Acceso a informes de especialistas externos sobre exportación de bienes culturales protegidos

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 020/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a través del Portal de la Transparencia al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, y al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 13 de diciembre de 2019, la siguiente información: Aquellos informes emitidos por profesionales o especialistas externos que hayan sido solicitados por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico (o que obren en poder del Ministerio) en el marco de la tramitación de las solicitudes de exportación de bienes culturales protegidos tramitadas en los últimos cinco ejercicios (2014 a 2018). Dichos informes tienen relevancia en la tramitación del expediente y 1 https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con S/REF: 001-039280 N/REF: R/0020/2020; 100-003330 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Cultura y Deporte Información solicitada: Informes especialistas externos para exportación bienes culturales Sentido de la resolución : Desestimatoria Subdirección General de Reclamaciones en la conformación de la voluntad pública del órgano, siendo relevante para la rendición de cuentas. 2. Mediante resolución de fecha 7 de enero de 2020, el MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE contestó al solicitante lo siguiente: (…)3º. Independientemente de la inconcreción del objeto, y la desmedida e indeterminada amplitud temática de la solicitud, de acuerdo con la letra b) del apartado 1 del artículo 18 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública que se refieran a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. 4º. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez q ue los informes emitidos por los profesionales en su condición de especialistas externos se solicitan de cara a que la Junta de Calificación pueda ayudarse a formar un criterio más completo. Ese criterio es el que a su vez sirve de base para informar al Director General de Bellas Artes acerca del sentido en que deben ser resueltas las solicitudes de exportación. Los informes de esta naturaleza son por tanto identificables como documentación de carácter auxiliar, y como informes emitidos entre órganos o entidades administrativas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 18 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información solicitada. 3. Ante la citada respuesta, mediante escrito de entrada el 9 de enero de 2020, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en base a los siguient es argumentos: Los informes solicitados carecen de carácter auxiliar como se argumenta en la respuesta, y muy al contrario, tienen relevancia en la tramitación de los expedientes de exportación de bienes culturales protegidos y en la conformación de la volunta d pública del órgano, como se reconoce en dicha respuesta: "Los informes emitidos por los profesionales en su condición de especialistas externos se solicitan de cara a que la Junta pueda ayudarse a formar un criterio más completo [...] que a su vez sirve de base para informar al Director General de Bellas Artes acerca del sentido en que deben ser resueltas". Al ser necesario recurrir a profesionales para formarse un criterio sobre el sentido de la resolución, no puede entenderse que son informes emitidos entre órganos o entidades administrativas ni tampoco que dicho criterio podría formarse sin contar con esta opinión de un experto. 4. Con fecha 15 de enero de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada al día siguiente, el indicado Ministerio realizó las siguientes alegaciones: En primer lugar, debe afirmarse que la relevancia de los informes no ha sido negada en ningún momento por este departamento. Nuevamente, esta unidad debe defender las tesis que ya se argumentaron ante el Consejo de Transparencia, y afirmar de forma contundente que los informes que la Junta de Calificación solicita tienen el carácter de documentos de trabajo interno. Como es sabido, las resoluciones finales de la Junta de Calificación, órgano consultivo, son competencia del Director General de Bellas Artes, cuya acción si está sujeta al control público. En dichas resoluciones se proporciona la información a quien la solicita de las razones por las que se autoriza o deniega una exportación. Igualmente se aportan a quien los pide los informes que realiza la Junta para ayudar al Director General a formarse un criterio. Esto, no obstante, los informes que se solicitan de forma reiterada en la reclamación quedan dentro por su propia lógica de la calificación como “documentos internos de trabajo”, ya que se trata de informes que se solicitan para la elaboración de otro informe. Es decir, que estos están alejados de la “conformación de la voluntad pública del órgano”, ya que la competencia final es del Director General, como ha quedado expuesto. Debe recordarse además que la Junta puede formarse un criterio sin contar con la opinión de un experto externo, y de hecho lo hace constantemente dado q ue el 90% de las piezas cuya exportación se estudia en cada reunión se autorizan sin recurrir a personas externas. Recibidos dichos informes, la Junta los estudia y emite el suyo propio, que puede ser o no coincidente con el del especialista externo. Ese informe de la Junta, que es preceptivo y no vinculante, es el que a su vez es utilizado por el Director General para la “conformación de la voluntad pública”, que es lo que sí está sujeto a la ley de transparencia. El Director, naturalmente, puede también diferir en su criterio del criterio de la Junta. Por último, no puede dejarse de señalar el carácter abusivo y en ningún modo justificado con el espíritu de la ley con el que el solicitante, del que constan hasta 19 preguntas de transparencia, hace uso de los mecanismos concebidos por la ley para formular de forma reiterada las mismas cuestiones, que necesariamente se saldan siempre con las mismas respuestas y la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo de los recursos humanos de la Subdirección General. A este respecto, cabe recordar los expedientes 001-037751 y 001-015340. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Respecto al fondo del asunto, cabe recordar que la solicitud de información se concreta en los informes emitidos por profesionales o especialistas externos qu e hayan sido solicitados por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico (…) en el marco de la tramitación de las solicitudes de exportación de bienes culturales protegidos. Es decir, como bien recalca la Administración en argumento que, por su importancia, entendemos necesario recordar, no se piden los informes de la indicada Junta de Calificación, 2 https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/10/31/919 preceptivos aunque no vinculantes y que sí inciden directamente en la voluntad del órgano competente para adoptar la decisión pública, sino los informes- que, como también aclara la Administración, pueden no evacuarse dada la naturaleza de especialistas de los que forman parte de la Junta de calificación y, por lo tanto, su capacidad para conformarse una opinión sin la asistencia de terceros- en los que, como decimos, eventualmente, se ha podido apoyar la reiterada Junta de calificación para hacer sus informes. Es decir, se piden los informes- si existieran que en la mayoría de los supuestos no lo haría- que se hubieran pedido para la evacuación de otros informes, estos sí, preceptivos. Como hemos indicado en los antecedentes, la Administración ha inadmitido la solicitud de información al considerar de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 b) de la LTAIBG que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Referidas a información que tengan carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Argumenta el MINISTERIO en la resolución recurrida que los informes requeridos se solicitan de cara a que la Junta de Calificación pueda ayudarse a formar un criterio más completo. Ese criterio es el que a su vez sirve de base para informar al Director General de Bellas Artes. Y añade en sus alegaciones al expediente de reclamación que la Junta los estudia y emite el suyo propio, que puede ser o no coincidente con el del especialista externo (en un 90% de los casos lo hace sin contar con la opinión de un experto externo). Ese informe de la Junta, que es preceptivo y no vinculante, es el que a su vez es utilizado por el Director General para la “conformación de la voluntad pública”. Que se trata de informes que se solicitan para la elaboración de otro informe. Es decir, que estos están alejados de la “conformación de la voluntad pública del órgano”, ya que la competencia final es del Director General, que puede también diferir en su criterio del criterio de la Junta. 4. En relación a la causa de inadmisión alegada, ha de recordarse que ha sido interpretada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el Criterio 6/2015 de 12 de noviembre , aprobado en ejercicio de las competencias legalmente conferidas este organismo por el art. 38.2 a) de la LTAIBG, y en el que se concluye que es la condición de información auxiliar o de apoyo la que permitirá, de forma motivada y concreta invocar un aplicación de la causa de exclusión, siendo la enumeración referida a “notas, borradores, opiniones, resúmenes, 3 https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html comunicaciones e informes internos o entre órganos administrativos” una mera ejemplificación que, en ningún caso, afecta a todos los conceptos enumerados sino a aquellos que tenga la condición principal de auxiliar o de apoyo. Igualmente, en dicho criterio se clarifica que una solicitud de información auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, podrá ser declarada inadmitida a trámite cuando se den, entre otras, alguna de las siguientes ci rcunstancias: 1. Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad. 2. Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final. 3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud. 4. Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento. 5. Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final. Por último, debe tenerse en cuenta que la motivación que exige la Ley 19/2013, para que operen las causas de inadmisión tiene la finalidad de evitar que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas, y su aplicación. Éstas en ningún caso tendrán la condición de informaciones de carácter auxiliar o de apoyo. Por su parte, los Tribunales de Justicia también se han pronunciado sobre esta causa de inadmisión en el siguiente sentido: - La Sentencia 41/2018, de 6 de abril de 2018, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid, señala lo siguiente: “Aquello que es relevante en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, como los informes que ayudan a conformar el criterio final y definitivo del Gobierno; en este caso, relativos al grado de implementación de las medidas incorporadas en el Plan de Acción objeto de autoevaluación, y que deben responder a criterios principalmente objetivos, son imprescindibles para la elaboración del informe de autoevaluación; y en consecuencia, no se está ante información auxiliar” “A la hora de interpretar qué se entiende por información auxiliar o de apoyo, no podemos considerar como tal, sólo y sin más, los supuestos reseñados en la aludida causa de inadmisión; sino que se ha de determinar si en el presente caso, la información consistente en los informes generados (…) han de entenderse como secundarios e irrelevantes en el establecimiento, desarrollo e implementación del plan de acción pública. Estamos ante conceptos indeterminados que han de integrarse a la luz de la normativa reguladora del derecho pretendido y demás disposiciones de aplicación; donde no puede dejarse de tenerse en cuenta la finalidad y naturaleza de la información solicitada. Normativa reguladora del derecho a la información pública que, como se ha puesto de manifiesto en otras sentencias dictadas por este Juzgado, (…) configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, cuya salvaguardia corresponde al CTBG, siendo el acceso a la información la regla general y la aplicación de los límites justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección; atendiendo a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. Se ha de tener, pues, presente, las circunstancias de cada caso y partir de la definición de información pública contenida en el art. 13 de la Ley 19/2013, como aquellos contenidos o documentos elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” -La Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de julio de 2018, dictada en el Recurso de Apelación nº 46/2018, “(...) lo instrumental o accesorio no depende de su carácter formal sino de su verdadero contenido material. Información auxiliar no es el equivalente a información de valor provisional (…) Los informes a que se refiere el art.18.1.b son los que tienen un ámbito exclusivamente interno, pero no los que pretenden objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente, aspectos relevantes que han de ser informados (...) Por otro lado hay que recordar el carácter restrictivo que tienen las limitaciones de la información conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así bastaría con citar la Sentencia de fecha 8.11.2016 o 25 de junio de 2.013 que han interpretado el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y de la misma forma el carácter amplio que tiene el concepto de “información pública”. Por consiguiente, si se pretende conocer la motivación seguida por las Administraciones Públicas en su toma de decisiones habrán de ser conocidos los informes por ella evacuados que resulten ser relevantes, hayan sido o no de apoyo a la decisión final, y no esperar al resultado de esta última.” Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2018, razona que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”.(…) la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley 5. Al respecto de la exportación de bienes culturales hay que señalar que la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español , establece en su artículo 5º.1 que A los efectos de la presente Ley se entiende por exportación la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Asimismo, el artículo 32 dispone que: 1. Los bienes muebles cuya importación haya sido realizada legalmente y esté debidamente documentada, de modo que el bien importado quede plenamente identificado, no podrán ser declarados de interés cultural en un plazo de diez años a contar desde la fecha de su importación. 2. Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Estado, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisición respecto de ellos. Antes de que finalice el plazo de diez años los poseedores de dichos bienes podrán solicitar de la Administración del Estado prorrogar esta situación, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor y oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Por otro lado, el Real Decreto 111/1986 , de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, establece en su artículo 7.1 que La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, adscrita a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, estará compuesta por: a) Dieciocho Vocales designados por el Ministro de Cultura, 15 de ellos a propuesta del Director General de Bellas Artes y Archivos y tres a propuesta del Director General del Libro y Bibliotecas, entre personas de reconocida competencia en los distintos campos de actuación de la Junta. Y en su artículo 8 que Corresponde a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, en relación a dichos bienes : a) Dictaminar las solicitudes de permiso de exportación de los bienes a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley 16/1985 con excepción de los bienes afectados por el artículo 32, apartados 1 y 2, de dicha Ley y durante el plazo que en dicho precepto se indica. b) Informar las solicitudes de permiso de salida temporal del territorio español prevista en el artículo 31 de la Ley 16/1985 con igual excepción que en el párrafo anterior. c) Informar la permuta de bienes muebles de titularidad estatal que el Gobierno proyecte concertar con otros Estados, a que se refiere el artículo 34 de la Ley 16/1985. d) Fijar el valor de los bienes exportados ilegalmente a los efectos de determinar la correspondiente sanción. e) Valorar los bienes que se pretendan entregar al Estado en pago de la deuda tributaria y realizar las demás valoraciones que resulten necesarias para aplicar las medidas de fomento que se establecen en el título VIII de la Ley 16/1985. A tal fin podrá solicitar informe de peritos y de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 16/1985. Para efectuar la tasación los miembros de la Junta y los peritos que ésta designe tendrán acceso al bien para su examen. En el caso de bienes muebles la Junta podrá acordar su deposito en un establecimiento oficial. f) Valorar los bienes que el Ministerio de Cultura proyecte adquirir con destino a bibliotecas, archivos y museos de titularidad estatal cuando éstos carezcan de sus propios 5 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-2277 órganos de valoración e informar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por la Administración del Estado, en los términos previstos en este Real Decreto. g) Cualquier otra función que se le atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria. Y en el artículo 9.5, que La Junta podrá solicitar informes o estudios a especialistas o instituciones sobre los aspectos que considere necesarios en el ejercicio de sus funciones. 6. Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se aprecia la existencia de la causa de inadmisión invocada, aunque, recordemos, debe ser aplicada de manera restrictiva, coherente y proporcionada, puesto que la regla general es la de facilitar el acceso a la información pública, y debe ser justificada de manera clara, circunstancia que a nuestro parecer no ocurre en el presente supuesto. Así, a nuestro parecer y como se recoge en la mencionada normativa, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español puede solicitar informes a especialistas, es decir, estos informes no son preceptivos u obligatorios y serán solicitados por la Junta cuando lo consideren oportunos, que hay que recordar está compuesta por personas de reconocida competencia en los distintos campos de actuación de la Junta. A este respecto, la Administración informa que en el 90% de los casos no se solicitan estos informes a los expertos externos, dato que este Consejo de Transparencia no tiene por qué poner en duda. Asimismo, en aplicación del Criterio de este Consejo pueden ser inadmitidas, entre otras, cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud y cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final, circunstancias a nuestro entender aplicables al presente supuesto, teniendo en cuenta que la Junta Consultiva, en el caso de que hubiera solicitado el informe de estos expertos, podrá tenerlo en cuenta o no para elaborar su informe, y que el informe de la Junta aunque preceptivo, no es vinculante (oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español), ya que, la competencia final es del Director General, que puede también diferir en su criterio del criterio de la Junta, tal y como alega la Administración. Finalmente, cabe recordar que el informe que sí tiene incidencia en la decisión pública del órgano, como lo demuestra que tenga naturaleza preceptiva- es el elaborado por la tantas veces mencionada Junta de Calificación. Documentación que, como afirma la Administración se aportan a quien los pide. No se trata, por tanto, de informes, en el caso de existir, que ayuden a conformar el criterio final y definitivo, como exigen nuestros tribunales para que no se aplique la causa de inadmisión invocada. Entendemos que no facilitar estos informes no implica que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, dado, como se ha indicado, que es el Director General de Bellas Artes el que tiene la competencia para resolver este tipo de expedientes y que en su resolución, junto con el acuerdo que se tome, se incluirá la motivación en base a la que se haya tomado la decisión. Como manifiesta la Administración cuya acción si está sujeta al control público. En dichas resoluciones se proporciona la información a quien la solicita de las razones por las que se autoriza o deniega una exportación. Igualmente se aportan a quien los pide los informes que realiza la Junta para ayudar al Director General a formarse un criterio. En consecuencia, se considera que la información solicitada es de carácter auxiliar o de apoyo y que concurren circunstancias que permitan aplicar la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 b). 7. Por último, hay que recordar a la Administración que si como manifiesta en sus alegaciones constan del mismo solicitante hasta 19 preguntas de transparencia (…) para formular de forma reiterada las mismas cuestiones, la LTAIBG prevé en el mismo artículo 18.1 letra e) la posibilidad de inadmitir solitudes de información que sean manifiestamente repetitivas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, los criterios establecidos por este Consejo y los determinado por nuestros Tribunales en cuanto a la aplicación de las causas de inadmisión. Por todos los argumentos que anteceden, la presente reclamación ha de ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 9 de enero de 2020, contra la resolución de 7 de enero de 2020 del MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda