Acceso a documentación sobre condiciones de acreditación para la expedición de certificados digitales de la FNMT

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 048/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 24 de octubre de 2018, la siguiente información: Copia de la documentación firmada con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en relación con la expedición de certificados digitales, así como copia de la normativa que incluya fecha y órgano de aprobación y publicación relativa a los requisitos formales de estos trámites. En caso de que no se esté siguiendo lo establecido en el art. 13 de la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, y no se esté realizando la comprobación de registros por medios telemáticos que establece la misma, conforme al art. 28 y 53. d de la Ley 39/2015, solicito copia de la orden, instrucción o normativa que vengan aplicando para considerar derogada dicha normativa obligando a los ciudadanos a ir de una Administración a otra solicitando certificados. S/REF: 001-030214 N/REF: R/0048/2019; 100-002092 Fecha: 8 de abril de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Fabrica Nacional de Moneda y Timbre/Ministerio de Hacienda Información solicitada: Certificados digitales de la FNMT Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones 2. Mediante oficio de fecha 26 de noviembre de 2018, la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE, perteneciente al MINISTERIO DE HACIENDA, contestó a la reclamante informándole de lo siguiente: Con fecha 26 de octubre de 2018, la citada solicitud se recibió en la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE- REAL CASA DE LA MONEDA, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes para su resolución, según lo previsto en el artículo 20.1 de la ley 19/2013 de 9 de diciembre. De acuerdo con lo indicado en el párrafo segundo, del apartado 1), del artículo 20, de la citada ley 19/2013, el plazo para dictar resolución, establecido en un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, en este caso la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA, podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y debido a la necesidad de recibir aclaración y recabar información, se amplía en un mes el plazo de Resolución de la citada solicitud. Contra este acuerdo de ampliación de plazo para resolver, según dispone el artículo 23.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, no cabe recurso, lo que notificamos para su información. 3. Igualmente, el mismo día 26 de noviembre de 2108, la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE remitió nuevo oficio a la reclamante indicándole lo siguiente: En relación con la petición incluida en su solicitud, y de acuerdo con el apartado 2, del artículo 19, de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, al advertirse en la solicitud la falta de concreción en la información a la que se pretende acceder, le enviamos este requerimiento de mejora de solicitud, para que amplíe el contenido de la misma en la que nos indique, con mayor detalle, lo señalado en los dos siguientes apartados: 1} En relación con el primer párrafo de su solicitud, se solicita aclaración sobre a qué tipo de certificados digitales y documentación específica y normativa se refiere cuando expresa: "copia de la documentación firmada con la Fábrica Nacional... en relación con la expedición de certificados digitales.. . normativa que incluya fecha y órgano de aprobación y publicación relativa a los requisitos formales de estos trámites." 2} En relación con el segundo párrafo de su petición, se solicita aclaración sobre la expresión "en caso de que no se esté siguiendo lo establecido" y sí se refiere a una opinión jurídica de esta Entidad o si se refiere a qué otra cuestión no se está siguiendo por esta Entidad. Una vez establecido lo anterior, y aclarados y establecidos los parámetros necesarios, se podrá remitir la "orden, instrucción o normativa que vengan aplicando" que regula la emisión de los certificados. Todo ello con el objeto de poder resolver su petición. Según el artículo 19.2 mencionado, dispone del plazo de diez días para enviar la concreción de datos indicados anteriormente; período por el que se suspende el plazo para resolver; también le informamos de que en caso de falta de atención por su parte a este requerimiento se le tendrá por desistida en este procedimiento de derecho de acceso, según el mismo precepto legal. 4. Finalmente, la reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 24 de enero de 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: En fecha 24-10-2018, presenté solicitud de información pública al Ministerio de Hacienda, y más concretamente de copia de la documentación firmada con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en relación a la expedición de certificados digitales, ya que según la AEAT la FNMT no es una Administración si no una empresa y se rigen por convenios firmados con ésta. Por este motivo como ambas partes deben tener copia de sus convenios se pide al Ministerio, en calidad de Administración pública, copia de dicha documentación. En fecha 27 de noviembre, recibo notificación sin firma, con la dirección y teléfonos de contacto anonimizados, que en su cabecera dice provenir del Ministerio de Hacienda pero en el pie parece indicar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (a quien no se le ha solicitado nada), por la que se indica que se amplía un mes el plazo de respuesta por la complejidad de la petición. Transcurrido con creces dicho plazo no he recibido respuesta del Ministerio de Hacienda, a quien se dirigió la petición, por lo que solicito su intervención para reclamar copia de la misma. 5. Con fecha 1 de febrero de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la Unidad de Información de Transparencia del MINISTERIO DE HACIENDA, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 26 de febrero de 2019, la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE, adscrita al Ministerio, presentó su escrito de alegaciones, en las que, tras reiterar los hechos acontecidos, manifestaba lo siguiente: El día 26 de noviembre de 2018 y a través del Portal de la Transparencia, se notificó por parte de esta Entidad una ampliación del plazo para resolver (art. 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), dada la necesidad de tener el tiempo necesario para recabar la información, una vez que la interesada atendiera el requerimiento. Al requerimiento de mejora referido en el apartado anterior, la interesada contestó, en plazo y a través del Portal, lo siguiente: "¿Cuál requerimiento?, ¿qué requieren? No leo ninguna petición de nada adicional aunque lo envían justo cuando termina el plazo para contestarlo, así que la consideraré denegada." No se entra a valorar el contenido de su escrito, más allá de señalar que parece que no accedió a los escritos depositados en el Portal para su notificación a la interesada. No obstante, hay que destacar el error padecido por la interesada al estimar que el plazo para aclarar su escrito había finalizado, cuando realmente el plazo de diez días hábiles para contestar comenzaba el mismo día que accedió a la notificación. Dada la contestación de la interesada, por parte de esta Entidad se decidió, con fecha 13 de diciembre de 2018, reiterar nuestro requerimiento de mejora de solicitud notificándolo, de nuevo, por el Portal de la Transparencia y otorgando un nuevo plazo de diez días hábiles. Pasado el plazo para contestar, la interesada no realizó mejora de la solicitud, por lo que, según la información disponible en ese momento, desistió seguir con el procedimiento (art. 19.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre). No obstante lo anterior y una vez finalizado el plazo para atender el requerimiento por parte de la interesada, a la vista que la interesada pudo tener dificultades técnicas para acceder al Portal de la Transparencia (GESAT} y, por tanto, al contenido del requerimiento de mejora de solicitud (a los dos que se pusieron a su disposición), se planteó la posibilidad de remitir un correo electrónico de aviso a la interesada con el fin de que designara una dirección postal para notificaciones y remitir formalmente el requerimiento de mejora de su solicitud (abriendo, incluso, la posibilidad de un tercer requerimiento a través del Portal) si bien, antes de proceder al envío, el 1 de febrero de 2019 (14:37), se recibió la reclamación ante el CTBG que ha dado lugar al presente expediente. La solicitud de alegaciones fue registrada, en el Registro General de la FNMT-RCM, el 4 de febrero de 2019. En cuanto a los motivos de la reclamación esgrimidos por la interesada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aquélla comienza a relatar que, el 24 de octubre de 2018, solicitó copia de la documentación que el Ministerio de Hacienda ha firmado con la FNMT- RCM en relación con la expedición de certificados digitales. Hasta aquí es, literalmente, el contenido de la solicitud realizada en octubre de 2018, que no pudo atenderse por carecer esta Entidad de los elementos e información necesaria para atender su solicitud, de ahí los infructuosos intentos para requerir de una mejora de solicitud. A continuación, la reclamante, realiza comentarios sobre la condición, o no, de la FNMT- RCM como Administración pública o empresa (que se entiende no son relevantes a los efectos que nos interesan, dado el carácter de Administración Pública de la Entidad, ex art. 2.2. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre) y solicita, como información nueva que antes no había sido proporcionada, al Ministerio de Hacienda copia de los convenios que rigen sobre esta materia. Dados los antecedentes antes relatados, la interesada mediante esta reclamación precisa el contenido de la primera parte de su solicitud primigenia (asunto 001-030214), que no pudo aclararse con las mejoras de solicitud remitidas por los acontecimientos expuestos en estas alegaciones. Hemos de decir, en este ámbito, que la solicitud de acceso a la información por la interesada se ha de referir a las encomiendas de gestión (ahora encargos) que el Ministerio de Hacienda ha venido realizando a la FNMT-RCM con carácter bianual para prestar los servicios relativos a la certificación de firma electrónica y servicios conexos (denominada Encomienda General pues tiene como destinatarios a la AGE y determinados organismos públicos). Todo ello, en aplicación de una medida de racionalización del sector público, establecida en la Disposición adicional sexta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Por tanto, hemos de indicar que la información solicitada se encuentra publicada, siendo la vigente encomienda la que se encuentra en el siguiente enlace: qestion//iournal content/XXA1XBYVROqE?-56-INSTANCE- XXA1XBYVROqE article!d=35730&-56-INSTANCE XXA1XBYVROqE qroupld=11614 Finalmente, la reclamante alude que, el 27 de noviembre, recibe (se entiende que a través del Portal) la notificación de ampliación del plazo por un mes. Además, insiste que la petición realizada lo fue al Ministerio de Hacienda y no a la FNMT-RCM "(a quien no se le ha solicitado nada)". Una vez aclarada su solicitud de acceso (a través de la propia reclamación), parece que lo realmente requerido eran los convenios por los que el Ministerio de Hacienda encarga o encomienda a la FNMT-RCM la realización de las actividades relativas a la "expedición de certificados digitales". Por tanto, puede darse acceso a la información pública por parte del propio Ministerio o por parte de esta Entidad, como destinataria de la mencionada encomienda {ahora encargo}, consultando el enlace anterior. En cuanto a la segunda parte de la solicitud de acceso, que trae como consecuencia la presente reclamación, entendemos que no se refiere a una solicitud de acceso a la información pública, ya que el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Por tanto y de conformidad con el artículo ahora mencionado, en nuestra opinión, su solicitud se refiere a la realización de una valoración jurídica sobre si se aplica, o no, determinada normativa a la Entidad y, tras esa valoración jurídica, inferir cual es la orden, instrucción o normativa que se puede estar vulnerando, pero no es propiamente una solicitud de acceso a la información pública porque no son contenidos o documentos que obren en poder de la Entidad y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, por tanto, no procedería el acceso a la información pública, respecto el apartado señalado. Por todo lo anterior, esta Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, solicita que se tenga por presentado el presente escrito, admitiéndose por el CTBG, y, previos los trámites legales que procedan, dicte la correspondiente resolución desestimando la reclamación efectuada. Subsidiariamente, se solicita que se tenga por contestada la solicitud de acceso a la información pública (asunto 001-030214} y, consecuentemente, por resuelta la presente reclamación mediante la aportación de la información y documentación incluida en nuestra Segunda alegación. 6. El 27 de febrero de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Dichas alegaciones tuvieron entrada el mismo 27 de febrero de 2018 e indicaban lo siguiente: Como se indicó en la reclamación, la petición se dirigía al Ministerio de Hacienda, y no a la FNMyT, ya que lo que se pide y no se facilita, porque por lo visto no existe, es el documento firmado entre éste y la FNMyT por el que se aprueban las condiciones de acreditación para la expedición de certificados digitales. Este procedimiento exigía años atrás la presentación de documentación, como un certificado del Registro Nacional de Asociaciones en el caso de estas entidades, que tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, y más concretamente de su art. 53. d, ya no es necesario. Sin embargo en la página web de la FNMyT sigue publicado este requisito (se adjunta documento 1), por lo que la AEAT lo toma por norma legal e impide a los representantes de asociaciones identificarse por otros medios. Según la AEAT, la FNMyT no es una Administración Pública en estos procedimientos (se adjunta documento 2), por lo que de ahí mi extrañeza cuando utiliza todos los medios públicos, como el Portal de Transparencia, pero luego se niegan a cumplir el citado art. 35. d de la Ley 39/2015, el art. 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, referido en el art. 2.1 de los propios Estatutos de la FNMT, o el art. 13 de la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica. Pese a que el enlace del documento presentado por la FNMT no ha podido ser comprobado, porque una vez más vulnera la obligación de comunicación telemática siendo un documento impreso y posteriormente escaneado, haciendo inútil ese hipervínculo, he comprobado que los requisitos expuestos en la web de la FNMT sobre obligación de aportar certificados en plazo concreto no se encuentran en los Estatutos de la FNMT, ni en los Reales Decretos 199/2009, 390/2011, o 336/2014, por lo que en tanto no facilite la documentación firmada por la que se aprueba con el Ministerio de Hacienda tales requisitos, la simple publicación en su página web de un requisito debería carecer de valor legal. Si mañana publicaran en su web, a modo de ejemplo, que el solicitante debe portar calcetines amarillos, dicha exigencia tendría idéntico valor a los plazos que actualmente se publican, motivo por el que solicito esa documentación que no se me ha facilitado. La importancia de que la Administración (Ministerio de Hacienda que fue a quien se solicitó, y quien lo exige a través de sus dependencias de la AEAT) documentación aprobada con fechas y firmas es de gran importancia puesto que sólo con esa documentación se permite a la ciudadanía recurrir los actos de la Administración. La simple publicación en una web de la exigencia de certificados, plazos, o vestimenta concreta, aún siendo tomada como Ley Orgánica por los funcionarios de la AEAT, causa una clara indefensión a la ciudadanía, máxime cuando el propio Consejo para la Defensa del Contribuyente ha reconocido que en el caso de las asociaciones para la acreditación de la identidad, pese a lo publicado en la web de la FNMT, bastaría con documentación privada de las asociaciones (se adjunta documento 3), aunque al no ser sus resoluciones relevantes la AEAT se niega a facilitar este trámite. Por todo ello insisto en mi petición inicial, y más concretamente en el párrafo "En caso de que no se esté siguiendo lo establecido en el art. 13 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, y no se esté realizando la comprobación de registros por medios telemáticos que establece la misma, conforme al art. 28 y 53. d de la Ley 39/2015, solicito copia de la orden, instrucción o normativa que vengan aplicando para considerar derogada dicha normativa, obligando a los ciudadanos a ir de una Administración a otra solicitando certificados", que no se trata de ninguna interpretación, dado que no se vienen respetando y no se ha presentado hasta la fecha norma, orden, instrucción o cualquier otro documento firmado por la AEAT donde se indique... II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Con estas premisas, debe acotarse el objeto de la presente reclamación únicamente a aquella información que obre en poder de la Administración en el momento de la solicitud de acceso y siempre teniendo como base que la finalidad de la LTAIBG es conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial al peculiar procedimiento seguido en el presente caso por la Administración para contestar a la reclamante. El artículo 20.1 de la LTAIBG dispone que el plazo para resolver y notificar la respuesta a una solicitud de información es de un mes. No obstante, su segundo párrafo dispone que este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Por otro lado, en lo relativo a la ampliación del plazo para contestar, hay que recordar que los plazos que marca la LTAIBG no pueden ampliarse una vez que los mismos han transcurrido. Esta prohibición está recogida en el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Asimismo, es criterio consolidado de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que la LTAIBG no permite ampliar el plazo únicamente para disponer de más tiempo para preparar la resolución y, finalmente, acabar por no dar la información solicitada. Así, la ampliación del plazo tiene sentido siempre y cuando se necesite más tiempo para buscar la información o la documentación requerida por ser necesaria la ampliación para encontrarla y, se puede entender que en principio, ponerla a disposición del solicitante; es decir, por tener que realizar labores reales para identificar los informes donde puede estar archivado el expediente o en las propias bases de datos, porque afecta a un número muy importante de documentos y tiene que realizarse una búsqueda de los mismos que excede del tiempo de un mes o porque la entrega de documentos requiere de procesos de escaneo y anonimización importantes. Todo ello, con la intención de recabar efectivamente la información o documentación requeridas para entregársela al solicitante. En el presente caso, la Administración no necesitaba ampliar el plazo, ya que la contestación, tal y como ha sido realizada, pudiera haberla hecho en un plazo mucho más breve de tiempo, siempre dentro de ese mes inicial a que está obligada y después de efectuada la subsanación. En efecto, no alcanzamos a entender que la ampliación del plazo máximo para resolver coincida temporalmente con una petición de aclaración de la solicitud, toda vez que este defecto cuya subsanación quiere realizarse mediante la realización del trámite previsto en el art. 19.2 de la LTAIBG impediría, lógicamente a nuestro juicio, identificar con claridad la información solicitada para entender que su volumen o complejidad excesiva hacían necesario ampliar el plazo de resolución de la solicitud. Por el contrario, una correcta tramitación de la solicitud presentada hubiera exigido que primero se hubiera llevado a cabo la subsanación para, a continuación, poder valorar si efectivamente lo requerido permite ampliar el plazo por otro mes más. Sin embargo, se han llevado a cabo los dos actos a la vez, demorando en exceso el sistema de tramitación rápido previsto por la Ley mediante una actuación no completamente respetuosa con los principios del procedimiento administrativo vigente. Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta las dificultades electrónicas para el acceso a las comunicaciones emitidas que la propia Administración parece reconocer, debe concluirse que el desistimiento posterior decretado por la Administración no debe tenerse por efectuado, procediendo evaluar el fondo de la cuestión debatida. 4. La información realmente solicitada en el presente procedimiento es copia de la documentación firmada entre el Ministerio de Hacienda y la FNMT por el que se aprueban las condiciones de acreditación para la expedición de certificados digitales, ya que en la reclamación nada se menciona sobre la copia de la orden, instrucción o normativa que vengan aplicando para considerar derogada la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, que sí se citaba en la solicitud de acceso inicial y en la fase de audiencia. Por tanto, sobre este último apartado no vamos a pronunciarnos. La Administración señala, en vía de reclamación, que la solicitud de acceso a la información por la interesada se ha de referir a las encomiendas de gestión (ahora encargos) que el Ministerio de Hacienda ha venido realizando a la FNMT-RCM con carácter bianual para prestar los servicios relativos a la certificación de firma electrónica y servicios conexos (denominada Encomienda General pues tiene como destinatarios a la AGE y determinados organismos públicos). Todo ello, en aplicación de una medida de racionalización del sector público, establecida en la Disposición adicional sexta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Por tanto, hemos de indicar que la información solicitada se encuentra publicada, siendo la vigente encomienda la que se encuentra en el siguiente enlace: https://contratacioncentralizada.qob.es/encomiendas- qestion//iournal content/XXA1XBYVROqE?-56-INSTANCE-XXA1XBYVROqE article!d=35730&- 56-INSTANCE XXA1XBYVROqE qroupld=11614 Por su parte, la reclamante indica, en el trámite de audiencia, que pese a que el enlace del documento presentado por la FNMT no ha podido ser comprobado, (…), he comprobado que los requisitos expuestos en la web de la FNMT sobre obligación de aportar certificados en plazo concreto no se encuentran en los Estatutos de la FNMT, ni en los Reales Decretos 199/2009, 390/2011, o 336/2014, por lo que en tanto no facilite la documentación firmada por la que se aprueba con el Ministerio de Hacienda tales requisitos, la simple publicación en su página web de un requisito debería carecer de valor legal. Comprobado por este Consejo de Transparencia el enlace proporcionado por la Administración, da como resultado el acceso a una página que aparenta ser un anuncio comercial. Por el contrario, accediendo al enlace https://contratacioncentralizada.gob.es/inicio - diferente al proporcionado por la Administración - se visualiza lo siguiente: xUna noticia en el apartado novedades denominada Entrada en vigor del nuevo Encargo a la FNMT-RCM para la prestación a la AGE de servicios electrónicos de confianza 28/02/2019, con el siguiente contenido: “Ha entrado en vigor el nuevo Encargo a la FNMT-RCM para la prestación a la AGE de servicios electrónicos de confianza, cuyo objeto incluye, entre otros, la prestación de servicios técnicos, administrativos y de seguridad necesarios para garantizar la validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos producidos a través de técnicas y medios EIT (servicios de certificación y firma electrónica), servicios relativos a la identificación electrónica de las Administraciones Públicas y autenticación del ejercicio de su competencia y otros servicios tales como la expedición de certificados de autenticación de sitio web, servicios de validación de certificados a través de la plataforma FNMTRCM o el servicio de sellado de tiempo (creación de sellos cualificados de tiempo electrónicos). “ xA su vez, esta noticia permite ampliar más la información, accediéndose a un documento .pdf de 47 páginas, fechado el 28 de febrero de 2019, en el que se recogen tanto el objeto del encargo como el ámbito de aplicación, las obligaciones derivadas de la prestación efectiva de los servicios objeto del encargo, el plazo de duración, la recepción y pago del servicio, la responsabilidad y demás clausulas, junto con un anexo sobre servicios a prestar y características técnicas de las actividades a realizar por la FNMT-RCM. xEn cuanto al objeto del encargo, se citan la prestación de las actividades y servicios que se especifican en el anexo, por parte de la FNMT-RCM a solicitud de la Administración General del Estado y a los organismos y entidades del sector público vinculadas o dependientes de la misma a) Servicios técnicos, administrativos y de seguridad necesarios para garantizar la validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos producidos a través de técnicas y medios EIT (servicios de certificación y firma electrónica) en el ámbito competencial de los destinatarios del presente encargo, en las condiciones técnico-administrativas recogidas en el artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y sus normas de desarrollo, referidas en el presente encargo y detalladas en el capítulo I del anexo de la misma. xEn este Anexo se recogen los servicios EIT, así como los servicios de la Administración Pública (leyes 40/2015 y 18/2011) y otros servicios incluidos. Entendemos que esta es la documentación a que la reclamante quiere acceder, pero que todavía no tiene en su poder, por lo que debe ser proporcionada por la Administración, que no ha alegado límites ni causas de inadmisión que impidan facilitarla ni este Consejo de Transparencia advierte que sean de aplicación, al estar actualmente accesible al público en general. Por lo expuesto, la presente reclamación debe ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 24 de enero de 2019, contra la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE, adscrita al MINISTERIO DE HACIENDA. SEGUNDO: INSTAR a la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE, adscrita al MINISTERIO DE HACIENDA, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información/documentación: xCopia de la documentación firmada entre el Ministerio de Hacienda y la FNMyT por el que se aprueban las condiciones de acreditación para la expedición de certificados digitales. Esta documentación puede remitirse en formato papel o a través del enlace web exacto que dirija exacta y directamente a su contenido, sin posteriores procesos de búsqueda. TERCERO: INSTAR a la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE, adscrita al MINISTERIO DE HACIENDA, a que, en el mismo plazo, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información/documentación enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda