Acceso a actas de la Comisión de Desembalse (2015-2017) y desestimación por competencia normativa

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 0001/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León, con fecha 30 de octubre de 2018, la siguiente información: xCopia de todas las actas de la Comisión de Desembalse de CHD que se haya realizado desde el de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, con los anexos que correspondan a cada una de ellas. 2. Ante la falta de contestación, el solicitante reclamó ante la COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN, con fecha 17 de diciembre de 2018, en los siguientes términos: S/REF: N/REF: R/0001/2019; 100-002034 Fecha: 18 de marzo de 2019 Dirección: Administración/Organismo: C onfederación Hidrográfica del Duero/Ministerio para la Transición Ecológica Información solicitada: Copia de actas de la Comisión de Desembalse (2015-2017) Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Reclamo de esta Institución amparo ante la falta de contestación de la Confederación Hidrográfica del Duero ante una petición fechada el 3o de octubre de 2018. Solicito copia de toda la documentación solicitada a la CHD sobre las Actas de Desembalse. Considérese que, según se indica en la Resolución 75/2017, de 26 de julio, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León -incluida en el expediente CT-0006/2017, el Criterio Interpretativo CI/006/2015, de 12 de noviembre de 2015, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: "Debe tenerse en cuenta que la motivación que exige la Ley 19/2013, para que operen las causas de in admisión tiene la finalidad de evitar que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas. el conocimiento de la toma de decisiones públicas, y su aplicación". Por todo ello reclamo al Comisionado de Transparencia de Castilla y León que conceda el Derecho de Acceso a obtener copia de toda la documentación reclamada a la Confederación Hidrográfica del Duero que la remita sin dilación en formato electrónico y accesible (por ejemplo archivos .doc, .docx. odt, .csv, .txt, .xls, .xlsx o .pdf de texto, o formato de base de datos). 3. Con fecha 2 de enero de 2019, tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno oficio remitido por la Comisión de Transparencia de Castilla y León, comunicando lo siguiente: De acuerdo con lo previsto en el art. 14.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al tratarse de un asunto de su competencia, le damos traslado de la reclamación presentada por sobre acceso a información pública, frente a la Confederación Hidrográfica del Duero, y de la Resolución de inadmisión adoptada por la Comisión de Transparencia de Castilla y León. Con esta misma fecha se comunica al interesado la Resolución adoptada y la remisión de su reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 4. Con fecha 8 de enero de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 25 de enero de 2019, el Ministerio presentó sus alegaciones, en las que manifestaba lo siguiente: En relación con la petición de información medioambiental referente al acceso a las actas de la Comisión de Desembalse de este Organismo de cuenca, que se hayan celebrado desde el 1/1/2015 al 31/12/2017, con los anexos que correspondan a cada una de ellos, presentada ante este Organismo de cuenca el día 30/10/2018 por , le comunico que se han realizado las siguientes actuaciones: {Se acusó recibo de su recepción conforme a lo dispuesto en el art. 10 y siguientes de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE del 19). {En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la Justicia en materia de medio ambiente se solicitaron dichas actas a la Dirección Técnica, al ostentar la Secretaria de dicha comisión el Jefe de Explotación conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica aprobado por Real Decreto 927/1988 de 29 de julio. Aportando las mismas dicha Dirección Técnica. {Conforme a lo dispuesto en el art. 88-6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en relación con los artículos 10 y 11 de la Ley 27/2006 de 18 de julio se le trasladaron las actas solicitadas, que se relacionan: {Sesión extraordinaria de 13/2/2017 {Sesión extraordinaria de 14/7/2017 {Sesión ordinaria de 6/4/2017 {Sesión extraordinaria de 4/8/2017 {Sesión extraordinaria de 4/9/2017 {Sesión ordinaria de 1/4/2016 {Sesión ordinaria de 26/10/2016 {Sesión ordinaria de 30/10/2016 {Sesión ordinaria de 9/4/2016. xAdjunto se remite copia de la respuesta a la solicitud notificada al interesado. xEn virtud con cuanto antecede, se remite copia tanto del citado informe de la Confederación Hidrográfica del Duero como de la repuesta notificada a la que alude mismo, como Documentos 1 y 2, respectivamente. xPor otra parte, se ha comprobado por la Oficina de Información Ambiental, dependiente de esta Secretaría General Técnica, como unidad responsable de gestionar la información ambiental según la Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación en el Departamento de la 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que el objeto de esta solicitud se corresponde, efectivamente, con el ámbito jurídico propio de la información ambiental, por lo que se considera perfectamente ajustada a derecho la tramitación de la misma de conformidad con el procedimiento administrativo especial correspondiente a la citada normativa. xA mayor abundamiento, en este caso resulta de aplicación lo regulado concretamente en el artículo 2.3. c) de la Ley 27/2006, que considera información ambiental aquélla que verse sobre las medidas, incluidas las medidas administrativas, y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores del medio ambiente, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos: aquí, esencialmente, el agua, al tratarse la petición de medidas en materia de desembalses, y en definitiva de procesos integrados en la planificación hidrológica de los organismos de cuenca y que corresponden a sus competencias, según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. xComo consecuencia de todo lo expuesto, al ser de aplicación en este caso, como se viene indicando, el régimen jurídico establecido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, la solicitud queda excluida del ámbito jurídico de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, por tanto, de su sistema de impugnaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y no procedería entrar a valorar el fondo del asunto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En casos como el presente, hay que señalar que la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental, en su artículo 2.3, como toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a. Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y f. El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c”. De la amplitud del concepto de información ambiental contenido en la Ley 7/2006, y en las Directivas Europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE, de las que dicha Ley trae causa, dan buena cuenta diversas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) como la STJCE de 17 de junio de 1998 (asunto 321/96, Mecklenburg), cuando el Tribunal afirmó: «debe recordarse que en el concepto de ‘información sobre medio ambiente’ la letra a) del art. 2 de la Directiva engloba cualquier información relativa al estado de los distintos elementos del medio ambiente que allí se mencionan, así como las actividades o medidas que puedan afectar o proteger el estado de dichos elementos, ‘incluidas las medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente’. Del tenor literal de esta disposición se deriva que el legislador comunitario pretendió dar a dicho concepto un sentido amplio que abarcara tanto los datos como las actividades referentes al estado de dichos elementos». Pero tal pronunciamiento del Tribunal no quedó ahí, ya que fue cuestionado acerca de si la letra a) del art. 2 de la Directiva debía ser interpretada en el sentido de si debía ser aplicada a un Informe emitido por una autoridad competente en materia de ordenación paisajística, en el marco de su participación en un procedimiento de aprobación de un plan de construcción. A este respecto, el TJCE afirmó: «De la utilización que se hace en la letra a) del art. 2 de la Directiva del término ‘incluidas’ resulta que el concepto de ‘medidas administrativas’ no es más que un ejemplo de las ‘actividades’ o de las ‘medidas’ a las que se refiere la Directiva (...), el legislador comunitario se abstuvo de dar al concepto de ‘información sobre medio ambiente’ una definición que pudiera excluir alguna de las actividades que desarrolla la autoridad pública, sirviendo el término ‘medidas’ tan sólo para precisar que entre los actos contemplados por la Directiva deben incluirse todas las formas de ejercicio de actividad administrativa». De este modo, el Tribunal mantuvo que «para ser una ‘información sobre medio ambiente’ a efectos de la Directiva bastaba que un informe de la Administración, como el controvertido en el asunto principal, constituyese un acto que pudiese afectar o proteger el estado de alguno de los sectores del medio ambiente a los que se refería la Directiva. Tal es el caso si, como señala el órgano jurisdiccional remitente, dicho informe, en lo que atañe a los intereses de la protección del medio ambiente, puede influir en la decisión de aprobación de un plan de construcción». Conforme indica el órgano competente, en criterio compartido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha de considerarse que es materia incluida en la legislación medioambiental la solicitud de información relativa a las copias de las actas de la Comisión de Desembalse, al ser actividades administrativas que influyen en el medio ambiente, aquí, esencialmente, el agua, al tratarse la petición de medidas en materia de desembalses, y en definitiva de procesos integrados en la planificación hidrológica de los organismos de cuenca, por lo que se incluye dentro de la categoría de información medioambiental de la citada Ley 27/2006 de 18 de julio. 4.A este respecto, según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG, se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Estableciendo el apartado 3, que: En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización. Es decir, la LTAIBG reconoce expresamente su carácter supletorio respecto de las materias amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental. No apartándose, por tanto, la Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica del Criterio Interpretativo del Consejo (CI 008/2015), de 12 de noviembre de 2015, que determina que: El carácter de ley básica de la LTAIBG en esta materia tiene como consecuencia principal que las excepciones a su aplicación en materia de acceso a la información pública deben venir expresamente previstas y autorizadas por ella. Los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera de la LTAIBG contienen la única excepción prevista, en la Ley para la aplicación de sus normas sobre ejercicio del derecho a la información. IV. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso a la información, también específico. Por lo tanto, y atendiendo al objeto de la solicitud actual, debe concluirse que la misma debe ser tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006 antes indicada, incluyendo la aplicación de las vías de recurso previstas en dicha norma. En consecuencia, se considera que debe desestimarse la Reclamación presentada, puesto que la misma debe regirse por la legislación específica de acceso a la información en materia medioambiental, no siendo competente este Consejo de Transparencia para entrar a conocer sobre la misma. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación de , remitida por la COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN, con entrada el 2 de enero de 2019, contra la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda