Solicitud de información sobre plazas de reservistas voluntarios y resultado de la reclamación

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 002/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 21 de noviembre de 2019, la siguiente información: Solicito desglose de solicitudes recibidas anualmente por provincia desde el año 2004 para ocupar una plaza de reservista voluntario. En ese desglose de cifras también requiero que se aporte el número de plazas disponibles que se han ofertado cada año. 2. Con fecha 19 de diciembre de 2019, el MINISTERIO DE DEFENSA contestó a la reclamante lo siguiente: S/REF: 001-038734 N/REF: R/0002/2020; 100-003310 Fecha: La de la firma Dirección Administración/Organismo: Min isterio de Defensa Información solicitada: Solicitudes para una plaza de reservista voluntario Subdirección General de Reclamaciones Con fecha 21 de noviembre de 2019, tuvo entrada en el Ministerio de Defensa a través de la Unidad de Información de Transparencia, solicitud de acceso a la información pública, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), relativa Solicitud de Información Pública sobre “plazas reservistas voluntarios”. Con fecha 12 de diciembre de 2019, se determina que es la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa el órgano competente para resolver, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución. De acuerdo a la letra c) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que para atenderla es preciso un trabajo completo de elaboración “ad hoc” por parte de la Administración al suponer un nuevo tratamiento de la informació n obrante en nuestros registros, en consecuencia, se estima que la pretensión de la solicitante desborda claramente la finalidad perseguida por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 2 de enero de 2020, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente cont enido: No estoy de acuerdo con la argumentación de Defensa y por eso recurro esta decisión. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, com o "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Estoy pidiendo información solo sobre dos parámetros, el número de solicitudes que reciben y el número de plazas que ofertan, datos públicos y que no tendrían que suponer reelaboración. Como no hay opción de conseguir esta información por otra vía, insisto en mi petición. 4. Con fecha 7 de enero de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE DEFENSA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas, contestando el Ministerio el 12 de febrero de 2020 en los siguientes términos: Esta Dirección General como órgano competente para resolver, conforme a lo manifestado, y ante la reclamación presentada por la solicitante contra la respuesta adoptada, señala se reitera lo manifestado, dado que para atender la petición de información del número solicitudes de participación desglosadas por provincias de un lapso temporal tan amplio, es preciso una acción previa de reelaboración que hace necesario un trabajo completo “Ad Hoc”, detrayendo para tal fin, una parte importante de los medios de que dispone el Área de Procesos de Selección de esta Dirección General de Reclutamient o y Enseñanza Militar. En lo concerniente al último proceso selectivo, es posible trasladar respuesta relativa a la solicitud de información. En la convocatoria del año 2019, en la que se han convocado 150 plazas, se han recibido un total 2061 peticiones, lo que supone 13,74 solicitudes por cada plaza. Todas ellas han resultado cubiertas. Se significa que se ha producido un incremento de 50 plazas respecto a la convocatoria del año 2018. En relación con el número de plazas que se han ofertado en cada una de las diferentes convocatorias desde el año 2004, se trata de una información de acceso público que puede satisfecha consultando los Boletines Oficiales del Estado. Al objeto de facilitar su aporte, se ha elaborado la lista del ANEXO para su localización en cada uno de los Boletines Oficiales del Estado. Por otro lado, la solicitud relativa del número de solicitudes desglosadas por provincias desde 2004, requiere una acción previa de reelaboración que implica dificultades de carácter organizativo y funcional. Estas se encuentran fundamentadas por la necesidad de asignar miembros del Área de Procesos Selectivos de esta Dirección General para tal propósito que supone un nuevo tratamiento de información. Actualmente, el personal de esta área se encuentra inmerso en la preparación, desarrollo y ejecución de los 54 procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación correspondientes al año 2020. Para concluir, conforme a lo manifestado se observa que la reclamación objeto de estas alegaciones pudiera ser de aplicación lo dispuesto en el criterio interpretativo de referencia CI/007/2015 adoptado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con fecha 12 de noviembre, relativo a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración (artículo 18.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre). El anexo citado en la resolución contiene la siguiente tabla: CONVOCATORIA DE RESE RVISTA VOLUNTARIOS AÑO NÚMERO DE B.O.E FECHA PUBLICACIÓN B.O.E. 2005 125 26/05/05 245 13/10/05 2006 142 15/06/06 275 17/11/06 2007 176 24/07/07 2008 161 04/07/08 2009 138 08/06/09 2010 102 28/04/10 2011 146 20/06/11 2012 133 04/06/12 2013 230 25/09/13 2014 233 25/09/14 2015 232 28/09/15 2016 239 03/10/16 2017 275 13/11/17 2018 272 10/11/18 2019 245 11/10/19 II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En cuanto al fondo del asunto debatido, esto es, la entrega de información sobre el número de solicitudes recibidas para acceder a plazas de reservistas voluntarios desde el año 2004, se debe analizar si, como sostiene la Administración, la información requerida ha de ser elaborada expresamente para dar una respuesta acorde a lo solicitado, en el sentido de la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 c) de la LTAIBG . Sostiene el Ministerio que dar la información supone un nuevo tratamiento de la información obrante en nuestros registros por la necesidad de asignar miembros del Área de Procesos Selectivos de esta Dirección General para tal propósito, personal que se encuentra inmerso en la preparación, desarrollo y ejecución de los 54 procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación correspondientes al año 2020. El citado precepto legal debe analizarse en los términos del Criterio Interpretativo nº 7 de 2015, aprobado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el art. 38.2 a) de la LTAIBG y que se pronuncia en los siguientes términos: “En cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde e l punto de vista literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: "volver a elaborar algo". Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. Si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como "derecho a la información". Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada.” Por su parte, los Tribunales de Justicia también han tenido ocasión de analizar dicha causa de inadmisión. En este sentido, la Sentencia nº 60/2016, dictada por el Juzgado Central de lo contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid el 25 de abril de 2016: “El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía". Atendiendo a lo anterior, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debe recordar a la Administración que, tal y como ha indicado expresamente el Tribunal Supremo, la aplicación de una causa de inadmisión ha de ser debidamente justificada y argumentada, circunstancia que no ha sucedido en el presente caso. Así, entendemos que ha sido sólo tras la presentación de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a través del escrito de alegaciones remitido, que la Administración ha ampliado sus argumentos y ha desarrollado la fundamentación por la que considera que el acceso a la información solicitada requiere de una acción previa de reelaboración. Teniendo en cuenta lo solicitado y lo señalado por El MINISTERIO DE DEFENSA en su escrito de alegaciones, ya podemos adelantar que a nuestro juicio, la información solicitada requiere una acción previa de reelaboración que no consiste en un mero sumatorio de datos recabados de una misma fuente de información. Así, y aunque los argumentos del Ministerio no han sido lo clarificadores y convincentes que se requieren para denegar el derecho de acceso a la información pública, ha hecho la labor de ordenar los B.O.E por fechas de publicación e incluso ha entregado la ratio de aspirantes por plaza, que no le ha sido requerido. Sin embargo, en el caso que nos ocupa se le está solicitando un sumatorio de peticiones por cada convocatoria y por cada provincia, ordenándola, a su vez, por años. En palabras de la Sentencia de la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 24 de enero de 2017, dictada en el recurso de apelación nº 63/2016 "El derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular. Es por ello por lo que el mencionado art. 18.1 c permite la inadmisión de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello signifique deba ser objeto de una interpretación amplia”. En definitiva, se le pide a la Administración la confección, a instancias de un particular, de un informe expreso por un órgano público, con dificultades para encontrar medios personales con los que atender sus demás tareas legalmente encomendadas, algo que no está permitido por la Ley ni amparado por los Tribunales de Justicia. A raíz de la información que el Ministerio ha entregado al solicitante, en vía de reclamación, basada en el hecho de que se ha producido una convocatoria anual, excepto en los años 2005 y 2006, en que se convocaron dos pruebas selectivas, corresponde a la solicitante la elaboración expresa de los parámetros deseados. Por todo lo anterior, debe desestimarse la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 2 de enero de 2020, contra la resolución del MINISTERIO DE DEFENSA, de fecha 19 de diciembre de 2019. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda