Acceso a informes sobre el fallecimiento de un coreógrafo en el festival Mad Cool 2017

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 015/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 10 de diciembre de 2018, información en los siguientes términos: Todos y cada uno de los informes realizados por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior por la muerte del coreógrafo en el festival madrileño Mad Cool del año 2017. Entre estos informes solicito también los realizados por el propio festival y puestos a disposición de la Administración y el expediente o informe de investigación que realizó la Administración General del Estado. No consta respuesta del Ministerio. S/REF: 001-031459 N/REF: R/0015/2019; 100-002049 Fecha: 28 de marzo de 2019 Dirección Administración/Organismo: Minis terio del Interior Información solicitada: Informes fallecimiento coreógrafo festival Mad Cool Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones 2. Ante la falta de respuesta, con fecha 10 de enero de 2019, el reclamante presentó al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: Realizada el pasado 10 de diciembre, pasado el mes de plazo para responder, aún no he obtenido respuesta alguna del ministerio del Interior ni notificación de la tramitación. Por tanto, reclamo por silencio administrativo. Se trata de información de interés público y de rendición de cuentas para esclarecer un hecho que ha estado en el foco mediático. Además, conocer los informes solicitados también permite que la Administración rinda cuentas de su actuación ante un suceso tan sumamente grave como la muerte de un empleado en un festival de música. Cabe mencionar, además, que los informes policiales sobre otros accidentes o incidentes se han hecho públicos en ocasiones anteriores a través de solicitudes de acceso a la información pública. Además, los informes que obren en poder de la AGE, ya sea porque los han elaborado ellos mismos, como sería el caso del propio Ministerio, o porque los han recibido de parte del propio festival, se trata de información pública a la que no se debería aplicar ninguno de los límites establecidos. Precisamente conocer la información de estos informes puede ayudar a mejorar la concienciación de la ciudadanía en materia de seguridad en estos eventos para el futuro y a que festivales y administraciones actúen de mejor forma de ahora en adelante para que un suceso de este tipo no vuelva a repetirse. 3. Con fecha 16 de enero de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Mediante escrito de entrada el 4 de febrero de 2019, la SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, realizó las siguientes alegaciones : El día 11 de septiembre de 2018 tuvo entrada en la Dirección General de la Policía una solicitud de la misma información efectuada por la misma persona, igualmente a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente 001-028386. El día 17 de octubre del mismo año, el Señor Director General de la Policía, mediante Resolución con registro de salida 6682, inadmitió a trámite la solicitud de información conforme al artículo 18.1 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG), en los siguientes términos: (literal): "( ...). Esta inadmisión se fundamenta en que para intentar facilitar los documentos solicitados sería necesario asignar específicamente a varios funcionarios para la búsqueda genérica de la información solicitada en las diferentes bases de datos y dependencias que pudieran estar afectadas de la Policía Nacional, además de requerir información que otros organismos pudieran haber elaborado al respecto, sin concretar cuales, todo ello dado que el interesado no identifica de forma concreta la información que requiere, tan solo se refiere de forma general e indeterminada a la misma con términos como "Todos y cada uno de los informes realizados(...) los realizados por el propio festival (...), perjudicando gravemente el normal desarrollo de las funciones y cometidos propios de las Unidades competentes de este cuerpo policial en dicha materia, pudiendo llegar a colapsar la gestión de otros asuntos ordinarios, impidiendo así una distribución coherente y eficaz del trabajo encomendado, por existir objetivamente una difícil ponderación entre la distribución de efectivos y la asignación de funciones, además de no poder dar traslado de la petición a los organismos de la administración que pudieran verse afectados por la solicitud y dar así el trámite correcto como marca la Ley de Transparencia. En este sentido hay que recordar el criterio interpretativo Cl/003/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre las "causas de inadmisión de solicitudes de información: (…) Por lo tanto, en base a lo anterior, se considera que la nueva petición de información con número de expediente 001-031459 debe ser inadmitida a trámite conforme al mismo artículo 18.1 e) de la LTAIPBG ya que es manifiestamente repetitiva y tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. En este sentido también hay que recordar el criterio interpretativo Cl/003/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre las "causas de inadmisión de solicitudes de información: solicitud de información repetitiva o abusiva" que reseña, además del carácter ABUSIVO, el carácter MANIFIESTAMENTE repetitivo: (…) Asimismo, se informa que, el suceso al que se refiere la solicitud ocurrió en la ciudad de Madrid y según la distribución territorial de competencias que establece el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Guardia Civil no tiene competencia territorial en la ciudad de Madrid. Al mencionado escrito de alegaciones, el Ministerio acompañó la Resolución de fecha 11 de enero de 2019 por la que se acordaba la ampliación del plazo en un mes para resolver y notificar, que fue notificada al solicitante en la misma fecha. 4. A la vista de las alegaciones formuladas, en aplicación del artículo 82 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y al objeto de que el reclamante pudiera presentar las alegaciones que considerase oportunas, en el plazo de 10 días hábiles, se procedió a la apertura del trámite de audiencia con fecha 6 de febrero de 2019. Mediante escrito registrado de entrada el 26 de febrero de 2019, el reclamante manifestó lo siguiente: Ambas solicitudes no solicitaban lo mismo tal y como dice el Ministerio. Esta segunda solicitud era mucho más concreta, ya que en la primera ocasión el Ministerio comentó que solicitaba todos los informes sobre el asunto en genérico que tuviera el Ministerio, pero este resolvió que sería trabajo de reelaboración y me denegaron el acceso. Por ello, en esta ocasión concreté y pedí los informes elaborados "por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior" por la muerte del coreógrafo XXX en el festival madrileño Mad Cool del año 2017 y "también los realizados por el propio festival y puestos a disposición de la Administración y el expediente o informe de investigación que realizó la Administración General del Estado". Por tanto, no se puede considerar que es abusiva ni repetitiva, ya que no es la misma solicitud. Es una solicitud sobre el mismo tema, pero el objeto de la petición es distinto y mucho más específico. Además, quiero hacer constar también que tanto en esta ocasión como en la solicitud anterior en la que se ampara el Ministerio del Interior, este pidió un mes de ampliación de plazo por la complejidad de los datos. Tal y como ha dictado el Consejo de Transparencia en diversas ocasiones, cuando la AGE hace eso es porque representa que va a facilitar la información y no rechazar la solicitud y menos como ha hecho en esta ocasión que únicamente se ha amparada en acusar a la solicitud de repetitiva y abusiva. Por tanto, solicito que se ampare el derecho de acceso, teniendo en cuenta que no es una solicitud repetitiva, sino mucho más específica, debido a la primera resolución del Ministerio, tal y como ellos consideraban. Además, se trata de información de interés para que la AGE rinda cuentas y la ciudadanía pueda estar informada sobre un tema de interés público. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, debe comenzarse realizando una serie de consideraciones formales relativas al plazo en el que una solicitud de acceso a la información debe ser respondida. Según dispone el apartado 1 del art. 20 de la LTAIBG La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el caso que nos ocupa, consta en el expediente que la solicitud de información se presentó el 10 de diciembre de 2018 y, según la documentación que aporta la Administración en vía de reclamación, es con fecha 11 de enero de 2019 cuando acuerda y notifica al solicitante la ampliación en un mes del plazo para resolver. Ha de tenerse también en cuenta que, mediante correo electrónico la Unidad de Transparencia del Ministerio comunicó a este Consejo de Transparencia que la solicitud de información tuvo entrada en el órgano competente para resolver el 15 de diciembre de 2018. Por lo tanto, podemos concluir que la ampliación del plazo para resolver se produjo con anterioridad al vencimiento del plazo inicial de un mes previsto en el art. 20 de la LTAIBG. No obstante lo anterior, no consta en el expediente que esta circunstancia se notificara al solicitante, lo que constituiría una actuación irregular del Ministerio, ya que, el artículo 21.4 de la Ley 39/2015 dispone que En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. En consecuencia, si el solicitante hubiera tenido conocimiento del día en el que tuvo entrada su solicitud en el órgano competente (15 de diciembre) no habría presentado la reclamación por entenderla desestimada por silencio ante este Consejo de Transparencia, justo al mes de presentar su solicitud momento en el que, como venimos argumentando, aún no había producido efectos el silencio administrativo. 4. Sentado lo anterior, debe recordarse al Ministerio que, como ya ha tenido ocasión de indicar este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la ampliación del plazo para resolver de acuerdo a la posibilidad prevista en el art. 20.1 in fine tiene sentido siempre y cuando se necesite más tiempo para buscar la información o la documentación requerida por ser necesaria la ampliación para encontrarla y, se puede entender que en principio, ponerla a disposición del solicitante; es decir, por tener que realizar labores reales para identificar los informes donde puede estar archivado el expediente o en las propias bases de datos, porque afecta a un número muy importante de documentos y tiene que realizarse una búsqueda de los mismos que excede del tiempo de un mes o porque la entrega de documentos requiere de procesos de escaneo y anonimización importantes. Todo ello, con la intención de recabar efectivamente la información o documentación requeridas para entregársela al solicitante. Sin embargo, en el presente caso la Administración, a pesar de haber dictado la resolución pasado mes y medio, dentro del plazo ya ampliado, ha inadmitido la solicitud de acceso. Así, no podemos compartir que se den las circunstancias para proceder a la ampliación del plazo máximo de resolución cuando los argumentos que finalmente son incorporados como motivación de la denegación de la información solicitada eran ya perfectamente conocidos en el momento en que la solicitud tuvo entrada en el órgano competente para tramitarla y resolverla. En este sentido, en el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se indica el establecimiento de un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, al objeto de facilitar el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o más recientes R/0234/2018 y R/0543/2018 ) sobre esta dilación en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/07.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/11.html legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 5. En el presente caso, el MINISTERIO DEL INTERIOR ha denegado la información solicitada alegando que es de aplicación la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 e), que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Al respecto, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno emitió, en fecha 14 de julio de 2016, en virtud de las prerrogativas concedidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG, el Criterio Interpretativo nº 3 , que delimita el alcance del concepto de solicitud de información que tenga carácter repetitivo o abusivo, en los siguientes términos: 2.1. Respecto a la solicitud de información manifiestamente repetitiva Una solicitud será MANIFIESTAMENTE repetitiva cuando de forma patente, clara y evidente: Coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y hubiera sido rechazada por aplicación de alguno de los límites del artículo 14 o 15 de la LTAIBG o por concurrir alguna causa de inadmisión en los términos del artículo 18. En todo caso, la repuesta debe haber adquirido firmeza por el transcurso de los plazos de reclamación o recurso contencioso-administrativo sin que éstos se hubieran interpuesto o cuando, habiéndose presentado, hubieran sido definitivamente resueltos y la denegación o inadmisión hubiese sido avalada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno u órgano autonómico equivalente competente o por el órgano judicial correspondiente. 1.2. Respecto del carácter abusivo de la petición de información. El artículo 18.1. e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 1. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: -Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”. -Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos -Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. -Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. 2. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de: - Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos - Conocer cómo se toman las decisiones públicas - Conocer cómo se manejan los fondos públicos - Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando: -No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. -Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG. -Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa. Por su importancia en la interpretación de las causas de inadmisión previstas en la LTAIBG, debe mencionarse la Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 75/2017 , que se pronuncia en los siguientes términos: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. (…) ” 6. La Administración alega que el presente supuesto es exactamente igual que una anterior solicitud de información que realizó el mismo interesado sobre la misma cuestión, y en la que resolvió que era abusiva, ya que el interesado no identifica de forma concreta la información que requiere, tan solo se refiere a información general e indeterminada a la misma (…) perjudicando gravemente el normal desarrollo de las funciones y cometidos propios (…) pudiendo llegar a colapsar la gestión de otros asuntos ordinarios, impidiendo así una distribución coherente y eficaz del trabajo encomendado, por existir objetivamente una difícil ponderación entre la distribución de efectivos y la asignación de funciones, además de no poder dar traslado de la petición a los organismos de la administración que pudieran verse afectados. En definitiva, la Administración considera abusiva una solicitud que, a su juicio, coincide en sus términos con otra que, a su vez, había declarado abusiva por la falta de concreción en la que se encontraba redactada. A este respecto, debe en primer lugar recordarse el MINISTERIO DEL INTERIOR que, en caso de falta de algún elemento que resulte determinante para la tramitación del procedimiento, https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2015/4 RTVE 2.html en este caso, la solicitud de acceso a la información, tanto la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 68) como la propia LTAIBG (art. 19.2) prevé la subsanación y mejora de la solicitud. Más en concreto, el art. 19.2 de la LTAIBG prevé expresamente que Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. Por otro lado, entiende este Consejo de Transparencia que la solicitud de información de la que trae causa la presente reclamación no es general o indeterminada, sino que se refiere a unos informes determinados, el de la Policía Nacional, el de la Guardia Civil, el del propio Ministerio (si elaboró uno aparte), el de la propia organización del Festival Mad Cool y el del organismo de la Administración General del Estado que realizó la investigación. Asimismo, y respecto de la pretendida falta de jurisdicción alegada por la Guardia Civil, debe señalarse que el interesado dirigió su solicitud al MINISTERIO DEL INTERIOR, quien debía haberla remitido a la unidad que conforma el Departamento que entendiera responsable de proporcionar la información que se solicitaba o, en su caso y en aplicación del art. 19.1 de la LTAIBG, haberla dirigido al organismo o entidad que considerara competente. Teniendo en cuenta lo indicado, a nuestro juicio en este caso no se requiere un tratamiento que obligue a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, como exigiría el mencionado criterio interpretativo para apreciar la causa de inadmisión, ni tampoco, como la Administración eniendo, que se colapse la gestión de otros asuntos. 7. Asimismo, la Administración no solo alega el carácter abusivo de la solicitud de información, ya analizado, sino también el carácter manifiestamente repetitivo de la misma, al considerar que es igual que la del expediente anterior descrito en el antecedente tercero. A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, si bien es cierto que la solicitud ahora inadmitida es similar a la anteriormente presentada, en cuanto a la cuestión sobre la que se solicitan los informes (el accidente ocurrido en el festival), no es exactamente coincidente con la misma, por lo que, no se puede considerar repetitiva, en palabras del reclamante Es una solicitud sobre el mismo tema, pero el objeto de la petición es distinto y mucho más específico. Y precisamente, al no ser repetitiva ni coincidente, permite concluir que no es de aplicación el carácter abusivo y por ende, tampoco la causa de inadmisión apreciada por la Administración. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el presente caso, a nuestro juicio no se aprecia la existencia de la causa de inadmisión invocada que, recordemos, debe ser aplicada de manera restrictiva, coherente y proporcionada, puesto que la regla general es la de facilitar el acceso a la información pública. Dicho criterio restrictivo respecto de la aplicación de las causas de inadmisión tal y como ha sido indicado por el Tribunal Supremos es perfectamente coherente en el caso que nos ocupa con la información que se solicita, que, compartimos con el reclamante, entronca directamente con la finalidad de la LTAIB de conocimiento de la actuación pública y rendición de cuentas por la misma. En consecuencia, en base a los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente resolución, procede estimar parcialmente la Reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la Reclamación presentada por la con entrada el 10 de enero de 2019, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR, a que, en el plazo máximo de 20 días hábiles, remita a la siguiente información: -los informes realizados por la Policía Nacional, (…) y el Ministerio del Interior por la muerte del coreógrafo en el festival madrileño Mad Cool del año 2017. (…)también los realizados por el propio festival y puestos a disposición de la Administración y el expediente o informe de investigación que realizó la Administración General del Estado. En el caso de que alguno de los informes solicitados pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 19.3 de la LTIBG, para que puedan efectuar las alegaciones que estimen oportunas. TERCERO: INSTAR al MINISETRIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda