Solicitud de acuerdos de cesión de agua a la empresa Plimaflor y resultado desestimado

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 067/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la COMUNIDAD DE REGANTES DE LANTEIRA, mediante escrito presentado el 4 de febrero de 2020 en la Junta de Andalucía, la siguiente información: Copia de los acuerdos de cesión de agua de riego superficial o subterráneo (pozo o pozos) con la empresa Plimaflor (empresa que explota la siembra y recolecta de lechugas) o cualquier otra empresa que reciba agua de riego de esta Comunidad, bien mediante acuerdos verbales, escritos o cualquier otra forma. Si no existiese acuerdo escrito y/o verbal, certificado del de la Comunidad respecto a lo ya expresado. Cualquier dato protegido debe de ser cercenado. 2. Ante la falta respuesta, el solicitante presentó reclamación dirigida al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que con fecha 29 de diciembre de 2020 dictó la siguiente resolución: S/REF: N/REF: R/067/2020; 100-004779 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Comunidad de Regantes de Lanteira Información solicitada: Acuerdo de cesión de agua a empresa o certificado de inexistencia Subdirección General de Reclamaciones (…) Tercero. Con fecha 8 de julio de 2020, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 1O de julio de 2020 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) correspondiente. Cuarto. El 27 de julio de 2020 tuvo entrada escrito de alegaciones del organismo reclamado por el que traslada que: "Don [...], mayor de edad, con D.N.I. [...] Comunidad de Regantes de Lanteira (Granada), con n° de CIF. G-1807970 como más procedente sea en derecho EXPONE: "Que ha tenido entrada en esta Comunidad con fecha de 10 de julio de 2020, resolución cuyos datos constan en el encabezamiento procedente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por el que se nos requiere a fin de que emita informe sobre la reclamación efectuada por don [nombre del reclamante], en relación a la solicitud de documentación efectuada con fecha de 4 de febrero de 2020, por lo que dentro del plazo legal vengo a INFORMAR: "PRIMERO. Que tal y como les consta al Consejo de Transparencia, ya que se ha remitido junto con la resolución, el pasado día 4 de febrero del corriente año, don [reclamante] solicitó la información que se recoge en su escrito y al que nos remitimos, ante esta Comunidad de Regantes. "SEGUNDO.- Consta a la Comunidad de Regantes que esa misma información fue requerida por don [reclamante] al Ayuntamiento de esta localidad por lo que evaluada la solicitud presentada y teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en nuestros archivos, consideró que el solicitante tenía ya cuanta información reclama, por tanto atendiendo al principio de reutilización recogido en el artículo 19 de la Ley de Transparencia de Andalucía, podía valerse de la misma para cualquier tipo de acción que estimase oportuna. "TERCERO.- Pasamos a informar de los hechos y antecedentes que obran poder de esta Comunidad de Regantes, respecto del solicitante. "Le consta a esta Comunidad que la información que requiere se debe a las disputas mantenidas tanto con las anteriores Corporaciones municipales como con la actual por la propiedad de un pozo, concretamente por la propiedad del pozo del agua potable para suministro del pueblo en el que nada tiene que ver esta Comunidad. "Esas disputas han dado lugar a varios procedimientos judiciales que según han dado cuenta en los Plenos municipales se han resuelto en contra de don [reclamante], así mismo se ha dado cuenta por parte de la Corporación municipal en los Plenos de las denuncias abiertas contra este señor por coacciones y atentado contra la autoridad, siendo algo público y notorio en un municipio tan pequeño como Lanteira. "En lo que respecta a esta Comunidad, decir que las captaciones de agua proceden desde tiempo inmemorial del Barranco del Barrio y del Barranco del Pu eblo o Cabero, además de varias captaciones de agua que se encuentra en el Campo. Todas las captaciones de aguas de la Comunidad están legalmente autorizadas y Registradas en el Registro existente en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por cuanto que se trata de una Comunidad de regantes legalmente autorizada. El agua procedente de la Comunidad se utiliza para el riego de las tierras que la integran según los planos que consta en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aportados en el momento del alta de la Comunidad dejando citados a efectos probatorios sus archivos, por tanto a ningún Comunero, ni empresa ni particular se le ha dado traslado de la reclamación efectuada por cuanto como volvemos a repetir, las tierras que se riegan son las pertenecientes a la Comunidad y los derechos de regantes les vienen otorgados por ser miembros de la Comunidad. "CUARTO.- Atendiendo a los antecedentes expuestos, esta Comunidad considera: "Don [nombre del reclamante], tenía toda la documentación solicitada con fecha de 4 de febrero de 2020 en su poder, por haberla obtenido del Ayuntamiento, además como miembro de la Comunidad. "Que la actuación de don [reclamante] en esta reclamación que se hace ante este Consejo de Transparencia, es una actuación de mala fe con la intención de coaccionar a la Comunidad de regantes, para fines ajenos a la misma, lo que infringe por parte del reclamante el articulo 8 a) de la Ley de Transparencia. "Con este tipo de actuaciones está alterando el normal funcionamiento de la Comunidad de regantes que es también Corporación de derecho Público. "Que esta Comunidad nunca ha puesto limite al derecho de información que le pueda corresponder a cualquier comunero ni a don [reclamante] tampoco, pudiendo en caso de duda acudir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a solicitar cuanta información referente a la Comunidad pueda necesitar, si la obtenida desde la propia Comunidad no le resulta suficiente, ademá s como Corporación de derecho Público que es, las reclamaciones que no sean atendidas o no cumplan sus expectativas se pueden elevar a, como hemos señalado, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Organismo competente para resolver sobre esta materia de aguas públicas. "Que la Comunidad no ha abierto trámite de alegaciones con terceros, puesto que esos terceros no existen, tan solo se mantiene relación con los Comuneros que componen la Comunidad actuándose como determinan los Estatutos que rigen la misma, la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. "Es todo cuanto tengo que informar quedando a su entera disposición para cualquier aclaración sobre el particular''. (…) Tercero. La reclamación se interpone contra la Comunidad de Regantes de Lanteira, adscrita a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que, en cuanto organismo perteneciente a la Administración General del Estado, no está incluido en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTPA. En consecuencia, no procede sino inadmitir la presente reclamación. Cuarto. Establece el artículo 116 de la LPAC que serán causa de inadmisión de los recursos administrativos las siguientes: "a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen jurídico del Sector Público". Y según dispone el artículo 14.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "[e]l órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados”. En consecuencia, procede la remisión de la reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, del Gobierno de España. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. lnadmitir a trámite la reclamación presentada por contra la Comunidad de Regantes de Lanteira (Granada) por denegación de información pública. Segundo. Dar traslado de la reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, del Gobierno de España, conforme a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico Cuarto. 3. Mediante oficio de 14 de enero de 2021, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía remitió la citada reclamación a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, registrada de entrada el 22 de enero de 2021. 4. Con fecha 12 de febrero de 2021, se remitió el expediente a la COMUNIDAD DE REGANTES DE LANTEIRO al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Notificado el 4 de febrero de 2021, según la Prueba de entrega de Correos, no consta la presentación de alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, que con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “publica” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Respecto al fondo del asunto, cabe recordar, en primer lugar, que el objeto de la solicitud de información se concreta en obtener Copia de los acuerdos de cesión de agua de riego superficial o subterráneo (pozo o pozos) con la empresa Plimaflor (empresa que explota la siembra y recolecta de lechugas) o cualquier otra empresa que reciba agua de riego de esta Comunidad, (…) Si no existiese acuerdo escrito y/o verbal, certificado de la Comunidad respecto a lo ya expresado. En segundo lugar, hay que señalar que la Comunidad de Regantes de Lanteiro, aunque no ha contestado al requerimiento de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sí lo hizo al del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Y, en tercer lugar que la Comunidad de Regantes, según consta en los antecedentes ha confirmado, y este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tiene motivos para ponerlo en duda, que (i) el reclamante tenía toda la documentación solicitada con fecha de 4 de febrero de 2020 en su poder, por haberla obtenido del Ayuntamiento, además como miembro de la Comunidad; y, que (ii) El agua procedente de la Comunidad se utiliza para el riego de las tierras que la integran según los planos que consta en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aportados en el momento del alta de la Comunidad dejando citados a efectos probatorios sus archivos, por tanto a ningún Comunero, ni empresa ni particular se le ha dado traslado de la reclamación efectuada por cuanto como volvemos a repetir, las tierras que se riegan son las pertenecientes a la Comunidad y los derechos de regantes les vienen otorgados por ser miembros de la Comunidad. Recalcando expresamente que la Comunidad no ha abierto trámite de alegaciones con terceros, puesto que esos terceros no existen, tan solo se mantiene relación con los Comuneros que componen la Comunidad. 4. A este respecto, la primera cuestión a analizar es si esta solicitud de información tiene amparo en la LTAIBG, ya que las comunidades de regantes son corporaciones de Derecho Público, con un régimen jurídico especial en materia de acceso a la información pública. La LTAIBG establece en su artículo 2 el denominado Ámbito subjetivo de aplicación de la norma, incluyendo en su apartado 1 e) a las Corporaciones de Derecho público en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. En consecuencia, el legislador ha establecido una aplicación restringida de la LTAIBG a las Corporaciones de Derecho Público, circunscribiendo su aplicabilidad únicamente a las actividades que se rigen por el Derecho Administrativo. En este sentido, cabe recordar que están sujetos a Derecho Administrativo los actos relativos a su organización y funcionamiento y el ejercicio de las funciones administrativas que tienen atribuidas por la legislación que las rige o que les han sido delegadas por otras Administraciones Públicas. A estos efectos, el artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé que “[l]as Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley”. La jurisprudencia constitucional (STC 227/1988 y 207/1994) ha determinado que, en ningún caso, hay que desconocer el sustrato de base privada que integra a estas Corporaciones sectoriales. De ahí que las potestades o facultades administrativas se ejerzan por delegación o atribución específica. Esta jurisprudencia continúa afirmando que, en realidad, su conformación como Administraciones Públicas, exclusivamente viene determinada por la medida en que sean titulares de funciones públicas otorgadas por ley o delegadas por la Administración. De esta forma a las Comunidades de Regantes se les asigna la organización de los aprovechamientos de riegos, potestades jurisdiccionales por medio de los Jurados de riego y policía de los turnos de aguas, canales y demás instalaciones colectivas (…) Este Consejo de Transparencia entiende, y así se ha pronunciado con anterioridad (por ejemplo, en las Resoluciones R/0464/2016 , de fecha 23 de enero de 2017 y R/0314/2017 , de fecha 3 de octubre de 2017, y R/741/2020 , de fecha 3 de febrero de 2021), que si las peticiones de acceso no tienen que ver con la organización de los aprovechamientos de riegos, ni con las potestades jurisdiccionales por medio de los Jurados de Riego y policía de los turnos de aguas, canales y demás instalaciones colectivas no encuentra legalmente amparo en la Ley de Transparencia, al tratase de cuestiones privativas de la Comunidad que nada tienen que ver con sus funciones públicas. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2017/10.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2021/02.html Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la copia de los acuerdos de cesión de agua de riego superficial o subterráneo (pozo o pozos) con la empresa Plimaflor (empresa que explota la siembra y recolecta de lechugas) o cualquier otra empresa que reciba agua de riego de esta Comunidad, bien mediante acuerdos verbales, escritos o cualquier otra forma, se trata de una actividad que razonablemente podemos entender incluida en el ámbito de la organización de los aprovechamientos de riegos, y, por tanto, estaríamos ante actividades sujetas a Derecho Administrativo que encontrarían amparo en la LTAIBG. 5. No obstante, entendemos que de la respuesta facilitada por la Comunidad de Regantes, a requerimiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, se deduce que (i) no es objeto de discusión si la solicitud de información se refiere a actividades sujetas a Derecho Administrativo; y, (ii) que no hay acuerdo alguno de cesión de agua ni con la mencionada empresa ni con ninguna otra, ni verbal, escrito u otra forma. En este sentido, debemos recordar que el artículo 13 de la LTAIBG dispone expresamente que el objeto de una solicitud de acceso puede ser información que obre en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y q ue hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el hecho determinante para que una información pueda ser solicitada es que la misma se encuentre disponible para el organismo o entidad al que la solicitud haya sido dirigida debido a que la haya generado o la haya obtenido en el ejercicio de sus funciones. Así, la Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, razona que “El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. Por lo que, si como confirma la Comunidad de Regantes, el agua procedente de la Comunidad se utiliza para el riego de las tierras que la integran según los planos que consta en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aportados en el momento del alta de la Comunidad, y las tierras que se riegan son las pertenecientes a la Comunidad y los derechos de regantes les vienen otorgados por ser miembros de la Comunidad, hemos de entender que no hay acuerdo alguno de cesión de agua ni con la mencionada empresa ni con ninguna otra, ni verbal, escrito u otra forma y nos encontramos ante un supuesto en el que la información no obra en poder de la Comunidad de Regantes y, por ende, no puede ser facilitada. 6. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de certificado del de la Comunidad si no existiese acuerdo escrito y/o verbal, debe llamarse la atención sobre el posible objeto de una solicitud de información al amparo de la LTAIBG. En efecto, el concepto de información pública que recoge la Ley y en base al cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma, que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” (art. 1 de la LTAIBG). Es decir, la Ley de Transparencia no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener certificaciones, como sería el caso que nos ocupa, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule. No se trataría de información que esté disponible, sino de producir información que antes no se tenía, por lo que no estaríamos ante un supuesto de información pública, ya que recordemos que el mencionado artículo 13 de la LTAIBG exige que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y que haya sido elaborada u obtenida “en el ejercicio de sus funciones. Por lo que, de acuerdo con los argumentos expuestos en los apartados precedentes, se desestima la presente reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , frente a la COMUNIDAD DE REGANTES DE LANTEIRA. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez