Acceso a expedientes disciplinarios por filtración de informes policiales a medios de prensa

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 089/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 13 de diciembre de 2019, la siguiente información: Expedientes de responsabilidad disciplinaria incoados por la filtración de informes policiales a medios de prensa realizados por la DGP desde 2018 a la actualidad. 2. Mediante resolución de 14 de enero de 2020, la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (MINISTERIO DEL INTERIOR) contestó a la interesada lo siguiente: Una vez recibido el informe correspondiente de la Unidad competente de la Policía Nacional, este Centro Directivo ha resuelto conceder el acceso a la información solicitada, significándose que desde la fecha solicitada han sido dos los expedientes incoados por tal motivo. S/REF: 001-039273 N/REF: R/0089/2020; 100-003431 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Minister io del Interior Información solicitada: Expedientes disciplinarios por filtración de informes policiales Subdirección General de Reclamaciones 3. Ante esta contestación, con fecha 6 de febrero de 2020, la reclamante presentó al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en base a los siguientes argumentos: (…) SEGUNDO: Que hemos recibido resolución estimatoria señalando que en el mencionado periodo se han realizado 2 expedientes, pero ninguna información más. La pregunta realizada solicitaba los expedientes, no el número, sino los propios expedientes realizados, al menos la resolución de los mismos si son firmes. La única respuesta que se da es un número de expedientes, entendiendo por tanto que la resolución no responde en su totalidad a la solicitud de información planteada. En virtud de lo expuesto SOLICITO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO como órgano competente para la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública, admita la presente reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y sea reconocido nuestro derecho a obtener la información pública en la forma solicitada y garantice el derecho de acceso a la información solicitada y el deber de facilitar la documentación. 4. Con fecha 12 de febrero de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Mediante escrito de entrada 21 de febrero de 2020, el citado Departamento Ministerial realizó las siguientes alegaciones: Una vez analizada la reclamación, desde la Dirección General de la Policía se informa que: “[…] Vista la reclamación presentada por , este Centro Directivo se ratifica en el contenido de la resolución del Director General de la Policía, añadiendo al respecto las siguientes consideraciones: La solicitante expresó en su solicitud de forma literal “Expedientes de responsabilidad disciplinaria incoados por la filtración de informes policiales a medios de prensa realizados por la DGP desde 2018 a la actualidad.”, por lo que este centro directivo dio cumplida respuesta al proporcionar que fueron dos los expedientes que cumplían los requisitos especificados, sin tener que dar por entendido o interpretar lo que ahora se pone de manifiesto de una forma más concreta en la reclamación. En base a lo anterior y visto que la solicitante en su reclamación quiere dar un contexto y una serie de interpretaciones que no reflejó en la propia solicitud, se significa que como ya ha sostenido en múltiples ocasiones el Consejo de Transparencia (R/0202/2017, R/0270/2018 o R/0369/2019) no es permisible cambiar los términos de la solicitud en vía de Reclamación, dado que se podría perjudicar el principio de la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución, en virtud del cual debe existir la certeza de que una determinada situación jurídica previa no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar en primer lugar que la información solicitaba se concretaba textualmente en los Expedientes de responsabilidad disciplinaria incoados por la filtración de informes policiales a medios de prensa realizados por la DGP desde 2018 a la actualidad, y que la Administración considera concedida al informar que desde la fecha solicitada han sido dos los expedientes incoados por tal motivo. No obstante lo anterior, en segundo lugar, hay que señalar que la interesada no está conforme con la información facilitada, dado que, según manifiesta, solicitó los expedientes, no el número, sino los propios expedientes realizados, afirmación que no comparte la Dirección General de la Policía, entendiendo que la solicitud se refería al número de expedientes y solicitar ahora la copia de los mismos implicaría cambiar los términos de la solicitud en vía de Reclamación, lo que no es posible, dado que se podría perjudicar el principio de la seguridad jurídica. Analizado lo anterior, así como la solicitud de información y teniendo en cuenta que el derecho de acceso a la información se reconoce como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la solicitud de información, aunque escueta, parece referirse a las copias de los expedientes de responsabilidad disciplinaria, y no exclusivamente al número de los mismos. En consecuencia, no se considera que con la reclamación presentada se estén cambiando los términos de la solicitud inicial ni perjudicando el principio de seguridad jurídica, y la Administración debería haberse pronunciado sobre la concesión o no de los Expedientes de responsabilidad disciplinaria incoados por la filtración de informes policiales a medios de prensa realizados por la DGP desde 2018 a la actualidad. 4. Respecto a la información solicitada cabe señalar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha pronunciado anteriormente sobre cuestiones similares: - En los expedientes R/450/2016 y R/316/2018 , en los que sí se especificaba en la solicitud de información que se requerían datos solamente estadísticos sobre expedientes disciplinarios y se confirmaba el derecho a los mismos. - En el expediente R/822/2019 , en este caso sobre expedientes sancionadores, en el que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno argumentaba lo siguiente: 5. En lo relativo al límite derivado del derecho a la protección de datos personales, el primero de los alegados y determinante a nuestro juicio para resolver la presente reclamación tal y como justificamos a continuación, es el art. 15 de la LTAIBG el que regula la relación y equilibrio necesarios entre ambos derechos: por un lado, a acceder a https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluc iones/resoluciones AGE.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluc iones/resoluciones AGE/AGE 2019.html información en poder de los sujetos obligados por la norma y, p or otro, a la protección de su información de carácter personal. Los términos de dicho precepto son los siguientes: Artículo 15. Protección de datos personales. 1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. 2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificati vo de aquéllos. d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Tal y como se señala en el segundo apartado del art. 15.1, información personal sobre la comisión de infracciones penales o administrativas y siempre que no conllevasen una amonestación pública al infractor- condición que no cumple la publicación realizada en el BOE que, como hemos analizado anteriormente, tiene otra naturaleza- requiere el consentimiento expreso y por escrito del afectado. Un consentimiento que no parece posible, atendidas a las circunstancias planteadas en el caso, en el que se ha tenido que acudir a la notificación del inicio del procedimiento sancionador por edictos; notificación que no ha sido atendida por los interesados. Esta circunstancia se ve confirmada por la Administración que afirma que no es posible localizar en la actualidad el paradero de los interesados en los expedientes (..) al igual que no lo fue en los años en los que los mismos fueron iniciados, instruido y resuelto. Teniendo en cuenta la similitud, ya que en el caso que nos ocupa se trata de Expedientes de responsabilidad disciplinaria incoados por la filtración de informes policiales a medios de prensa realizados por la DGP, se trata del supuesto recogido en el mencionado párrafo segundo del apartado 1 del artículo 15 de la LTABG, información que incluye datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado. 5. Dicho esto, cabe recordar que el Preámbulo de la LTAIBG, señala que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De igual manera, deben recordarse determinados pronunciamientos judiciales sobre este derecho de acceso, entre los que destacan por ejemplo, la Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 y que se pronuncia en los siguientes términos: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." Por lo que, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en este caso, el control de los poderes públicos, conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones queda satisfecho con la información suministrada del número de expedientes disciplinarios incoados por la filtración de informes policiales a medios de prensa realizados por la DGP, sin que facilitar su copia, aporte más al respecto atendiendo al perjuicio al derecho a la protección de datos de los afectados que se produciría con el acceso. https://www consejodetransparencia es/ct_Home/Actividad/recursos_jurisprudencia/Recursos_AGE/2016/16_particular_7_tributos.html Por lo tanto, en base a los argumentos y razonamientos recogidos en los apartados precedentes, la presente reclamación ha de ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 6 de febrero de 2020, contra la resolución de 14 de enero de 2020, la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (MINISTERIO DEL INTERIOR). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda