Solicitud de índices y actas del Consejo de Ministros y Comisiones Generales de Secretarios de Estado y Subsecretarios

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 100/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 9 de enero de 2019, a través del Portal de la Transparencia y al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: - Todos y cada uno de los índices negros de las Comisiones Generales de Secretarios de Estado y Subsecretarios celebradas desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, e incluidos los asuntos retirados del orden del día. - Todos y cada uno de los índices verdes y rojos de los Consejos de Ministros y de las Reuniones de Secretarios celebrados desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, e incluidos los asuntos retirados del orden del día. S/REF: 001-031942 N/REF: R/0100/2019; 100-002159 Fecha: 9 de mayo de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad Información solicitada: Índices y actas Consejo de Ministros Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones - Todas y cada una de las actas definitivas de los Consejos de Ministrados celebrados desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, e incluidos los asuntos retirados del orden del día. No consta respuesta 2. Mediante escrito de entrada el 12 de febrero de 2019, el reclamante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: 1. El artículo 20.4 de la Ley 19/2013 establece que “transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Teniendo en cuenta esto, el criterio interpretativo CI/001/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno señala que “la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”. 2. Respecto al contenido de la solicitud de acceso a la información, tanto los órdenes del día como las actas del Consejo de Ministros son unos documentos de indudable interés público, como así lo ha dictaminado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y que ya han sido facilitados en ocasiones anteriores. Dado que estos antecedentes jurídicos no han cambiado, los órdenes del día y actas solicitados han de ser facilitados también en esta ocasión. 3. Con fecha 14 de febrero de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD a través de la Unidad de Información de Transparencia competente al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Con fecha 8 de marzo de 2019 tuvo entrada escrito de alegaciones en el que se señalaba lo siguiente: (…) El 21 de enero de 2019 se recibió en la Subsecretaría de la Presidencia petición de acceso a la información pública formulada por por la que se solicita(…) II.- Una vez analizada la solicitud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el 14 de febrero se acordó ampliar el plazo para resolver, que fue notificado al interesado el 15 de febrero. Se anexa copia de la ampliación de plazo a la que se hace mención. En contestación a la reclamación presentada por , se formulan las siguientes ALEGACIONES: PRIMERA- La solicitud del interesado se recibió en la Subsecretaría de la Presidencia el 21 de enero de 2019, momento a partir del cual empieza a contar el plazo de un mes para su resolución previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20.1 de la citada Ley 19/2013, el 14 de febrero del año en curso se acordó ampliar en un mes adicional el plazo para resolver dada la complejidad y el volumen de lo que se pide, y se comunicó esta circunstancia al solicitante. SEGUNDA.- No procede que prospere la reclamación formulada por el reclamante al no haber transcurrido el plazo del que dispone el órgano competente para resolver, que se producirá el próximo 21 de marzo. 4. En atención a estas alegaciones y con fecha 11 de marzo de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Dichas alegaciones tuvieron entrada el 12 de marzo de 2019 e indicaban lo siguiente: 1. El inicio de la tramitación del expediente con fecha de 21 de enero me fue notificada el 12 de febrero, tras poner la reclamación consiguiente ante el CTBG al no tener conocimiento de la misma y, por tanto, ser de aplicación el silencio administrativo previsto en el artículo 20 de la Ley 19/2013, tal y como se puede ver en el documento adjunto. En este sentido, cabe recordar que el artículo 103.1 de la Constitución Española señala que "a Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho". En este caso, la eficacia de la Presid encia del Gobierno ha brillado por su ausencia.. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En cuanto a la cuestión planteada en el presente expediente, debe comenzarse realizando una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar las solicitudes de acceso a la información. Así, el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Según ha quedado recogido en los antecedentes de hecho, el interesado realizó su solicitud de acceso a la información con fecha 9 de enero sin que, a pesar de la claridad de la materia en la que se encuadra la misma- actividad relacionada con el Consejo de Ministros- y los antecedentes de solicitudes- y reclamaciones tal y como consta a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno- sobre las mismas cuestiones, no fue sino hasta el 21 de enero de 2019 que dicha solicitud tuvo entrada en la Subsecretaría del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD, tal y como la mencionada unidad reconoce. Asimismo, el artículo 21 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece lo siguiente: En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Consta en el expediente documento aportado por el reclamante en el trámite de audiencia referido en el antecedente de hecho nº 4, denominado comunicación de comienzo de la tramitación, de fecha 12 de febrero de 2019, en el que se indica al interesado que Con fecha 21 de enero de 2019 su solicitud de acceso a la información pública con número 001-031942, está en Subsecretaria MPR del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, centro directivo que resolverá su solicitud. A partir de la fecha indicada, ha comenzado el cómputo del plazo de un mes para contestar a su solicitud previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Por otro lado, consta también en el expediente porque ha sido aportado por la Administración, documento firmado el 14 de febrero de 2019 por la responsable de la Secretaria General Técnica-Dirección del Secretariado del Gobierno del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD con el siguiente tenor: Una vez analizada la solicitud, se ha podido comprobar que el volumen y la complejidad de la información que se solicita – todos y cada uno de los Índices Negros de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, e Índices Rojos y Verdes desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2018 y Actas del Consejo de Ministros desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2018 - hacen necesario la ampliación en otro mes del plazo previsto para resolver desde la recepción en el órgano competente, lo que se le comunica de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No consta en el expediente la fecha de la notificación de la mencionada comunicación al interesado. Respecto de la ampliación del plazo para resolver una solicitud de información debe atenderse, además de al Criterio Interpretativo aprobado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el art. 38.2 a) de la LTAIBG- Criterio 5 de 2015, a lo ya indicado por este Organismo en diversas resoluciones, como la R/0542/2017, en la que se razona lo siguiente: “Lo que este precepto no permite es ampliar el plazo únicamente para disponer de más tiempo para preparar la resolución denegatoria del acceso, que es precisamente lo que ha ocurrido en el presente caso. La ampliación del plazo tiene sentido siempre y cuando se necesite más tiempo para buscar la información o la documentación requerida por ser necesaria la ampliación para encontrarla y ponerla a disposición del solicitante; es decir, por tener que realizar labores reales para identificar los informes donde puede estar archivado el expediente o en las propias bases de datos, porque afecta a un número muy importante de documentos y tiene que realizarse una búsqueda de los mismos que excede del tiempo de un mes o porque la entrega de documentos requiere de procesos de escaneo y anonimización importantes. Todo ello, con la intención de recabar efectivamente la información o documentación requeridas para entregársela al solicitante. En el presente caso, la Administración simplemente ha realizado un análisis intelectual y jurídico de la solicitud y ha entendido que debería realizar unas labores que no está dispuesta a asumir, para lo cual no necesitaba ampliar el plazo de contestación, ya que la contestación, tal y como ha sido realizada, pudiera haberla hecho en un plazo mucho más breve de tiempo, siempre dentro de ese mes inicial. A este respecto, y como este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya puso de manifiesto en el criterio interpretativo nº 5 de 2015, la situación de volumen o complejidad de la información a la que la LTAIBG vincula la ampliación del plazo para resolver debe quedar debidamente justificada.” 4. Teniendo en cuenta lo indicado en el fundamento jurídico anterior, procede indicar lo siguiente: - Se produjo una tardanza a nuestro juicio excesiva e incompatible con el procedimiento ágil al que se refiere el Preámbulo de la norma en la remisión de la solicitud al órgano competente para resolver. Dicho retraso no parece compatible con la salvaguarda de un derecho de anclaje constitucional que debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia (Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el PO38/2016) y cuya protección y garantía, por lo tanto, ha de tener en cuenta esta naturaleza. - A pesar de que la entrada en el órgano competente se produjo el 21 de enero, la comunicación al interesado de esta circunstancia y, por lo tanto, del momento en el que debía entender que comenzaba el cómputo del plazo máximo para resolver previsto en el art. 20.1 de la LTAIBG, no se realizó hasta el 12 de febrero. Esta fecha coincide con la de presentación de la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. - El acuerdo de ampliación del plazo para resolver en el que se fundamenta la Administración para entender que el interesado presentó reclamación antes de la expiración del plazo máximo para resolver fue firmado el 14 de febrero de 2019, es decir, con posterioridad a la presentación de la reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el mismo día en que el expediente fue remitido a la Unidad de Información de Transparencia del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. En este sentido, consta en el expediente que el requerimiento efectuado por este Consejo de Transparencia referenciado en el antecedente de hecho nº 3 fue realizado a las 15:05 del 14 de febrero de 2019, la comparecencia a dicho requerimiento fue ese día a las 16:33 mientras que el acuerdo de ampliación del plazo para resolver fue firmado el mismo 14 de febrero de 2019 a las 21:44. Por lo tanto, a nuestro juicio, en el momento de presentar la reclamación, la solicitud de información había sido desestimada por resolución presunta en aplicación de lo previsto en el art. 20.4 de la LTAIBG. 5. Así las cosas, y en cuanto al fondo de la cuestión debatida, esto es, información sobre las reuniones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios así como del Consejo de Ministros, ha de destacarse que el acceso a información de la misma naturaleza ya fue analizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en los expedientes R/0338/2016 o R/0389/2017 en los que se concluía con la estimación de la reclamación. Los argumentos de ambas resoluciones se dan aquí por reproducidos. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2017.html Por lo tanto, en atención a los antecedentes obrantes, en lo que consta que se ha proporcionado información idéntica a la que es objeto de solicitud en el presente expediente y a la inexistencia a nuestro juicio de límites o causas de inadmisión que pudieran considerarse de aplicación- y que, por otro lado, no han sido alegadas por la Administración, la presente reclamación ha de ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 12 de febrero de 2019, contra el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, proporcione al interesado la siguiente documentación . - Todos y cada uno de los índices negros de las Comisiones Generales de Secretarios de Estado y Subsecretarios celebradas desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, e incluidos los asuntos retirados del orden del día. - Todos y cada uno de los índices verdes y rojos de los Consejos de Ministros y de las Reuniones de Secretarios celebrados desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, e incluidos los asuntos retirados del orden del día. - Todas y cada una de las actas definitivas de los Consejos de Ministrados celebrados desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, e incluidos los asuntos retirados del orden del día. En caso de que el acceso a dicha información haya sido facilitado en el transcurso de la tramitación de la presente reclamación, debe acreditarse debidamente dicha circunstancia. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, proporcione a este Consejo de Transparencia copia de la información remitida al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda