Solicitud de modificaciones de RPTs autorizadas por la CECIR y resultado favorable por motivos formales

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 096/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó , al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 2 de octubre de 2018, la siguiente información: ¿Qué modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo ha autorizado la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) a lo largo del año 2018? Solicito que esta información contenga de forma desagregada, al menos, el ministerio u organismo (Tribunal de Cuentas, CMNV, CNMC, etc.) solicitante, la fecha de su solicitud y la fecha de la autorización de la CECIR. S/REF: 001-029088 N/REF: R/0096/2019; 100-002155 Fecha: 7 de mayo de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Política Territorial y Función Pública Información solicitada: Modificaciones de RPTs autorizadas por la CECIR Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones 2. Mediante Resolución de fecha 12 de diciembre de 2018, la DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA comunicó a la reclamante lo siguiente: Con fecha 14 de noviembre de 2018 esta solicitud se recibió en la Dirección General de la Función Pública, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. (…) Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General considera que la misma incurre en el expositivo precedente toda vez que la información que se solicita ocupa un volumen considerable de documentación y se está trabajando para encontrar la manera más adecuada, eficiente y menos costosa de dar respuesta a la cuestión planteada en el párrafo primero. Se estima que la misma pueda ser atendida, previsiblemente, a lo largo de la primera quincena del mes de enero de 2019. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el art. 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se acuerda ampliar el plazo máximo de un mes para resolver y notificar la solicitud realizada por Fundación Ciudadana Civio. No obstante lo anterior, no consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito de entrada el 11 de febrero de 2019, la reclamante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: 1. Que el 02/10/2018 registramos en el Portal de Transparencia la siguiente solicitud: (…) 3. De acuerdo con la notificación de inicio de tramitación, el 14 de noviembre de 2018 la solicitud fue recibida por la DG de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, momento en el que se daba comienzo al cómputo de plazo de un mes para su respuesta, de acuerdo con el artículo 20.1 de la LTAIBG. 4. En un documento del 12 de diciembre, el Director General de Función Pública, XXX, notificó la ampliación de plazo, de acuerdo con el artículo con el artículo 20.1 de la LTAIBG debido al volumen o complejidad de los datos solicitados. Se justificó esta aplicación de la siguiente manera: (…) 5. Sin embargo, pasado el 14 de enero, fecha máxima para contestar a nuestra solicitud, aún no se ha tenido respuesta de este expediente, por lo que la solicitud de derecho de acceso a la información pública ha recaído en silencio administrativo. 6. Entendemos que la información que se solicita no incurre en ninguno de los límites al derecho de acceso contemplados en la LTAIBG. Por tanto, de acuerdo con el artículo 24.2 de la Ley de Transparencia, estamos en plazo para presentar nuestra reclamación por la denegación al acceso a la información pública solicitada. 4. Con fecha 13 de febrero de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, a través de su Unidad de Información de Transparencia, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada 13 de marzo de 2019 la DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA contestó lo siguiente: Al respecto se informa que, debido al elevado volumen de la documentación recopilada y a un proceso de tratamiento de la información solicitada técnicamente costoso, se han finalizado los trabajos más tarde de lo inicialmente previsto, por lo que una vez concluidos los mismos se envía archivo en formato “.zip”, entendiendo satisfecha la solicitud de acceso presentada. 5. El 18 de marzo de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que haya presentado ninguna en el plazo concedido al efecto, constando la notificación el 19 de marzo de 2019. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, este Consejo de Transparencia debe hacer una consideración de carácter formal relativa al plazo en que debe resolverse una solicitud de acceso a la información. Según dispone el artículo 20.1 de la LTAIBG La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Según lo indicado en el Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. En el presente caso, conforme consta en el expediente y se ha recogido en los antecedentes la Administración comunicó a la interesada que la solicitud de información tuvo entrada en el órgano competente para resolver el 14 de noviembre de 2018, cuando la solicitud de información había sido correctamente presentada a través del Portal de Transparencia el 2 de octubre de 2018, es decir, tardó prácticamente mes y medio en llegar al organismo competente, sin justificación alguna. En este sentido, se recuerda que la Administración debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para conseguir que las solicitudes de acceso a la información que se le presente lleguen al órgano encargado de resolver de la manera más rápida posible, para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. A todo lo anterior, hay que añadir que, además del retraso inicial mencionado, la Administración acordó la ampliación del plazo en un mes para resolver debido al volumen y complejidad de la información solicitada (motivo que se entiende justificado), por lo que el nuevo plazo para resolver finalizaba el 14 de enero de 2019, fecha en la que tampoco se facilitó la información solicitada. La documentación soliictada no se puso a disposición de la Fundación hasta la presentación de alegaciones en vía de reclamación (el 13 de marzo de 2019), a pesar de que la reclamación ante este Consejo de Transparencia se presentó el 11 de febrero de 2019, bastante después de finalizar el plazo para resolver ya ampliado. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en numerosos casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o más recientemente R/0628/2018 y R/017/19 ) sobre la demora en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, algo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/01.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/03.html humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Teniendo en cuenta lo anterior, en casos como éste, en que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación de la Administración se ha producido una vez transcurrido el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites, teniendo en cuenta, además, que conocida la información por la interesada no ha puesto objeción alguna a la misma. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO, con entrada el 11 de febrero de 2019, contra el MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda