Acceso a listado de modificados y costes adicionales de obras adjudicadas por el Ministerio de Fomento

Con.se1o do Tr~n -s,pan:nc 1a y Buen GQbii;:r"t\0 PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-010350 Nombre: NIREF: R/0035120 17 FECHA: 21 de abril de 20 17 ASUNTO: Resolución de reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por mediante escrito con entrada el 26 de enero de 2017, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 11. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, solicitó al MINISTERIO DE FOMENTO, con fecha 7 de diciembre de 2016, y al amparo de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci ón pública y buen gobierno la siguiente información: Listado de modificados, obras complementarias y otros costes adicionales de las obras adjudicadas por el Ministerio de Fomento entre 2008 y la actualidad, especificando: obra adjudicada, número de expediente, empresa adjudicataria, importe adjudicado, importe adicional (incluyendo modificados y obras complementarias) y tipo de obra. Les agradecería que me hicieran llegar la información en un formato reutilizable. Si no fuera posible, tal y como consta en los registros públicos para evitar cualquier acción de reelaboración. 2. Mediante Resolución de 23 de enero de 2017, el MINISTERIO DE FOMENTO indicó al solicitante lo siguiente : Con fecha 22 de diciembre de 2016 esta solicitud se recibió en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 1912013 para su resolución. ctbg@conse j odetra nspa renda. es De acuerdo con la letra c) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando sean relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Una vez analizada la solicitud, esta Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente toda vez que las obras adjudicadas por el Ministerio de Fomento entre 2008 y la actualidad, sobre las que se solicita información, han sido adjudicadas por diversos órganos de contratación no existiendo en el ámbito de esta Secretaría de Estado un repositorio de información centralizado que contenga la información requerida, lo que obligaría para proporcionarla a realizar necesariamente una labor previa de reelaboración a partir de la que dispongan al respecto los diferentes órganos de contratación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la letra c) el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública que ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución. 3. Con fecha de 26 de enero de 2017, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno escrito de reclamación presentado por al amparo de lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG en el que indicaba lo siguiente: El Ministerio de Fomento me deniega el listado de modificados de obras y obras complementarias de las obras adjudicadas por el departamento desde 2008 hasta 2015. Argumenta que las obras han sido adjudicadas por distintos órganos de contratación y que habría que reelaborar la información y que no existe repositorio de información centralizado. Cuesta creer que no exista repositorio de información centralizado ya que estoy hablando de un único ministerio (Fomento, que no ha cambiado desde 1996) y de información tan básica como los modificados de contratos. Una información de la que el propio ministerio hace una explotación estadística en su página web en el que se incluye el listado de adjudicaciones de obra del Grupo Fomento. NO/INFORMACION_ESTADISTICA/Construccion/Adjudicaciones/ Además, recuerdo que ya el artículo 8.1 de la Ley de Transparencia argumenta que serán objeto de publicación las modificaciones de los contratos. Por todo ello, presento esta reclamación sobre una información tan vital y que se refiere a los recursos públicos que maneja el Ministerio. 4. El 26 de enero de 2017, este Consejo de Transparencia remitió el expediente a la Unidad de Información de Transparencia del MINISTERIO DE FOMENTO para alegaciones. Las mismas cuales tuvieron entrada el 20 de febrero de 2017 y en ellas se indicaba lo siguiente: Con fecha 22 de diciembre de 2016 esta solicitud se recibió en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, fecha a partir de la cual empezó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 para su resolución. El 18 de enero de 2017 se aceptó por esta Secretaría de Estado la competencia para responder a la solicitud notificándose por el Portal de Transparencia al solicitante el comienzo de la tramitación. Dado que el plazo de un mes para contestar vencía el lunes 23, el 19 de enero se notificó al solicitante la ampliación de plazo de un mes en base al artículo 20.1 de la Ley 19/2013. Con fecha 23 de enero de 2017 se dictó la Resolución de dicho expediente firmada por la Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en virtud de la cual se denegaba el acceso a la información solicitada por el interesado, de conformidad con el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013 que dispone que se inadmitirán a trámite las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Por esta Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se realizan las siguientes alegaciones a los argumentos anteriores: 1. Como se indica en su propia página web, la Plataforma de Contratación del Sector Público (httos://contrataciondelestado.es), creada en virtud del artículo 334 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es "el principal punto de acceso a la información sobre la actividad contractual del Sector Público, facilitando la información sobre las convocatorias de licitaciones y sus resultados de todos los organismos que lo componen". A ella acceden el centenar aproximadamente de órganos de contratación que están englobados bajo el ámbito del Ministerio de Fomento, lo que hace innecesaria la existencia de un repositorio de información centralizado en este Ministerio. 2. En la página web que indica el reclamante, el Ministerio de Fomento no publica "el listado de adjudicaciones de obra del Grupo Fomento" como se aduce, sino la información estadística de las adjudicaciones de obra del denominado Grupo Fomento, y más concretamente, el importe total de dichas adjudicaciones, para lo que tampoco es necesario disponer en este caso de un repositorio de información que contenga los datos que solicita el reclamante. 3. Los diferentes órganos de contratación de la Administración General del Estado están obligados, en cumplimiento del artículo 8.1 de la Ley 19/2013, como aduce el reclamante a publicar las modificaciones de los contratos, pero esa publicación debe realizarse directamente por el órgano de contratación al que corresponde hacerlo y como parte del procedimiento de licitación, sin que deba existir un repositorio centralizado de información a tal efecto. 4. El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha interpretado el concepto de reelaboración como causa de inadmisión en diversas resoluciones, indicando que "puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información (...)"(Resolución de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Reclamación R- 063-2016, 12 de septiembre de 2016), que es aplicable, desde el punto de vista de esta Secretaría de Estado, a la solicitud que se reclama. Como conclusión de lo alegado, se reitera que no existe en el ámbito de esta Secretaría de Estado un repositorio de información centralizado que contenga la información requerida por el reclamante, por lo que, para proporcionarla, sería necesario realizar una labor previa de reelaboración a partir de la información de que dispongan los diferentes órganos de contratación. Ello entraría en el supuesto c) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, que permite inadmitir a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando sean relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de /os sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, y como cuestión preliminar, debe atenderse a una serie de consideraciones formales, relativas a la tramitación de la solicitud de información que ha dado lugar a la presente reclamación. Así, debe recordarse que según consta en el expediente, la solicitud de información fue presentada por el interesado el 7 de diciembre de 2016. Igualmente, consta, por afirmación de la propia Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que la entrada en dicho organismo tuvo lugar el 22 de diciembre, fecha en la que empieza el cómputo del plazo de un mes previsto en el artículo 20 de la LTAIBG al ser éste el órgano competente para resolver y en aplicación de lo dispuesto por ese mismo precepto. No obstante, y a pesar del transcurso de 15 días desde la solicitud hasta su remisión a la Secretaría de Estado competente, plazo que a nuestro juicio debe considerarse excesivamente largo al tratarse de un procedimiento sustanciado por medios electrónicos que permite, precisamente, una agilidad y rapidez en la tramitación que no se ha dado claramente en este caso, la Secretaría de Estado vuelve a apuntar una nueva fecha, esta vez la del 18 de enero, como la de aceptación de la competencia. A juicio de este Consejo de Transparencia, no puede dejarse a la discrecionalidad del órgano competente, manifestada mediante un acto de aceptación de la competencia, en fecha claramente posterior a aquella en la que entró la solicitud en el mismo y en la que éste asumió que era competente (tal y como se indica en la resolución ahora recurrida), el inicio del cómputo para resolver una solicitud de información, y más cuando ello redunda en un alargamiento excesivo e injustificable de los plazos. En el caso que nos ocupa, además, se produjo una nueva dilación en los plazos al aplicar el órgano competente la ampliación prevista en el artículo 20 de la LTAIBG que, debe recordarse, está prevista para los casos en los que el volumen o la complejidad de la información que se solicite así lo requiera, previa justificación y comunicación al solicitante. En definitiva, por todas las circunstancias planteadas, este Consejo de Transparencia entiende que la tramitación de la solicitud no ha sido realizada de conformidad con lo previsto en la LTAIBG, que aboga por un procedimiento ágil y sencillo que permita al interesado obtener una respuesta en el plazo más breve posible a su solicitud de acceso a la información. 4. Entrando ya en el fondo del caso que nos ocupa, el mismo se centra en determinar si el acceso a la información que se solicita, esto es un Listado de modificados, obras complementarias y otros costes adicionales de las obras adjudicadas por el Ministerio de Fomento entre 2008 y la actualidad, especificando: obra adjudicada, número de expediente, empresa adjudicataria, importe adjudicado, importe adicional (incluyendo modificados y obras complementarias) y tipo de obra implica una actividad previa de reelaboración en el sentido del artículo 18.1 c) de la LTAIBG. En efecto, el artículo 18.1 c) prevé, entre las causas de inadmisión de una solicitud de información, que la misma venga referida ainformación para cuya divulgación sea necesaria una actividad previa de reelaboración. Dicha causa de inadmisión ha sido objeto del criterio interpretativo nº 7 de 2015, aprobado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en ejercicio de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG en el siguiente sentido: (…) xEn cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: “volver a elaborar algo”. Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. xSi por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como “derecho a la información”. Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada. Una vez fijado el concepto de reelaboración, conviene diferenciarlo de otros supuestos regulados Ley 19/2013, que no suponen causa de inadmisión. I. El primero sería la solicitud de “información voluminosa”, que aparece recogida en el artículo 20.1. En este caso, se trata de información cuyo “volumen o complejidad” hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. En este caso no se estaría ante un supuesto de reelaboración, por lo que tampoco sería un caso de inadmisión de la solicitud sino de ampliación del plazo para resolver. En este sentido se pronuncia el artículo 20.1, párrafo 2 que dice textualmente “Este plazo (1mes) podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. No obstante, sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información objeto de solicitud cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos que, a juicio de este Consejo de Transparencia, impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración. II. El segundo supuesto sería el que se refiere a la información que, por contener datos de carácter personal, debe ser “anonimizada” o disociada antes de ser suministrada al interesado o bien que, por afectar a alguno de los límites previstos en la norma, el acceso sólo deba proporcionarse respecto de parte de la información solicitada. Son los supuestos contemplados en los artículos 15.4 -que prevé la anonimización de la información, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas- y 16 de la Ley 19/2013, que prevé el suministro de la información con omisión de aquella que esté afectada por algunos de los límites del artículo 14. En estos casos, y pese a suponer, implícitamente, un proceso específico de trabajo para proporcionar la información, ninguno de estos dos supuestos puede entenderse como reelaboración. III. Puede ocurrir también que la información se encuentre en poder de varias unidades informantes que resultan responsables de su custodia pero su autor esté claramente definido. En este caso tampoco se trataría de un caso de reelaboración, operando el artículo 19.4 de la Ley 19/2013 que establece que: “Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. A juicio de la Administración, las circunstancias que amparan la aplicación de dicha causa de inadmisión se dan en el caso de la información ahora solicitada, toda vez que, al ser los expedientes de contratación sobre los que se interesa el solicitante (que abarca a todas las obras adjudicadas por el Ministerio de Fomento desde el año 2008) competencia de los diversos órganos de contratación con los que cuenta el Departamento, el suministro de los datos solicitados, atendiendo a los criterios con los que se formula la solicitud, exigiría la reelaboración de la información para poder dar respuesta a la solicitud. 5. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, como bien indica el solicitante, el propio artículo 8.1 a) de la LTAIBG prevé que, dentro de la información sobre todos los contratosque firmen los sujetos obligados según la Ley se encuentran las modificaciones que éstos sufran. Pero no es menos cierto que esta obligación está prevista en la LTAIBG, cuya entrada en vigor se produjo en diciembre de 2014. Por otro lado, se alega por las partes que la publicación de la información sobre los contratos firmados se realiza a través de la plataforma de contratación del sector público. Dicha plataforma se nutre de información que proporcionan los órganos de contratación, según dispone el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicoque se pronuncia en los siguientes términos: 1. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por esta Ley o por las normas autonómicas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, los órganos de contratacióndifundirán, a través de Internet, su perfil de contratante. La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y anuncios de licitación. 2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, tales como los anuncios de información previa contemplados en el artículo 141, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación de los contratos. Por otro lado, y ya concretamente sobre la Plataforma de contratación, el artículo 334 de la norma antes mencionada indica lo siguiente: 1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, a través de sus órganos de apoyo técnico, pondrá a disposición de todos los órganos de contratacióndel sector público una plataforma electrónica que permita dar publicidad a través de internet a las convocatorias de licitaciones y sus resultados y a cuanta información consideren relevante relativa a los contratos que celebren, así como prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos. En todo caso, los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector público estatal deberán integrarse en esta plataforma, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las sedes electrónicas de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil del contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.(…) De todo lo anterior, por lo tanto, puede concluirse que la información sobre la actividad contractual de las Administraciones Públicas se centraliza a través de los órganos de contratación, y que no tiene por qué haber uno por cada organismo público, sino que pueden ser varios, como ocurre precisamente con el MINISTERIO DE FOMENTO, cuyo número, según indica el Departamento en sus alegaciones, supera la centena. 6. No obstante lo anterior, en el presente caso, la información está disponible por los órganos de contratación, primordialmente porque se trata de la modificación de un contrato de cuya gestión son responsables y porque, como decimos, su publicación es obligatoria en virtud de la LTAIBG desde el 10 de diciembre de 2014. Esta circunstancia es, a nuestro juicio, determinante. En efecto, si la información debe ser objeto de publicación obligatoria, la misma debe estar, sin lugar a dudas, en poder del órgano de contratación responsable, y debe estarlo, no sólo para abordar las consecuencias prácticas de la modificación del contrato, entre las que se encontraría, previsiblemente, la modificación del importe, sino para proceder a su publicación en cumplimiento de la LTAIBG. Consta además a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que el cumplimiento de las obligaciones en materia de contratación derivadas de la LTAIBG se realiza por los sujetos obligados a través de la plataforma de contratación antes mencionada. Asimismo, y según puede comprobarse de la información publicada por el propio MINISTERIO en su página web, en el enlace que indica el reclamante, existe información estadística sobre el importe de las adjudicaciones del Grupo Fomento que se remonta al año 2004. Es decir, más allá de la existencia o no de un repositorio único o común a todos los órganos de contratación del Grupo, cuestión que no es determinante o esencial a la hora de considerar que nos encontramos ante un supuesto de reelaboración, lo cierto es que la actividad contractual de las entidades del Grupo y, como tal, el dato que se solicita de las modificaciones realizadas, es información que ya existe y que no necesita ser reelaborada para proporcionar su acceso. 7. En efecto, el número de órganos de contratación que disponen de la información no puede entenderse como determinante para considerar que nos encontramos ante un supuesto de reelaboración, ya que en ningún caso la información debe ser creada o preparada ex profesopara dar respuesta a la información, sino que tan sólo debe ser recopilada para ser proporcionada al solicitante. Es decir, a nuestro juicio, la respuesta a la solicitud no exige reelaborar la información que posean los órganos de contratación, sino recopilarla para proporcionar su acceso al interesado Teniendo en cuenta lo anterior, no obstante, este Consejo de Transparencia es consciente de que ha sido la LTAIBG la que ha obligado, como decimos, a sistematizar y gestionar esta información al objeto de poder cumplir con lo dispuesto en la misma, por lo que entiende que es a partir de diciembre de 2014 cuando se ha debido abordar una adecuada sistematización de las modificaciones efectuadas en los contratos, para proceder al cumplimiento de la norma. Y ello, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que se plantean en el caso concreto y, sin perjuicio de que, como se ha afirmado reiteradamente, el derecho de acceso regulado en la LTAIBG no está limitado a información generada o elaborada a partir de esa fecha. Por este motivo, entiende que los datos que solicita el interesado están disponibles, según los criterios que se indican en la solicitud (que coinciden con los mencionados en el art. 8.1 a) de la LTAIBG o bien con los datos que gestiona el órgano de contratación sobre el desarrollo de la adjudicación), esto es obra adjudicada, número de expediente, empresa adjudicataria, importe adjudicado, importe adicional (incluyendo modificados y obras complementarias) y tipo de obra desde la fecha indicada, siendo la referencia para ello la fecha en la que se produjo la modificación del contrato. 8. Por lo tanto, en base a los argumentos anteriormente expuestos, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entiende que el MINISTERIODE FOMENTO debe proporcionar al solicitante, Listado de modificados, obras complementarias y otros costes adicionales de las obras adjudicadas por el Ministerio de Fomento (…), especificando: obra adjudicada, número de expediente, empresa adjudicataria, importe adjudicado, importe adicional (incluyendo modificados y obras complementarias) y tipo de obra. Todo ello respecto de modificaciones producidas a partir del 10 de diciembre de 2014. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por on entrada el 26 de enero de 2017 frente a la Resolución de 23de enero de 2017 del MINISTERIO DE FOMENTO. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE FOMENTO a que, en el plazo máximo de 20 días hábiles, facilite a la información referida en el Fundamento Jurídico 8 de la presente Resolución. TERCERO:INSTAR al MINISTERIO DE FOMENTO a que, en el mismo plazo máximo de 20 días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al Reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez