ha admitido a trámite, entendiendo la respuesta como silencio administrativo. Aprovechando la reclamación, se recuerda al Ministerio del Interior la obligación de conceder el acceso a la información debido al carácter público de la viv ienda, sufragada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (incluyendo IBI y suministros), y se detalla que otros ministerios como Transportes, Exteriores o Agricultura ya han procedido a la concesión del acceso. 3. Con fecha 11 de febrero de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. No consta respuesta del Ministerio en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Consejo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho - a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte ”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. En el caso que nos ocupa, se constata también la falta de respuesta por parte del órgano a la solicitud de alegaciones formulada por el Consejo de Transparencia. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante. 4. En cuanto al fondo del asunto, se pide acceso a la información relativa a la vivienda oficial de la que dispone el titular del Ministerio, a saber: 1) Ubicación 2) Metros cuadrados 3) número de estancias y habitaciones. Lo primero que debe ponerse de manifiesto es que el Ministerio del Interior, pese a no haber respondido en el trámite de alegaciones, en oficio remitido a este Consejo en fecha 27 de abril, indica que carece de legitimación pasiva y que por ello ha realizado la solicitud de cierre de este expediente desde la Unidad de Información y Transparencia. Sin embargo, tratándose de una reclamación presentada frente a la falta de respuesta del Ministerio del Interior a una solicitud de información presentada a través del Portal de Transparencia solicitando información acerca de la vivienda oficial de la que dispone el titular del Ministerio, no podemos aceptar esta argumentación. 5. A continuación, debe indicarse que esta misma cuestión, planteada por la misma reclamante ante otro departamento ministerial distinto, ha sido ya resuelta en varios procedimientos de reclamación, entre los que cabe citar el procedimiento R/0098/2021,en el que razonábamos lo siguiente: “En consecuencia, si bien extemporáneamente, el Ministerio ha proporcionado toda la información que desde el punto de vista de la LTAIBG se puede considerar que entra dentro del ámbito del derecho de acceso y no está afectada por alguno de los límites previstos en su artículo 14. A este respecto, se ha de señalar que el acceso a la información pública consistente en si el titular de un Ministerio dispone de vivienda oficial y cuáles son sus dimensiones resulta plenamente coherente con las específicas finalidades legales de someter la acción de los responsables públicos a escrutinio de la ciudadanía y que ésta pueda conocer cómo se manejan los fondos públicos. Menos justificadas desde esta perspectiva se encuentran, en principio, el resto de las informaciones que fueron objeto de la solicitud. El acceso y la eventual divulgación del dato relativo a la ubicación, más allá de la referencia genérica al municipio en el que se encuentra, comportan indudablemente un riesgo para la seguridad y la integridad personal del afectado, bienes y derechos que, salvo circunstancias muy excepcionales, prevalecerán frente al escaso peso del interés público en conocer su concreto emplazamiento. Por otra parte, si bien la información relativa al tamaño de la vivienda puede tener cierta importancia desde el punto de vista de la fiscalización por la ciudadanía del gasto público, conocer el “número de estancias y habitaciones” tiene mucho menor valor para satisfacer los fines de la LTAIBG en la medida en que se trata de un dato meramente circunstancial, dependiente de la distribución propia de cada vivienda. Por otra parte, se ha de indicar que el hecho de que otros departamentos ministeriales hayan facilitado más o menos información no constituye un parámetro válido para determinar cuál es el verdadero alcance del derecho de acceso reconocido en la LTAIBG, para lo cual éste consejo únicamente ha de guiarse por el contenido objetivo de los enunciados legales y la interpretación que, en su caso, les hayan otorgado los órganos judiciales.” En el caso que nos ocupa, a diferencia del caso expuesto, no se ha proporcionado información alguna a la reclamante, por lo que procede estimar parcialmente la presente reclamación en la medida en que la LTAIBG ampara su derecho a conocer la información solicitada relativa a los metros cuadrados de la vivienda oficial de la que dispone el titular del Ministerio. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: x Metros cuadrados de la vivienda oficial de la que dispone el titular del Ministerio. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez