Denegación de acceso a antecedentes policiales

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 0075/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (MINISTERIO DEL INTERIOR), con fecha 16 de enero de 2020 el acceso a sus Antecedentes Policiales. 2. Mediante resolución de 24 de enero de 2020, la DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (MINISTERIO DEL INTERIOR) contestó al solicitante lo siguiente: PRIMERO.- La Orden INT/1202/2011 de 4 de mayo, por la que se adecuan los ficheros informatizados del Ministerio de Interior que contienen datos de carácter personal a la Ley Orgánica 15/1999 de fecha 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y se crean nuevos ficheros cuya gestión corresponde al Ministerio, establece como órgano ante el que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil. SEGUNDO.- La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal - LOPDCA-, en su artículo 15.3 establece que el derecho de acceso a que se refiere este S/REF: N/REF: R/0075/2020; 100-003409; Fecha: 24 de febrero de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Min isterio del Interior Información solicitada: Denegación acceso antecedentes policiales Subdirección General de Reclamaciones artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores de doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes. Por lo anteriormente expuesto, RESUELVO: DENEGAR el acceso solicitado a los antecedentes policiales que le figuran en el fichero INTPOL de la Guardia Civil, conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la LOPD; contra la presente resolución podrá recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para el ejercicio de sus derechos, según dispone el art. 117 y ss del R.D. 1720/2007 por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, en relación al art. 18 de dicha Ley Orgánica. 3. Ante la citada de respuesta, el reclamante presentó, con fecha 30 de enero de 2020, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), una reclamación, con el siguiente contenido: Tras recibir la resolución del expediente de acceso de antecedentes policiales, se me deniega el mismo en base a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal. Dicha ley queda derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En base al art 13 de la ley orgánica 3/2018 "A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello" y no el plazo de 12 meses que se me indica. Insto a que se me revise mi petición de acceso y se me autorice ya que como indica el artículo citado existe una causa legítima para ello. La causa es que me presento a una oposición de Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y necesito saber con certeza los datos que se encuentran registrados en el archivo INTPOL, para poder citarlos en dicha entrevista, ya que si dijera que no consta ninguno por estar éstos suprimidos estaría mintiendo, ya que se me deniega el acceso a los mismos, por ello necesito tener acceso a los mismos. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, es necesario hacer una mención a la legislación aplicable, dado que, como consta en los antecedentes, la solicitud de acceso que presenta el interesado no es una solicitud de información amparada en la LTAIBG, sino de ejercicio de derecho de acceso a los datos de carácter personal, en concreto el acceso a sus antecedentes policiales. Acceso que le ha sido denegado y frente al que presenta reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A este respecto, hay que recordar que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como, garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. Y que en su Título III bajo el epígrafe "Derechos de las personas", establece los procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición. Por lo tanto, deberán ser los Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos, establecidos en el Título VIII de la Ley orgánica 3/2018, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los que deberán regir, con carácter prioritario, en las solicitudes relacionadas con los datos de carácter personal, no procediendo en el caso aquí examinado aplicar los presupuestos contenidos en la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dicho esto, cabe recordar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. En consecuencia, la denegación de acceso a los antecedentes policiales puede ser objeto de reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, organismo encargado en España de velar por dicho derecho, Título VII Autoridades de protección de datos . Como la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ha hecho constar en su pie de recurso, conforme consta en los antecedentes de hecho, “contra la presente resolución podrá recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para el ejercicio de sus derechos, (…)”. Sentado lo anterior, y en base a los argumentos que anteceden, procede inadmitir la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descrito s, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por , con entrada el 30 de enero de 2020, contra la Resolución de 24 de enero de 2020 del MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda