Acceso a información sobre control de obligaciones de Seguridad Social de ONGs subvencionadas por la AECID

PRESIDENCIA [email protected] RRESOLUCIÓN S/REF: N/REF: R/0075/2017 FECHA: 17 de mayo de 2017 ASUNTO: Resolución de reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada de 21 de febrero de 2017, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 12 de enero de 2017, solicitó a la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, en adelante AECID), dependiente del MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), que se le respondan las siguientes preguntas: xPRIMERA: Las ONGs que reciben fondos de la AECID para ejecutar proyectos de cooperación internacional, ¿Están obligadas a cumplir con las obligaciones de Seguridad Social para con los trabajadores vinculados a los convenios y proyectos subvencionados por ustedes? xSEGUNDA: Nos gustaría conocer la normativa de aplicación que regula las obligaciones que deben cumplir las ONGs que reciben fondos de la AECID para ejecutar proyectos de cooperación internacional y sobre todo las obligaciones de la seguridad social. xTERCERA: Se nos hace necesario conocer quién controla, en el marco de la AECID, que las ONGs cumplan con sus obligaciones para con la Seguridad Social de los trabajadores que ejecutan proyectos de cooperación internacional financiados con fondos AECID. xCUARTA: Del mismo modo nos interesa conocer cuáles son las medidas que toma la AECID para garantizar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, entre ellos el de cotización de la Seguridad Social y cuál es su manera de proceder. xQUINTA: Solicitamos se nos informe del proceso que se iniciaría en el caso de que la AECID reciba denuncia de un trabajador español sobre el incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social por parte de una ONG receptora de fondos destinados a la cooperación internacional y otorgados por la propia AECID, ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Se realiza alguna comprobación o traslado a otras entidades competentes? xSEXTA: En el caso concreto expuesto, ¿se ha realizado alguna comprobación y/o el traslado de los hechos por parte de AECID a algún organismo competente? En caso afirmativo, ¿Cuáles? xSEPTIMA: Con respecto al Convenio 14-COl-661 "Gestión Integral de los Recursos Hídricos y promoción del acceso al agua potable y saneamiento en República Dominicana. Río Los Baos: Agua y Desarrollo”, nos gustaría recibir información sobre ¿Cómo se controla el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social? ¿Si se han realizado auditorías por parte de empresas privadas? ¿Si se ha comprobado el alta en la Seguridad Social de los trabajadores en dichas auditorías? y solicitamos tener acceso a dichas auditorías. xOCTAVA: Por último, solicitar respuesta a la siguiente pregunta, ¿Puede una ONG con sentencia judicial condenatoria por incumplimiento de los deberes con la Seguridad Social seguir recibiendo fondos públicos por parte de la AECID? ¿Cuál es el régimen de penalizaciones en este caso? No consta respuesta de la Administración. Las mismas preguntas fueron planteadas con anterioridad en uso de distintas vías, como el formulario de quejas y reclamaciones habilitado por el organismo al que iban dirigidas. 2. Con fecha de entrada 21 de febrero de 2017 , presentó una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al amparo de lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, con el siguiente contenido: xEl pasado día 12 de Enero realicé una solicitud de información a la Agencia Española de Cooperación Internacional relacionada con el Convenio 14-CO1-661 denominado "Gestión Integral de los Recursos Hídricos y promoción del acceso potable al agua y al saneamiento en Republica Dominicana. Rio Los Baos: Agua y Desarrollo", que se está llevando actualmente en Republica Dominicana y en el que tuve la oportunidad de trabajar. xA día de hoy no he recibido respuesta. 3. El 21 de febrero de 2017, este Consejo de Transparencia remitió el expediente al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, para que pudiera realizar alegaciones que se considerasen oportunas. Dichas alegaciones tuvieron entrada el 23 de abril de 2017 y en ellas se indicaba lo siguiente: xLa solicitud se tramitó como queja y no a través del Portal de Transparencia como debía haberse hecho. Esto provocó un retraso en la contestación ya que los plazos no son los mismos. No ha habido por parte de la AECID ningún intento de retrasar la respuesta ni de ocultar los datos que solicitaba. Prueba de ello es que se le ha contestado y se aneja contenido de dicha respuesta. xNo obstante la AECID quiere manifestar al Consejo la siguiente apreciación: Desde la AECID se quiere señalar que esta consulta efectuada por Transparencia viene relacionada con un escrito presentado con anterioridad por el Registro General de la AECID (201600100009922), el 09/08/16. En dicho escrito, se venía a manifestar una queja en relación con contrato establecido entre la Reclamante y la ONGD CESAL dominicana para participar como coordinadora regional del proyecto CONVENIO 14-COI-661 (Convenio al que se hace también referencia en esta consulta de Transparencia). En el escrito se alegaba que la ONGD CESAL dominicana no había satisfecho los pagos de la Seguridad Social correspondientes a la Reclamante durante el tiempo que estuvo trabajando en ese proyecto. En las actuaciones internas que llevó a cabo la AECID la ONGD aludida tuvo ocasión de presentar su punto de vista si bien, dado que se trataba de un conflicto de índole laboral, la AECID respondió al escrito de queja indicando que no se había detectado ninguna actuación negligente que derivase directa o indirectamente de los servicios que presta la AECID, siendo el caso que las actuaciones de CESAL dominicana se habían realizado de manera autónoma e independiente de esta AECID y se trataba de cuestiones de índole laboral (sobre las que la AECID carece de competencias). En este escrito se informaba también que la Reclamante había iniciado, al mismo tiempo, un procedimiento judicial en República Dominicana contra CESAL por despido improcedente e incumplimiento del deber de atender sus obligaciones con la Seguridad Social, así como que se había tramitado denuncia a las entidades tanto públicas como privadas que consideran competentes (el Defensor del Pueblo español y la Coordinadora de ONG España). II. FUNDAMENTOS URDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, debe hacerse una consideración de carácter formal, relativa a los plazos que dispone la Administración para contestar a una solicitud de acceso a la información. La LTAIBG en su artículo 20.1 expone que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el presente caso, la Administración no ha contestado en plazo a la solicitante, a pesar de que en el escrito de 12 de enero, además de indicar que las cuestiones planteadas ya lo habían sido con anterioridad, se menciona expresamente que se solicitaba información al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En este sentido, debe recordarse a la Administración la necesidad de cumplir con los plazos legalmente establecidos a la hora de contestar a las solicitudes de acceso que se le presenten, más aún cuando viene expresamente identificadas como tales, para facilitar el ejercicio de un derecho de base constitucional como el que nos ocupa y no dilatar en el tiempo su reconocimiento. Lo contrario no sería conforme con el espíritu de la LTAIBG, que ha previsto un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. 4. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, la Administración manifiesta haber contestado a la Reclamante una vez interpuesta la presente Reclamación. Sin embargo, aunque remite a este Consejo de Transparencia una serie de respuestas a las preguntas planteadas por la misma, no justifica debidamente que esas respuestas le hayan sido remitidas efectivamente a aquélla, ya que no acredita ni el envío ni la recepción de las respuestas por parte de la interesada. En consecuencia, no existiendo límites legales ni causas de inadmisión de la solicitud presentada, debe estimarse la presente Reclamación aunque por motivos formales, ya que la información ha sido proporcionada en vía de reclamación, si bien debe acreditarse su remisión a la solicitante. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede RIMERA: ESTIMAR por motivos formales la Reclamación presentada por , con entrada el 21 de febrero de 2017, contra la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, dependiente del MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. SEGUNDO: INSTAR a la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO a que, en el plazo máximo de 3 días hábiles, proporcione a la reclamante la información remitida en el escrito de alegaciones, informando a este Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno de la conclusión de dicho trámite. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez