Acceso a exámenes de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 097/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 16 de enero de 2020, la siguiente información: El examen de auxiliar administrativo 2019 y 2018 del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, Toledo. En su tablón de anuncios se puede ver ambas plantillas de respuestas pero no el examen. 2. Con fecha 5 de febrero de 2020, el MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUBLICA – Subsecretaría-contestó a la solicitante lo siguiente: S/REF: 001-039917 N/REF: R/0097/2020; 100-003441 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Política Territorial y Función Publica Información solicitada: Exámenes de auxiliar administrativo Subdirección General de Reclamaciones De acuerdo con la letra d) del apartado 1 del artículo 18, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. Una vez analizada la solicitud, esta Subsecretaría considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que la información requerida no obra en poder de este órgano. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la letra d) del artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública que ha sido identificada en el párrafo primero de esta resolución. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 10 de febrero de 2020, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente cont enido: El artículo 18. 2 establece que "en el caso que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) se desconoce el órgano competente, DEBERÁ indicar en la resolución que órgano, a su juicio, es competente para conocer la solicitud. 4. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó a la reclamante que las subsanara. Realizada la subsanación, se continuó con el pro cedimiento. 5. Con fecha 18 de febrero de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUBLICA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. La respuesta a la solicitud de alegaciones tuvo entrada el 24 de marzo de 2020, en los siguientes términos: Analizada nuevamente la solicitud inicial presentada por la interesada así como la reclamación interpuesta ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, esta Subsecretaría alega que la información solicitada no obra en poder de ningún órgano de este Departamento puesto que el proceso selectivo aludido fue convocado por el Ayuntamiento de Casarrubios del Monte mediante la publicación de las bases y programa en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 203, con fecha 24 de octubre de 2019 en su página 9. Dicho proceso selectivo tiene un carácter estrictamente municipal al amparo de lo establecido por los artículos 101 y siguientes de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tal y como se deduce de la convocatoria así como de la realidad material del mismo. En relación con la motivación de la reclamación, debe señalarse que la misma se ampara en lo establecido por la Secc 3ª “Régimen de Impugnaciones” del Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en el Preámbulo “se crea una reclamación potestativa y previa a la vía judicial de la que conocerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de naturaleza independiente de nueva creación, y que sustituye a los recursos administrativos”. Así, en virtud de la naturaleza de recurso potestativo previo a la vía judicial, el sentido final de toda reclamación es el de lograr una corrección a la limitación de la información en que pudiera haber incurrido la Administración, no el señalamiento de defectos de forma máxime cuando el acto de resolución cumple con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin sin dar lugar a la indefensión de los interesados tal y como se estipula en el artículo 48 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administ raciones Públicas. Por lo tanto no cabe, a juicio de este centro directivo, la estimación de la reclamación dado que en ella la recurrente alega exclusivamente que no se consignó cuál era el órgano competente para conocer de la solicitud sin entrar a ninguna otra consideración en contrario frente a la resolución y por ello incurre en una desviación del objeto y sentido de las reclamaciones en su regulación vigente. Además, con el objetivo de sustentar la alegación para que no se estime la reclamación presentada contra la resolución 001-039917, esta Subsecretaría hace constar que carecía de toda necesidad la mención explícita sobre cuál es el órgano competente para conocer la solicitud a tenor de los siguientes argumentos. En primer lugar, la interesada señaló explícitamente en su solicitud que la misma refería a un proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Casarrubios del Monte para la provisión de una plaza como funcionario de carrera, categoría auxiliar-administrativo, del propio Ayuntamiento de Casarrubios del Monte. En segundo lugar, la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 203, con fecha 24 de octubre de 2019 en su página 9, estipula de manera clara que los recursos potestativoas de reposición que decidieran presentarse se harán ante “el mismo órgano que ha dictado la resolución”, a saber, el Alcalde de Casarrubios del Monte. Es decir, que esta Administración es la única competente para conocer del proceso selectivo. En tercer lugar, el apartado 8.4 de las mencionadas bases de convocatoria establece que “una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios” en el Boletín Oficial de la provincia de Toledo sino “en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte” lo cual sentencia claramente que es dicho Ayuntamiento al que debe dirigirse la recurrente a fin de obtener la información solicitada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. A continuación, y toda vez que es una de las cuestiones que se plantean en el escrito de alegaciones presentado por la Administración, deben hacerse unas reflexiones sobre la naturaleza jurídica de la reclamación potestativa a que alude el artículo 24 de la LTAIBG. Esta reclamación tiene, según su artículo 23, la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este precepto ha sido sustituido por el actual artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala que “1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley.” Por su parte, el apartado primero del art. 24 de la LTAIBG señala lo siguiente: Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Para el Ministerio, en virtud de la naturaleza de recurso potestativo previo a la vía judicial, el sentido final de toda reclamación es el de lograr una corrección a la limitación de la información en que pudiera haber incurrido la Administración, no el señalamiento de defectos de forma, máxime cuando el acto de resolución cumple con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin sin dar lugar a la indefensión de los interesados tal y como se estipula en el artículo 48 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No podemos compartir este razonamiento. El objeto de la reclamación es analizar la resolución expresa o presunta en materia de acceso, derivado de los artículos 20.5 y 24.1 de la LTAIBG. En el caso de resolución expresa, ésta puede ser recurrida tanto si es de inadmisión o desestimatoria, como si es estimatoria, total o parcialmente. Además, en el caso de resoluciones estimatorias, cabe recurrir también no sólo la decisión sobre la información pública a la que se tiene derecho a acceder, sino también la decisión sobre el modo de materialización del acceso y el formato mismo de la información. También es recurrible el acto por el que se tiene por desistido al solicitante, supuesto contemplado en el artículo 19.2 LTAIBG, así como cualquier otro acto de trámite que impida continuar el procedimiento, produzca indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, por aplicación supletoria del artículo 112.1 de la LPAC. En el caso que nos ocupa, la reclamación se realiza por una aplicación no correcta de la causa de inadmisión en la que se fundamenta la resolución recurrida y que ha devenido, según la interesada, en defectos en la tramitación de la solicitud de acceso. A nuestro juicio, y tal y como hemos señalado, se trata de una reclamación cuyos argumentos quedan amparados por lo dispuesto en la norma. 4. Sentado lo anterior, hay que analizar el contenido del artículo 18.1 d) de la LTAIBG, invocado por la Administración en su resolución y que establece que 1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente En relación a dicha causa de inadmisión, el apartado 2 del art. 18 dispone que en el caso que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) se desconoce el órgano competente, deberá indicar en la resolución que órgano, a su juicio, es competente para conocer la solicitud. En atención a la literalidad de los preceptos señalados y en los que se basa la inadmisión de la solicitud de información, no podemos dejar de advertir, tal y como lo hemos hecho en expedientes anteriores (por todos, se señala la R/0235/2018), que la premisa para que la causa de inadmisión invocada sea de aplicación es el desconocimiento del competente para tramitar la solicitud de información- desconocimiento del que, por otro lado, deriva lo señalado en el apartado segundo acerca de la indicación del órgano que, a juicio del receptor de la solicitud de información, pudiera ser el competente-. En este sentido, la previsión de esta causa de inadmisión obedece a la lógica de que difícilmente se puede dar acceso a información de la que no se dispone en el órgano al que se solicita. De igual forma, a los efectos de orientar al interesado en su solicitud, la LTAIBG indica que la aplicación de dicha causa de inadmisión vaya acompañada de la indicación del organismo o entidad que podría disponer de la información. Por otro lado, y en caso de que se reciba una solicitud referida a información de la que se carece pero sí se conoce el competente- como ocurre a nuestro juicio en este caso-, el art. 19.1 de la LTAIBG dispone que Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. Así, como ya hemos afirmado en otros expedientes, si bien es cierto que puede alegarse cierta contradicción entre la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 d) y el acto de trámite del art. 19.1, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es claro en su postura pro actione a favor del ciudadano y, por lo tanto, en considerar que la causa de inadmisión sólo debería aplicarse en supuestos de claro desconocimiento del organismo competente. De igual forma, la causa de inadmisión del art. 18.1 d), por su condición de finalizadora del procedimiento, debe interpretarse con ese carácter restrictivo al que también hace referencia el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, en el sentido de que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) 5. Dadas las circunstancias planteadas en el caso que nos ocupa, no podemos compartir que la aplicación de la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 d) sea correcta. Y ello por cuanto ha quedado comprobado que el MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, en atención a los términos de la solicitud de información sí conocía el órgano competente para tramitarla, por lo que debería haber procedido a remitírsela e informar de ello a la interesada. En efecto, de las manifestaciones realizadas por la Administración en el presente procedimiento, resulta claro que, aunque no disponga de la información, conoce el órgano al que debe remitirse la solicitud de acceso y, de hecho, lo menciona expresamente: “el Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, lo cual sentencia claramente que es dicho Ayuntamiento al que debe dirigirse la recurrente a fin de obtener la información solicitada”. En definitiva, tal y como hemos argumentado, no es conforme a la LTAIBG derivar a la reclamante al órgano competente para resolver cuando el órgano que recibe la solicitud de acceso lo conoce. Por lo expuesto, consideramos que la reclamación debe ser estimada por motivos formales y, en consecuencia, se deberá retrotraer actuaciones al momento de la respuesta a la solicitud de información y proceder a la remisión de la solicitud de acceso al Ayuntamiento de Casarrubios del Monte en aplicación del ya aludido art. 19.1 de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por con entrada el 10 de febrero de 2020, contra la resolución del MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUBLICA, de fecha 5 de febrero de 2020. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUBLICA a que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, remita la solicitud de acceso recibida al Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, en Toledo, informando de ello a la reclamante. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUBLICA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de las actuaciones practicadas. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda