Solicitud de acceso a expediente administrativo de nacionalidad y estado civil y resultado de inadmisión

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 046/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado solicitó al MINISTERIO DE JUSTICIA, con fecha 14 de enero de 2021, al amparo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, , la siguiente información: Habiendo recibido una notificación de la Subdirección General De Información Administrativa E Inspección General De Servicios, fechada a 10/12/2020, se me informa en ella sobre la apertura del expediente /2019, en la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, la cual depende de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ministerio de Justicia. Dicho expediente se abre a raíz de haber interpuesto yo una reclamación ante el Encargado del Registro Civil Consular de Copenhague. S/REF: 001-052340 N/REF: R/0046/2021; 100-004749 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Justicia Información solicitada: Información sobre expediente Subdirección General de Reclamaciones Dado que dicho expediente no aparece en ninguna relación de ninguna sede electrónica a la que yo tenga acceso, pero evidentemente se refiere a mi persona, y amparándome en la Ley 39/2015, Art 53.1, a) y b), SOLICITO: - Acceso al expediente /2019, de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, y a conocer el estado de la tramitación del procedimiento del expediente /2019 de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, en el que tengo la condición de interesado, tal y como establece la Ley 39/2015, Art 53.1 a); - Así mismo, solicito obtener copia de los documentos contenidos en el citado procedimiento del expediente /2019 de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, tal y como establece la Ley 39/2015, Art 53.1 a); - Igualmente, solicito identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramita dicho procedimiento del expediente /2019 de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, según recoge la mencionada Ley 39/2015, Art 53.1 b). 2. Mediante resolución de fecha 10 de diciembre de 2020, el MINISTERIO DE JUSTICIA contestó al solicitante lo siguiente: En relación con la queja por Ud. formulada, que ha tenido entrada en esta Unidad el 16 de septiembre, en la que manifiesta su disconformidad con la negativa del Registro Civil Consular de España en Dinamarca a inscribir a su hija con los apellidos que ya constaban en su certificado de nacimiento danés y pasaporte, una vez recibido el pertinente informe de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, le comunico que según indican: El citado Registro Civil ha señalado que al haber interpuesto Ud. recurso contra la decisión de ese Consulado, remitió todo lo actuado a esa Subdirección General, lo que ha originado el expediente /2019, que se encuentra en estudio para su resolución cuando por turno de entrada le corresponda. Lamento los inconvenientes que este retraso le haya podido ocasionar y confiamos poder atenderle mejor la próxima vez que requiera nuestros servicios. 3. Ante esta respuesta, con fecha de entrada el 18 de enero de 2021, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Mi petición de información viene motivada por que la Administración ha abierto un expediente, aparentemente de 2019, en el que soy parte interesada (expediente /2019, de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil) sin haberme notificado el inicio del mismo o las causas. Tan sólo he sabido de la existencia de dicho expediente a través de una notificación referida a otro expediente (OFICIO de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA E INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS) f echada a 10/12/2020. Esta situación me deja en manifiesta vulnerabilidad, pues si no soy consciente de la existencia de un expediente, ni de las fechas de apertura y posible prescripción, se me están negando unos derechos básicos que me asisten como ciudadano. Por otra parte, la Ley 39-2015_Art 53.1, a) y b), es muy clara al no establecer límites de fechas o estado del procedimiento para obtener acceso a la información (las mayúsculas son mías): "Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. 1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, EN CUALQUIER MOMENTO, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos." "b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos." Así pues, amparándome en la LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Artículo 53.1, a) y b), SOLICITO, Que se reconsidere la negativa de acceso y se me informe sobre el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, etc.; Así mismo, a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en dicho expediente /2019, de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil; Igualmente, solicito identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramita dicho expediente /2019, de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho - a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte ”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. A continuación, hay que analizar si el contenido de la reclamación presentada, que coincide con el de la solicitud de acceso, tiene acomodo o no en el ámbito de aplicación de la LTAIBG. La respuesta debe ser negativa. En efecto, lo solicitado es relativa a información sobre el estado en que se encuentra un expediente incoado a raíz de la reclamación interpuesta por el interesado ante el Encargado del Registro Civil Consular de Copenhague, cuya apertura le ha sido notificada por la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios del Ministerio de Justicia. Por tanto, el reclamante solicitó acceso a la información al amparo del artículo 53.1, apartados a) y b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pero ha presentado la reclamación al amparo de la LTAIBG. Por no estar pensada para ese fin, no puede invocarse la LTAIBG para adquirir una condición o unos derechos que ostenta por la normativa general que rige el procedimiento administrativo común o por otras normas sectoriales o especiales. Como indica la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6, de Madrid, de fecha 16 de octubre de 2017, el derecho de acceso a la información “es un derecho de los ciudadanos de nueva creación que en nada amplía los derechos de los interesados que ya se reconocían en el art. 30 y siguientes de la Ley 30/1992, y más en concreto en el art. 35 a) cuando establece el derecho de acceso permanente para conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y a la obtención de copias de documentos contenidos en ellos, precepto que el Tribunal Supremo ha venido interpretando en el sentido de que "lo que reconoce es el derecho a acceder al procedimiento para tomar conocimiento de la totalidad del mismo y, a la vista de lo así conocido, obtener "copia de documentos contenidos en ellos" (Sentencia de 26 de enero de 2011, entre otras). Por lo tanto el interesado en un procedimiento no necesita invocar la LTBG para realizar una acceso que ya tiene reconocido, y con carácter mucho más amplio, desde la promulgación de la Ley 30/1992, que es la específicamente aplicable a su posición jurídica. (…) QUINTO.- Si la parte actora carece de derecho subjetivo al acceso a dicha información en tanto que interesado directo en el procedimiento, menos aun podría ostentar en este caso dicho derecho actuando como ciudadano, o como "público" que invoca el derecho reconocido en la normativa que regula la transparencia y buen gobierno (...)”. (Las referencias de esta Sentencia a la Ley 30/1992, han de entenderse hechas a la vigente Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que la sustituye.) Por ello, la reclamación ha de ser inadmitida a trámite. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE JUSTICIA. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez