Solicitud de relación de cargos y empleados públicos que disfrutan de viviendas gratuitas propiedad del Estado y resultado favorable por motivos formales

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 112/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE JUSTICIA, a través del Portal de la Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fecha 17 de enero de 2019, la siguiente documentación: Quisiera acceder a la relación de cargos y empleados públicos, administrativos y judiciales, que disfrutan de viviendas gratuitas propiedad del Estado, con indicación del título jurídico formalizado al efecto (acto, fecha y órgano autorizante), así como expresión del fundamento jurídico o de las razones que justifican el disfrute de dicho privilegio o prebenda No consta respuesta de la Administración S/REF: 01-032173 N/REF: R/0112/2019; 100-02178 Fecha: 9 de mayo de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Justicia Información solicitada: Cargos que disfrutan de vivienda gratuita Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones 2. Ante esta falta de respuesta, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 19 de febrero de 2019 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en base a los siguientes argumentos: Con fecha de registro del 17 de enero de 2019, solicité ante el Ministerio de Justicia acceso a la relación de cargos y empleados públicos, administrativos y judiciales, que disfrutan de viviendas gratuitas propiedad del Estado, con indicación del título jurídico formalizado al efecto (acto, fecha y órgano autorizante), así como expresión del fundamento jurídico o de las razones que justifican el disfrute de dicho privilegio o prebenda. La Administración requerida ni tan siquiera ha procedido a la tramitación de la solicitud de acceso, no contestando a la misma, con lo que ha de entenderse desestimada por silencio al haber transcurrido más de un mes desde que se formuló. 3. Con fecha 20 de febrero de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE JUSTICIA, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 12 de marzo de 2019, el Ministerio presentó su escrito de alegaciones, en el que señalaba lo siguiente: (…) En relación con la alegación de no se ha contestado a su solitud se ha de señalar lo siguiente: Con fecha 28 de febrero de 2019 se contestó a la solicitud planteada por en el siguiente sentido: Conforme a lo establecido en el apartado Sexto.11 de la Orden JUS/125/2019, de 5 de febrero, sobre delegación de competencias corresponde a la Directora/or General de Relaciones con la Administración de Justicia la au torización y revocación del uso de las viviendas sitos en edificios judiciales. En este sentido a día de hoy, existen 114 viviendas. 45 están desocupadas (22 de ellas se utilizan como almacén o para usos judiciales) Los cargos de las ocupadas son. Abogado Fiscal..............................................2 Fiscal Jefe....................................................16 Letrado............... ... ......................................14 Juez......................................................... .......9 Magistrado...................................................9 Presidente A.P. ...........................................7 Presidente TSJ ............................. 2 Auxilio Judicial ..................................... 4 Tramitación......................................... 2 Limpiadora............................................ 1 Conservador.................................... 3 Los Comunidades donde están ubicadas son: Castillo y León Castilla-La Mancha Extremadura Región de Murcia Ciudad Autónoma de Ceuta País Vasco {hay 32 viviendas que no fueron transferidas) En este sentido, esta Dirección General da por contestada la solicitud con número de registro 001-032173. Y por lo que respecta a la alegación de que no se llegara a tramitar su solicitud, se ha de señalar que sí se ha hecho, pero lo que nos ha trasladado "la Unidad Central del Ministerio de Justicia" que ha podido ocurrir es que al consultar, usted, la aplicación informática no aparecía como que la solicitud se estuviese tramitando, ya que por parte de la Dirección General no se llegó a "aceptar la competencia" y por ello no aparecía que se estuviese tramitando. 4. Teniendo en cuenta este escrito de alegaciones y con fecha 18 de marzo de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Transcurrido el plazo concedido al efecto, el interesado no ha realizado alegaciones a pesar de constar su conocimiento del trámite de audiencia con fecha 19 de marzo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Con estas premisas, debe acotarse el objeto de la presente reclamación únicamente a aquella información que obre en poder de la Administración en el momento de la solicitud de acceso y siempre teniendo como base que la finalidad de la LTAIBG es conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. 3. En primer lugar, y atendiendo a las circunstancias planteadas en los antecedentes de hecho, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Según consta en los antecedentes, la solicitud de información fue presentada con fecha 17 de enero de 2019, por lo que el plazo máximo para resolver finalizaría el 17 de febrero. La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue interpuesta por el interesado el 19 de febrero. Durante la tramitación de la reclamación interpuesta, el MINISTERIO DE JUSTICIA indica que la solicitud de información fue respondida el día 28 de ese mes; fuera, por lo tanto, del plazo máximo legalmente previsto en el art. 20.1 de la LTAIBG antes señalado. En este sentido, cabe recordar que este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o el R/0234/2018) sobre esta ausencia de tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. No obstante lo anterior, consta en el expediente que el MINISTERIO DE JUSTICIA ha contestado la solicitud de información- si bien se ha aportado a este Consejo de Transparencia el contenido de la respuesta pero sin constar que haya sido dictada resolución tal y como preceptúa el art. 21 de la Ley 39/2015 antes mencionada- y que el interesado no se ha opuesto a la respuesta recibida. Por ello, y al igual que en casos similares al presente, en los que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por el art. 20 de la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entendemos que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. Por lo tanto, la presente Reclamación debe ser estimada pero por motivos formales, dado que la contestación se ha producido una vez transcurrido sobradamente el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por , con entrada el 19 de febrero de 2019, contra el MINISTERIO DE JUSTICIA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda