Acceso al número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil 2019-2020

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 099/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 7 de enero de 2020, la siguiente información: -Número de efectivos disponibles tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil a fecha de 1 de enero de 2020, desglosados por provincias. -Número de efectivos disponibles tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil a fecha de 1 de enero de 2019, desglosados por provincias. 2. Mediante resolución de 15 de enero de 2020, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó al solicitante lo siguiente: S/REF: 001-039677 N/REF: R/0099/2020; 100-003443 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio del Interior Información solicitada: Número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil 2019-2020 Subdirección General de Reclamaciones Las cifras de efectivos disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fecha 1 de enero de 2020, se encuentran en proceso de elaboración. Una vez finalizada dicha elaboración, se publicarán en el correspondiente Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a enero de 2020. El enlace al citado boletín se publicará en la página web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública: Los efectivos disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fecha 1 de enero de 2019, se encuentran publicados en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Registro Central de Personal, Enero 2019), que se encuentra en la dirección web l semestral 201901 completo.pdf.pdf La información requerida se encuentra recogida en las siguientes páginas del citado Boletín: - Página 27, tabla 1.1, Total efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. - Página 30, tabla 1.5, Total efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional). - Página 37, tabla 1. 7, Distribución territorial de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (por Comunidades y Provincias). Se adjunta en formato PDF Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a enero de 2019. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 11 de febrero de 2020, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en base a los siguient es argumentos: Me doy por contestado respecto al dato de 2019 (me remiten a la memoria del año pasado), pero no puedo dar por bueno que la respuesta respecto al dato de 2020 sea que está en proceso de elaboración. ¿La base de datos de ambos Cuerpos le impide saber cuántos funcionarios hay? ¿No sabe a cuántas personas le pagó nómina a finales de diciembre de 2019? Es difícil entender esta explicación, por lo que ruego al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que trámite esta reclamación e inste al Ministerio del Interior a facilitar el dato requerido a la composición de ambas plantillas a 1 de enero de 2020. 4. Con fecha 13 de febrero de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. La respuesta a la solicitud de alegaciones tuvo entrada el 20 de febrero de 2020 y señalaba lo siguiente: Con respecto a las cifras de efectivos de Policía y Guardia Civil a fecha de 1 de enero de 2020, se está en el caso incluido en el artículo 18.a) de la vigente Ley 19/2013, que indica: "Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general", dado que dicha información todavía se encuentra en proceso de elaboración y será publicada una vez finalizada ésta, de forma oportuna, en el correspondiente Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato legal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la Administración entiende que la información relativa al número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil a fecha 1 de enero de 2020 está aún en fase de elaboración y no puede ser entregada, siendo por lo tanto de aplicación la causa de inadmisión del articulo 18.1 a) de la LTAIBG que señala que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Como sucede en todos aquellos casos en que se invoquen causas de inadmisión, y tal y como hemos señalado de forma reiterada desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hay que justificar suficientemente la procedencia de su aplicación. En este sentido, debe recordarse la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el marco del recurso de casación nº 75/2017 y que razona lo siguiente: “Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.” (…) “las limitaciones contempladas en el artículo 14 de la Ley 19/2013, lo mismo que sucede con las causas de inadmisión de solicitudes de información que enumera el artículo 18, deben ser interpretadas de forma estricta y partiendo de la premisa de que el derecho de acceso a la información aparece configurado en nuestro ordenamiento con una formulación amplia, de manera que sólo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas.” (…)Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley. En el caso que nos ocupa y como consta en la documentación obrante en el expediente, la Administración se limita a invocar la causa, pero no la justifica mínimamente y, por lo tanto, consideramos que no se cumple con esa aplicación restrictiva y justificada de las causas de inadmisión y límites al derecho de acceso que ha sido establecida por los Tribunales de Justicia. 4. Por otro lado, no queda claro de la respuesta proporcionada por la Administración si la información que está en fase de elaboración es el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente al último semestre de 2019 o los propios datos que se solicitan a 1 de enero de 2020- a pesar de que la solicitud de información fue presentada el 7 de enero y, como afirma el reclamante, resulta cuanto menos extraño que no se conozca el personal en servicio al que, lógicamente, en la fecha de la solicitud ha debido de serle abonada las retribuciones correspondientes a diciembre de 2019-. El “Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas” (BEPSAP) tiene como objetivo presentar la información que facilite el conocimiento de los efectivos al servicio de las distintas Administraciones Públicas. Comenzó a publicarse en 1990, tiene carácter semestral y es elaborado por el Registro Central de Personal (RCP). Se incluye el personal al servicio de las Administraciones Públicas que prestan servicio en la Administración Pública Estatal (Administración General del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y Entidades Públicas Empresariales y Organismos Públicos con régimen específico); las Administraciones de las Comunidades Autónomas; la Administración Local (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares) y las Universidades. En este caso, es claro que este Boletín no estaría disponible en enero de 2020, fecha de la solicitud de acceso, pero ello no es motivo para aplicar la causa de inadmisión invocada, ya que los datos concretos que se piden podrían estar fácilmente en poder de la Administración aunque no hayan sido aún publicados. Así, es diferente que no esté disponible el Boletín y a que no lo estén los datos. Como se razonaba en el expediente R/0324/2018 , entiende este Consejo de Transparencia que la causa de inadmisión del artículo 18.1 a) debe entenderse relacionada con el hecho de que la información está elaborándose o cuya publicación general está siendo preparada. Lo que está implícito en esta causa de inadmisión es que la información aún no está elaborada (por lo que no se incluiría dentro del propio concepto de información pública del artículo 13 de la LTAIBG) o que la misma va a ser publicada de tal manera, que, en un plazo de tiempo razonable, pueda ser accesible con carácter general. Asimismo, Debe tenerse en cuenta que, según ya ha dictaminado este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (por ejemplo, en la resolución R/0117/2017 ), no debe confundirse información en curso de elaboración con expediente en desarrollo o tramitación. Así, en el precedente mencionado se razonaba lo siguiente: “Argumenta el Ministerio que el Estudio Informativo solicitado se quedó en curso de elaboración y no llegó a ser culminado, dándose por finalizado antes de que llegara a formarse; no se llegó a culminar la redacción del estudio informativo y por tanto no existe un documento validado por el Ministerio de Fomento, ni siquiera para el trámite de información pública que debería realizarse de forma previa a la aprobación del proyecto. A juicio de este Consejo de Transparencia, no resulta de aplicación, al presente caso, esta causa de inadmisión de la solicitud, dado que no debe confundirse información acabada con información pública del artículo 13 de la LTAIBG, relativa a documentos o contenidos. Asimismo, aquélla está pensada para inadmitir aquellas solicitudes de acceso a la información/documentación que no están aún acabadas, pero que han de estarlo próximamente, razón por la que se entiende que están todavía en fase o en curso de elaboración o de publicación. Es decir, podría plantearse que carece de esa condición de contenido o documento en poder de un organismo público sujeto a la LTAIBG al que se refiere el artículo 13 de la norma, precisamente porque es información inacabada.” 5. En el presente caso, el MINISTERIO DEL INTERIOR afirma en el escrito de alegaciones que la información solicitada será publicada una vez finalizada ésta, de forma oportuna, afirmación de la que, implícitamente a nuestro juicio, se desprende que la forma oportuna de acceder a estos datos es, a su juicio, el Boletín estadístico que aún no se ha publicado, pero no la respuesta a la solicitud de acceso a la información planteada. Dada la naturaleza de la información y lo afirmado por la Administración, entendemos que los datos solicitados están disponibles, son, por lo tanto, información pública en el sentido del art. 13 de la LTAIBG y, en definitiva, pueden ser puestos a disposición del reclamante. Y todo ello a pesar de que los datos no se encuentren publicados que, como hemos argumentado, no constituye una condición sine qua non para que sean accesibles. En definitiva, consideramos que no resulta de aplicación el invocado articulo 18.1 a) de la LTAIBG, y que, por lo tanto, ha de estimarse la reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 11 de febrero de 2020, contra la resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR, de fecha 15 de enero de 2020. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 día s hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Número de efectivos disponibles tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil a fecha de 1 de enero de 2020, desglosados por provincias. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda