Solicitud de acreditación de nombramiento y competencia de un Subdirector General y resultado favorable por motivos formales

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 075/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 29 de noviembre de 2018, la siguiente información: oAcreditar nombramiento a D. XXX, que refieren presenta la Subdirección General de Recursos Humanos con la persona que firma el mismo. oAmparo legal que acredite la competencia del Sr. XXX en el documento cuya nulidad ha sido instada de parte. xEn espera del cumplimiento de la Ley de Transparencia de 2013 y del derecho constitucional a defensa del art. 24 CE, solicito se mantenga suspendida la resolución que Vd. firma con el Subdirector General hasta tener los datos solicitados, y se mantenga la continuidad del expediente de responsabilidad patrimonial 937/17 que se sigue en ese Ministerio. S/REF: N/REF: R/0075/2019; 100-002136 Fecha: 11 de abril de 2019 Dirección Administración/Organismo: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Información solicitada: Acreditación de nombramiento de un Subdirector General Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones No consta respuesta de la Administración. 2. Ante esta falta de contestación, la reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 30 de enero de 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: xPresentada recusación a D. XXX al cargo por estar simultáneamente en servicio especial en Estados Unidos al firmar documento que me atañe directamente en octubre de 2017, recibo informe donde indican su nombramiento provisional de Subdirector General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin que conste publicada en B.O.E, ni condiciones para su adquisición m convocatoria, ni responsable que firme nombramiento provisional del Sr. XXX. xSe deja constancia, en escrito de 30.11.2018, que el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social no es competente para designar cargos provisionales ni para modificar las competencias que ese cargo tuviera asignado. xEn el mismo escrito se solicita al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que: oAcredite el nombramiento provisional de D. XXX con la persona que firma el mismo. oAmparo legal que acredite la competencia del Sr. XXX en el expediente 2180/18 que firmó. xNo he recibido respuesta hasta la fecha del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 3. Con fecha 6 de febrero de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 14 de febrero de 2019, el Ministerio presentó sus alegaciones, en las que, tras indicar determinadas circunstancias precedentes en las que se enmarca la solicitud efectuada por la hoy reclamante, manifestaba lo siguiente: xDe conformidad con el citado requerimiento, esta Subdirección General efectúa las siguientes ALEGACIONES: -Con respecto a la acreditación del nombramiento de como Subdirector General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consta en el expediente 1342/18 y ya se le trasladó en su día a la , certificado emitido el 20 de abril de 2018 por la Subdirectora adjunta de la Subdirección General de Recursos Humanos del entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social que acredita que el fue nombrado provisionalmente para ese cargo el 25 de julio de 2017, esto es, con anterioridad a que emitiese su informe de 9 de octubre de 2017, motivo que originó el incidente planteado. -El nombramiento provisional del Subdirector General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social fue acordado por el entonces Subsecretario de Empleo y Seguridad Social. -Posteriormente, el fue nombrado con carácter definitivo Subdirector General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por resolución del Subsecretario de fecha 10 de enero de 2018, publicada en el B.O.E de 30 de enero siguiente. -La competencia para el nombramiento y cese de los Subdirectores Generales viene establecida, a favor de los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales, en el artículo 63.1. l) de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. -La posibilidad de efectuar nombramientos provisionales se encuentra amparada por lo dispuesto en el artículo 81.3 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. -La dependencia de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en esas fechas, respecto a la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social se establecía en el artículo 10.3. b) del Real Decreto 703/2017, de 7 de julio por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE 8.07.17), dependencia que estuvo en vigor hasta que por Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entra en funcionamiento y queda constituido el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social creado por Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. -Finalmente, la competencia de la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se deduce de lo dispuesto en el apartado 2. c), en relación con el apartado 1.j), del artículo 12 del citado Real Decreto 703/2017, de 7 de julio, entonces en vigor. -Por tanto, con lo anterior se da respuesta a la solicitud de información planteada en la primera parte de su escrito. Con respecto a la solicitud planteada al final de su escrito de 30 de noviembre pasado, que se suspenda la Orden Ministerial dictada el 30 de octubre de 2018 por el Subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el expediente 2180/18, y que “se mantenga la continuidad del expediente de responsabilidad patrimonial 937/17 que se sigue en ese Ministerio”, procede reiterar: El expediente 937/17 quedó finalizado por Orden Ministerial de 5 de noviembre de 2018, por lo que no cabe “mantener la continuidad del mismo”, habiendo articulado la interesada recurso de reposición frente a él (expediente 4008/18), desestimado por Orden de 21 de enero de 2019, notificado a la interesada el 4 de febrero siguiente. -No ha lugar a la suspensión de la Orden Ministerial de 30 de octubre de 2018, dictada en el expediente 2180/18, que inadmite la solicitud de revisión de oficio planteada frente a la Resolución del Director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues es una petición carente de argumentación y de amparo jurídico, cuya inmediata ejecutoriedad no es susceptible de causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Dictada la citada Orden, con dicha suspensión únicamente parece que se pretende ampliar ilegítimamente, sin amparo normativo alguno, el plazo legal establecido para hacer uso de los recursos, potestativo de reposición o contencioso-administrativo, frente a la Orden ya emitida con la que se ponía fin al procedimiento de revisión de oficio. xEn consecuencia, se solicita se admitan las presentes alegaciones y se tenga por aportada la información solicitada. 4. El 19 de febrero de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Dichas alegaciones tuvieron entrada el 8 de marzo de 2019 e indicaban lo siguiente: xLa Subdirectora General de Recursos en la Secretaria General Técnica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sostiene el error cometido en el Ministerio al asignar distintos números de expedientes cuando todo corresponde al mismo número 937 17 seguido en Procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración en escrito R. S. n° 7429 del 15.9.20 17, firmado por el Jefe de Área en la Subdirección General de Recursos de la Secretaría General Técnica, por el daño ocasionado al ejecutar cargos de inexistentes faltas de inexistentes procedimientos de inexistentes visitas de inspección que refleja el realizadas en Cádiz, cuando nunca existieron y que hasta la fecha no han acreditado, y de cargos en Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz de inexistentes deudas, incluso de expedientes sancionadores ganados en los Tribunales de Justicia, y cuya contabilidad no han facilitado, a pesar de la orden recibida de la Ilma. Sra. Ministra, y que reiteradamente está reclamado ante el Ministerio. xEn la actual Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púbicas, su art. 70 reconoce que forman parte del expediente administrativo todas las actuaciones y documentos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa de contenido esencial. Pero en error continuado, mantienen en el Expediente 937/2017 otros números de expedientes: Expediente 1342/18 de recusación del Sr. Llorente, Expediente 2166/18 a la revisión de oficio. Expediente 2180/18 a la recusación del y como Expediente 4008/18 al recurso de reposición. xEl escrito recibido el 4.3.20 19, Notificación ACTO OM RECTIFICATORJA nº Expediente 4008/18, permite concluir que no ha finalizado el procedimiento 937/2017 de reclamación patrimonial, confirmando otro error de la (documento n° 2). xDe otra parte conoce la que el 21.1.2019, al firmar la resolución del recurso de reposición, con nombramiento de 26. 11.2018 posterior al dictamen del Consejo de Estado del 18.10.2018, no es competente al incumplir el art. 9 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. xPuede confirmarse la falsedad documental remitida en el procedimiento seguido en reclamación de la ocupación del cargo, nombramiento y fecha de adquisición de la competencia para intervenir en el Expediente 937/2017 de Reclamación Patrimonial presentado, y que han perpetuado en fecha 13 2 2019, en las Alegaciones remitidas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dado que es la misma Administración quien reconoce: oEl fue nombrado provisionalmente para ese cargo el 25 de julio de 2017. oCon anterioridad a que emitiese su informe de 9 de octubre de 2017, motivo que originó el incidente planteado, el fue nombrado con carácter definitivo Subdirector General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por resolución del Subsecretario de fecha 10 de enero de 2018, publicada en el B.O.E de 30 de enero siguiente. oEn el B.O.E de 30 de enero consta: ƒPor Resolución de 18 de octubre de 2017 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre), se anunciaron para su cobertura por el procedimiento de libre designación distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Empleo y Segundad Social. ƒDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. 1. c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, ser idóneos para el desempeño de los puestos que se les asigna, y ostentar la capacidad y competencias personales y profesionales, de acuerdo con la valoración efectuada por la Dirección General de la lnspeccion de Trabajo y Seguridad Social, Centro Directivo del que dependen los puestos de trabajo convocados. ƒDebe conocer esta Administración ante la que se formula la reclamación a la respuesta del nombramiento de . que en relación a los puestos de libre designación impone la legislación aún vigente: e) Las convocatorias para proveer puestos de trabajo por concurso o por libre designación, así como sus correspondientes resoluciones, deberán hacerse públicas en los «Boletines» o «Diarios Oficiales» respectivos, por la autoridad competente para efectuar los nombramientos. ƒLa Convocatoria queda anunciada en B.O.E de fecha 1 de Noviembre de la resolución del 18 de Octubre, por la que se anunciaron para su cobertura por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Empleo y Segundad Social. por lo que a fecha del 25 de julio de 2017 no puede constar competencias para nombramiento provisional de una plaza que no ha sido convocada y asignarla a un funcionario desplazado en Washington, que emitió informe el 9 de octubre de 2017, origen del incidente planteado. xDel resto de las alegaciones que presentan, desde la letra d a la g, quedan subsumidas por los hechos anteriores, por lo que no se hace referencia a las mismas, si bien también contienen inexactitudes a destacar, que se dejan sin referir por entender debe ser resuelto el problema inicial reclamado. xPor todo ello, reitero al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que inste al actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, remitirme o1 °.-Documento con el nombramiento del que refieren formulado el 25 de Julio de 2017. o2°.- Identificar a la persona que figura como responsable del nombramiento del , con el cargo que ocupara en fecha 25 de Julio de 2017. o3°.-Identificación del carácter provisional que asignan a la plaza ocupada por el Todo ello con conforme reclamé el 24.1.2019 a ese Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Con estas premisas, debe acotarse el objeto de la presente reclamación únicamente a aquella información que obre en poder de la Administración en el momento de la solicitud de acceso y siempre teniendo como base que la finalidad de la LTAIBG es conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la Administración no contestó a la reclamante dentro del plazo de un mes que establece la Ley, sin que exista justificación de dicha demora. En este sentido, se recuerda que la Administración debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para conseguir que las solicitudes de acceso a la información que se le presente lleguen al órgano encargado de resolver de la manera más rápida posible, para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. La LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. 4. En segundo lugar, debe aclararse cuál va a ser el alcance material de la presente resolución. Dado que la finalidad de la LTAIBG es que los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo actúan nuestras instituciones, no pueden ser objeto de análisis aquellas pretensiones que difieran de dicha finalidad. Por ello, no se van a tener en cuenta los asuntos planteados por la reclamante, relativos a i) la recusación de ii) a la paralización de su nombramiento, iii) a que se m antenga la continuidad del expediente de responsabilidad patrimonial 937/17 que se sigue en ese Ministerio o iv) al error cometido en el Ministerio al asignar distintos números de expedientes. 5. A continuación, debe valorarse si la respuesta de la Administración, en vía de reclamación, da satisfacción a las pretensiones de la reclamante. Lo primero que se solicita es que se acredite el nombramiento provisional de con la persona que firma el mismo. En este punto, el Ministerio ha informado que consta en el expediente 1342/18 certificado emitido el 20 de abril de 2018, por la Subdirectora adjunta de la Subdirección General de Recursos Humanos del entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que acredita que el fue nombrado provisionalmente para ese cargo el 25 de julio de 2017, lo que fue acordado por el entonces Subsecretario de Empleo y Seguridad Social. La competencia para el nombramiento y cese de los Subdirectores Generales viene establecida, a favor de los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales, en el artículo 63.1. l) de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La posibilidad de efectuar nombramientos provisionales se encuentra amparada por lo dispuesto en el artículo 81.3 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Ciertamente, el artículo 63.1. l) de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público prevé que “Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes: l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento.” Por su parte, el artículo 81.3 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre establece expresamente que “En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.” Como conclusión, los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales pueden nombrar a los subdirectores generales y ese nombramiento puede ser definitivo o provisional, aunque en este último caso, únicamente si concurren los requisitos de urgente e inaplazable necesidad, circunstancia que no puede ser valorada por este Consejo de Transparencia en vía de reclamación, al carecer de competencias para ello. Por ello, la Administración ha dado respuesta a lo solicitado, aunque fuera de plazo. 6. El segundo punto de la reclamación se interesa por conocer el amparo legal que acredite la competencia del en el expediente 2180/18 que firmó. Este expediente, según la Administración, se refiere a la revisión de oficio de la Resolución del Director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de abril de 2018, que se resolvió por Orden Ministerial, dictada el 30 de octubre de 2018, por el Subsecretario del Departamento (por delegación de la Ministra, Orden TMS/1075/2018, de 10 de octubre), por la que se acordó inadmitir esa solicitud de revisión de oficio, notificada a la reclamante el 19 de noviembre de 2018. Según la reclamante, se refiere a la recusación del . No consta en el presente procedimiento el documento firmado (Informe de 9 de octubre de 2017) a que se refiere la reclamante, aunque sí consta que fue firmado después de su nombramiento provisional como Subdirector General, el día 25 de julio de 2017. En conclusión, la presente reclamación ha de estimarse pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación de la Administración, aunque ha de entenderse suficiente y adecuada, se ha realizado una vez transcurrido el plazo legal para contestar y como consecuencia de la interposición de la misma, sin que sea preciso realizar posteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por , con entrada el 30 de enero de 2019, contra el MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda