Solicitud de información sobre condecoraciones a integrantes de la UCO de la Guardia Civil y archivo por desistimiento

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 0096/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 5 de diciembre de 2019, la siguiente información: Fecha de concesión de las condecoraciones a los integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervinieron en la localización del cadáver de y en qué ha consistido dicho reconocimiento profesional. En caso de que no se haya otorgado aún, motivo por el que no se ha formalizado aún y si la dirección de la Guardia Civil baraja una fecha de concesión. S/REF: 001-039095 N/REF: R/0096/2020; 100-003440 Fecha: 5 de marzo de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio del Interior Información solicitada Condecoraciones integrantes de la UCO de la Guardia Civil Subdirección General de Reclamaciones No consta respuesta de la Administración. 2. Con fecha de entrada el 10 de febrero de 2020 el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: El 5 de diciembre de 2018 cursé solicitud de acceso a la información para conocer en qué fecha tuvo lugar la condecoración a los agentes de la Guardia Civil que participaron en el dispositivo que permitió la localización del cuerpo sin vida de y en qué había consistido dicho reconocimiento y, dos meses después, no me han comunicado siquiera la apertura de plazo. Ruego al Consejo de Transparencia que tramite esta reclamación y que inste a la Dirección General de la Guardia Civil a facilitar la información requerida, al entender que no concurre ningún límite al acceso. Para que no haya lugar a la duda, no se pide la identificación de los agentes que eventualmente hubieran sido reconocidos, sino si dicha condecoración se ha producido, la fecha oficial del otorgamiento (si fuera el caso) y el tipo de reconocimiento profesional. 3. Con fecha 13 de febrero de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que pudiera realizar las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada 20 de febrero de 2020, el Departamento ministerial realizó las siguientes alegaciones: Tercero.- Una vez evaluada la reclamación, desde la Dirección General de la Guardia Civil se informa que: “En la actualidad se encuentra en trámite propuesta extraordinaria de condecoración al personal que participó en el marco de la Operación “QUERPU” o, como se ha conocido mediáticamente, el caso todo ello en virtud del artículo 13.4 de la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil, no conociéndose en este momento el sentido de la resolución de dicha propuesta extraordinaria sobre su concesión o no concesión, al no haberse finalizado dicha tramitación.” Cuarto.- Dicho lo anterior, y dado que se aporta en vía de alegaciones la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el art. 82.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se solicita que, por razones de celeridad en este procedimiento se abra el trámite de audiencia al interesado con el fin de que alegue lo que estime pertinente en relación a la información proporcionada. 4. El 21 de febrero de 2020, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo y en aplicación del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Mediante escrito de entrada el mismo 21 de febrero, realizó las siguientes manifestaciones: En aras de la economía procesal, me doy por contestado con la respuesta que la Administración ofrece en el trámite de alegaciones y ruego que se archive la reclamación para evitar trabajo innecesario a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), ya de por sí suficientemente sobrecargado por la evidente falta de funcionarios que arrastra. Ahora bien, me gustaría dejar constancia de la tendencia que empiezo a apreciar claramente en el comportamiento del Ministerio del Interior. No responde en el plazo reglamentario de un mes y trata de dar contestación cuando se le ofrece la posibilidad de alegar para que conste que el departamento sí ha atendido la petición de información. Ello se suma al hecho de que ni ofrezca la información ni recurra en el orden contencioso cuando el CTBG ha estimado varias de mis reclamaciones, lo que cuestiona a las claras que -en contra de lo manifestado esta misma semana por el ministro Fernando Grande- Marlaska en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados- la transparencia sea un eje de la acción de gobierno de este departamento ministerial. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, debe comenzarse realizando una serie de consideraciones formales relativas al plazo en el que una solicitud de acceso a la información debe ser respondida. Según dispone el apartado 1 del art. 20 de la LTAIBG La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el presente supuesto, según consta en el expediente y se ha reflejado en los antecedentes de hecho, la Administración no ha dictado resolución expresa, utilizando la vía de alegaciones al expediente, una vez presentada la reclamación por denegación por silencio, para informar al reclamante. Teniendo ello en consideración, se recuerda al Ministerio que el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Además, y debido a lo manifestado por el reclamante, se considera necesario recordar al Ministerio que el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Precisamente, al objeto de que el solicitante conozca cuándo finaliza el plazo del que dispone la Administración para resolver y notificar. Por todo ello, cabe hacer hincapié en lo indicado en el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en numerosos casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o más recientemente R/0628/2018 y R/017/19 ) sobre la demora en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluc iones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/01.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/03.html de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. En segundo lugar, y en atención a lo indicado por el reclamante en el trámite de audiencia llevado a cabo por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, ya mencionada, según el cual: 1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia el desistimiento expreso del Reclamante, al haber recibido la información solicitada en vía de reclamación y estar conforme con la misma, y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación, ni existiendo causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento de Reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ARCHIVAR la Reclamación presentada por con entrada el 10 de febrero de 2020 contra el MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda